Redacción Confidencial / II de III entregas
3 de mayo 2023
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Cuando murió el dictador norcoreano Kim II-Sung en 1994, trascendió que uno de los consejos más recurrentes que daba a su hijo y sucesor, Kim Jong-Il, es que sin importar la gravedad de la crisis económica o alimentaria que viviera el país, siempre “mantuviera a los militares contentos”, porque eran claves para mantener la sucesión dinástica familiar en la península asiática.
El consejo del tirano norcoreano fue asumido por completo por el régimen de Daniel Ortega, quien desde que regresó al poder, en 2007, ha mantenido una política de incrementos en las asignaciones de fondos públicos para el Ejército de Nicaragua, que lo llevaron a aumentar su presupuesto casi cuatro veces (381.9%), desde ese año hasta 2023.
Un análisis de los informes del Presupuesto General de la República (PGR), realizado por CONFIDENCIAL, detalla que, en 2007, la asignación para el Ejército de Nicaragua fue de un poco más de 717 millones de córdobas, equivalentes a más de 34 millones de dólares, según el cambio de moneda vigente de aquel año.
Para 2023, el gasto militar alcanzó los 3455.8 millones de córdobas (más de 95 millones de dólares) un aumento del 14.3% en relación con 2022, cuando se destinaron 3015.1 millones de córdobas, equivalentes a 83.2 millones de dólares, de acuerdo con el cambio oficial vigente. La inflación de 2022 fue del 11.59%, por lo que, si solo nos basamos en ese indicador, el presupuesto para este año sería de 3364.6 millones de córdobas.
Este aumento ocurre en medio de una severa recesión económica en el país, con una proyección de crecimiento de apenas 2.1% prevista para 2023, insuficiente para bajar las tasas de pobreza.
Este escenario incluso se agravará hasta 2026, debido al estado policial de facto impuesto por el régimen orteguista y el cierre de las fuentes de financiamiento internacional, de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal) y la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU).
De los dieciséis años en los que el régimen Ortega-Murillo ha estado en el poder, en once se han dado incrementos en las asignaciones presupuestarias para los militares, oscilando entre el 35.7% (2011) y el 1.4% (2022). En los seis años en los que se han dado reducciones, éstas han oscilado entre el -13.51% (2015) y el -0.93% (2009).
Salto presupuestario tras el nombramiento de Avilés
El mayor salto presupuestario en los gastos militares se dio a partir de 2010, un año después de que Ortega nombró como jefe del Ejército de Nicaragua al general Julio César Avilés, quien lleva trece años en el cargo, y es visto como un incondicional del dictador. En ese período, el presupuesto se ha incrementado en el 308.10%.
Luego del nombramiento de Avilés, Ortega aumentó la asignación presupuestaria a los militares 35.7% (2011), 22.2% (2012) y 29.4% (2013), hasta que se aplicó una ligera merma de un -2.7% en 2014.
La revisión de las asignaciones presupuestarias de 2007 a 2023 también reveló que el mayor porcentaje del total del PGR destinado para los gastos militares se dio en 2010, con 4.4%. El menor porcentaje asignado en el período investigado fue en 2009, con un 2.4%.
En 2013, un año antes de que Ortega ordenó a la Asamblea Nacional –bajo su control partidario– aprobar las reformas al Código Militar para permitir la reelección continua del jefe del Ejército a discreción del presidente de la República, ocurrió la mayor asignación presupuestaria para la institución castrense: fue por un monto mayor a los 85 millones de dólares, de acuerdo al cambio oficial vigente de ese año. Pero esto fue superado con la asignación al Ejército de Nicaragua establecida para 2023, que sobrepasa los 95 millones de dólares.
Para esta investigación CONFIDENCIAL entrevistó a exembajadores, analistas presupuestarios e investigadores y expertos en seguridad nacional. Casi todos solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias del régimen, que en los últimos meses ha desnacionalizado a al menos 317 nicaragüenses críticos con el Gobierno, y confiscado u ordenado la confiscación de 94 de ellos.
