11 de octubre 2024
Los 135 presos políticos que fueron desterrados a Guatemala, el 5 de septiembre de 2024, habrían sido víctimas de “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” por parte de funcionarios estatales, quienes les habrían propinado “golpizas, descargas eléctricas” y otras formas de tortura en Nicaragua, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración pública, la CIDH indicó que en las últimas semanas el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió testimonios de personas excarceladas el 5 de septiembre, quienes denunciaron las violaciones a los derechos humanos que sufrieron en cautiverio.
“Los testimonios recibidos apuntan a las persistentes deplorables condiciones de detención que se caracterizaron por la insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos, así como restricciones en la recepción de paquetería y visitas familiares", expuso la CIDH.
Agregó que las denuncias y testimonios recibidos “indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales, como golpizas y descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes, y acceso limitado a la luz solar”.
Mujeres sin productos de higiene personal
La CIDH también enfatizó que los testimonios de las presas políticas excarceladas, quienes estuvieron detenidas en el centro penitenciario conocido como La Esperanza, refieren la falta de acceso a productos básicos de higiene, espacios inadecuados para dormir y condiciones de hacinamiento en celdas insalubres.
“Algunos testimonios apuntan a la aplicación de regímenes de aislamiento. Asimismo, se documentó la falta de atención médica y de medicamentos adecuados, a pesar de que muchas presentaban problemas de salud, como infecciones. También se documentó la presencia de cámaras de vigilancia en las celdas”, apuntó.
Tras su excarcelación y destierro a Guatemala, las personas afectadas manifestaron enfrentar incertidumbre y vulnerabilidad debido a las secuelas físicas y emocionales sufridas en prisión, así como temor por la situación de sus familias en Nicaragua, advirtió la CIDH.
El llamado a la comunidad internacional
La CIDH instó a la comunidad internacional a brindar apoyo humanitario y legal a las personas excarceladas para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad.
Además, exhortó a los Estados receptores a ofrecerles protección internacional y un estatus migratorio estable para facilitar su integración.
Asimismo, hizo nuevamente un llamado urgente al Gobierno de Nicaragua para que cese la persecución y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos, y libere de inmediato a todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de la libertad.
Según los datos de la CIDH, al menos 36 personas continúan detenidas de manera arbitraria, entre ellas ocho líderes indígenas "que permanecen privadas de libertad, en condiciones deplorables de insalubridad, sin acceso a agua potable, alimentación inadecuada, falta de atención médica y denuncias de malos tratos".
Al respecto, este organismo instó al Estado a liberar a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad.
Con información de EFE.