CONFIDENCIAL intentó, sin éxito, entrevistar a representantes del Ejército o funcionarios de la Presidencia, pero no respondieron a las solicitudes hechas vía correo electrónico.
Uno de los analistas en temas de seguridad nacional, divide el proceso de cooptación de las fuerzas militares en dos etapas: 2007-2014, marcados por el nombramiento de Avilés al frente del Ejército y las reformas a la Constitución Política y el Código Militar; y de 2014 a la fecha, que es cuando se consolida el proceso de subordinación completa del alto mando militar a la dictadura orteguista, obviando las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la democracia perpetrados por el régimen.
“Desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia, en 2007, desarrolló el propósito de controlar las instituciones claves del país, entre las cuales destacaba el Ejército. Por eso –valora– ha llevado adelante un proceso de cooptación en la institución militar por medio de mecanismos como el tráfico de influencias y concesiones discrecionales, para tener al Ejército de su lado”.
“Para construir esa alianza, Ortega les dispuso facilidades para hacer negocios, usando incluso dinero de la cooperación venezolana para apalancar negocios del Ejército. Es muy probable que los incrementos en los presupuestos generales de la República hayan estado vinculados con esa línea de cooptación del Ejército”, añade el experto.
Subraya que el control de las Fuerzas Armadas es clave en el esquema de poder de Ortega, debido a la falta de legitimidad política que enfrenta la dictadura. “Él necesita al Ejército de su lado para hacer frente a la falta de legitimidad que tiene en la población y el amplio rechazo y descontento generalizado, que alcanza incluso a las propias bases del Frente Sandinista”.
John Feeley, exembajador estadounidense en Panamá y un analista político conocedor de la región centroamericana, opina que el problema del crecimiento del aparato militar bajo el régimen es la falta de transparencia y discrecionalidad con que manejan los recursos públicos el alto mando de las Fuerzas Armadas de Nicaragua.
“En Estados Unidos muchos critican el aumento del presupuesto militar, lo cual es legítimo en una sociedad democrática debatir el presupuesto de los fondos públicos. La diferencia –cuestiona Feeley– es que en los Estados Unidos sabemos dónde está la plata, pero en Nicaragua no. ¿Se puede determinar el destino de este aumento de presupuesto? ¿Hay nuevos aparatos (militares) supermodernos?”.
“Mi lectura principal de este aumento en el gasto militar es lo que preguntó Julio Cesar: ¿Cui bono? ¿A quién beneficia? Si el Gobierno de Nicaragua no puede presentar un desglose de cómo se gasta ese dinero, el pueblo debe cuestionar por qué”, insistió el exdiplomático.
Régimen apoyó aumento en los efectivos militares
El aumento a las asignaciones presupuestarias del Ejército y la reelección continua de Avilés vino acompañado de un crecimiento de los efectivos militares en Nicaragua, alcanzando su mayor número desde el fin de la guerra civil y la instauración de la democracia con la llegada a la Presidencia de Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.
Cuando Ortega resultó electo en 2006, los efectivos militares de ese año —de acuerdo con los registros del presupuesto nacional— eran 10 553. Para 2023, la cantidad de miembros del Ejército de Nicaragua es de 15 705, lo que representa un aumento del 48.7%.
Los cuatro principales incrementos de miembros del Ejército se dieron en contextos particulares de la historia de Nicaragua: 2011 y 2016, años de votaciones nacionales por medio de las cuales Ortega se atornilló en el poder a través de fraudes electorales y la represión a la oposición política; y 2018 y 2019, las etapas más duras de la represión luego de la insurrección popular de abril de 2018.
Entre 2010 y 2011, se dio un aumento de 1000 efectivos militares. Entre 2015 y 2016 se registró el incremento más fuerte de la etapa orteguista, con la incorporación de 2505 nuevos miembros. Entre 2017 y 2018, el aumento fue de 1000 efectivos militares más; y entre este último año y 2019 hubo 700 miembros adicionales.
En el rubro específico de soldados, en 2006, el total de estos elementos registrados por el Ejército de Nicaragua era de 6158. En 2023, esta cantidad ha aumentado a 10 235, lo que representa un crecimiento del 39.8%.
Uno de los investigadores explica que la política de cooptación del Ejército trasciende a la figura de Avilés como jefe de las Fuerzas Armadas, abarcando al Estado Mayor y los subsiguientes oficiales superiores.
“El general Avilés es parte de la institución y Ortega necesita al Ejército. Entonces la cooptación, las prebendas, los privilegios, los tratos preferenciales, no se reducen solo al jefe de las Fuerzas Armadas, sino a todo un estamento del mando militar, que es importante para sostener ese apoyo a Ortega”, subraya.
“Hay un estamento militar y ese estamento incluye oficiales que están en retiro. En la reforma al Código Militar se tocan algunos apartados que citan que, a oficiales en retiro u oficiales activos, se les puede llamar para que ocupen cargos en la institucionalidad del Estado. Hay una serie de instituciones en la que hay oficiales del Ejército activos en comisión de servicio o en retiro, ejerciendo funciones en cargos civiles”, explica.
La política de aumento en los efectivos del Ejército es similar a la practicada por la dictadura orteguista con la Policía Nacional, su principal brazo represivo.
Un reporte especial de CONFIDENCIAL, publicado en enero de 2022, detalló que de 2007 a 2020, la Policía Nacional pasó de 9290 a 16 909 integrantes, según datos publicados en sus anuarios estadísticos.
Uno de los expertos resalta cómo el Ejército ha buscado mantener, con discreción y bajo perfil, su solapado respaldo al régimen orteguista, principalmente desde la crisis sociopolítica generada por la masacre a las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018.
“El Ejército –opina– ha tenido mucho cuidado de no aparecer con efectivos uniformados en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018, lo cual no quiere decir que no sean parte del dispositivo de control y vigilancia que Ortega ha impuesto sobre la sociedad, y que constituye el estado policial que hay en Nicaragua”.
“En ese sentido, el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas señaló que tiene que haber una investigación seria, objetiva y lo más profunda posible en relación al involucramiento sobre la participación del Ejército, en el contexto de la represión desde 2018”, agrega el analista.
El uso discrecional de los “Fondos covid-19”
El régimen de Ortega y Murillo ha premiado también al Ejército con fondos adicionales públicos de los que los militares no detallan su uso, en el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.
Los informes del PGR detallan que, en 2022, el Ejército de Nicaragua recibió 39.2 millones de córdobas adicionales a su asignación presupuestaria, como parte de los “Fondos covid-19” para combatir la pandemia.
Sin embargo, no se aclara en estos reportes cuál es el uso que los militares darían a este dinero. Fue hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó un informe sobre los resultados de la visita de una Misión Técnica a Nicaragua, en noviembre de 2022, que se conocieron algunas irregularidades en el uso de los fondos por parte de los militares.
De acuerdo con el informe, el Hospital Militar, que forma parte del conglomerado de negocios privados del Ejército, cobró 27.13 millones de córdobas (unos 751 240 dólares, al cambio oficial de noviembre de 2022) por servicios de atención médica que no corresponden con atenciones relacionadas a la pandemia.
“Los detalles de atención médica adjuntos a los comprobantes de pagos muestran servicios por cirugías y ambulatorios, los cuales no corresponden con gastos covid-19”, señaló el informe.
El documento subrayó que el reporte de gastos hechos por el Ejército sobre el uso de esos “Fondos covid-19” no corresponde con el período auditado por la empresa Grant Thornton. Sin embargo, pese a estas irregularidades, la auditoría reportó que no se encontraron inconsistencias graves o indicios de prácticas corruptas.
El secretismo del IPSM
La falta de transparencia ha sido una constante en el Ejército de Nicaragua, tanto en el uso de los fondos que se le asigna vía PGR, como en las utilidades que generan los diversos negocios agrupados bajo la sombra del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Las inversiones del IPSM, el fondo público del Ejército de Nicaragua, son manejadas en sigilo y al margen del escrutinio público. La Contraloría General de la República está facultada para auditar sus cuentas, pero en la práctica el ente fiscalizador nunca las ha auditado directamente, sino que acepta las auditorías privadas contratadas por el mismo IPSM, que se mantienen en reserva.
El general en retiro Joaquín Cuadra, exjefe del Ejército, ha sido el único en presentar públicamente un informe auditado —por una empresa extranjera— del IPSM. Lo hizo en 1995, un año después de constituirse el Instituto. Según la auditoría, entre 1994 y 1995, el IPSM registró unas utilidades de cinco millones de dólares, todo un éxito en una Nicaragua que iniciaba su reconstrucción después de una década de guerra.
Esa fue la única y última vez que un jefe del Ejército mostró públicamente las cuentas del IPSM. Desde esa fecha han seguido años de silencio. En 2012, un reportaje de CONFIDENCIAL —basado en una auditoría de la firma Deloitte & Touche— reveló que el IPSM tenía en 2002 un capital de 29.5 millones de dólares, que para 2009 se había incrementado a 72.3 millones de dólares.
Fuentes de la entidad castrense afirmaron, en ese entonces, que los fondos del IPSM podrían rondar entre los 90 y 100 millones de dólares; de estos al menos un 35% estaban invertidos en bonos en Estados Unidos.
Sin embargo, uno de los analistas reveló que el Ejército retiró todas sus inversiones de la Bolsa de Valores de Nueva York, después de las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y a dos generales integrantes de la Junta Directiva del IPSM —el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor, y el general de brigada Bayardo Pulido Ortiz, jefe de Personal y Cuadros—. “Ellos recibieron una fuerte advertencia y ya tienen todas sus fondos fuera de Estados Unidos”, afirmó la fuente.
Otro reporte especial de CONFIDENCIAL, publicado en 2019, explicó que el capital del IPSM se divide entre las inversiones en el exterior (Estados Unidos y Panamá) y nacionales. Las inversiones en EE. UU. son de bajo riesgo, porque corresponden específicamente a dinero del fondo de pensiones de retiro de los afiliados militares. Mientras que los demás negocios son para diversificar la cartera, hacer crecer las utilidades y ofrecer más beneficios a los afiliados. Son fondos separados, que se manejan con extremo secretismo.
Junta Directiva del IPSM sancionada por EE. UU.
La Junta Directiva del IPSM está conformada por:
- Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército
- Bayardo Rodríguez Ruíz, jefe del Estado Mayor General
- Marvin Corrales, inspector general del Ejército
- Bayardo Pulido, jefe de la Dirección de Personal y Cuadros
- Julio Modesto Rodríguez, director ejecutivo del IPSM
- Rosa Adelina Barahona de Rivas, ministra de Defensa
- Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público
- Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Todos los miembros de la Junta Directiva del IPSM —a excepción de Marvin Corrales— están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Gobierno norteamericano ha dejado claro que las sanciones no afectan, por ahora, al IPSM como entidad.
En el caso de los altos mandos militares y la ministra de Defensa, el Departamento del Tesoro norteamericano argumentó que fueron sancionados porque “el Ejército nicaragüense no solamente se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o ‘parapoliciales’ durante y con posterioridad a las revueltas políticas, sino que, además, las evidencias indican que también entregó armas a los grupos parapoliciales que perpetraron actos de violencia contra los nicaragüenses”.
Iván Acosta fue sancionado por “amenazar personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”.
Roberto López, por dirigir “una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos”.
Las sanciones a la Junta Directiva del IPSM forzaron al régimen orteguista a decretar un Reglamento Estatutario del Instituto, para crear tres puestos de suplentes en la Junta Directiva que realizarán las funciones de miembros sancionados; particularmente el general Julio César Avilés e Iván Acosta, quienes se mantienen como miembros de la Junta Directiva del Instituto.
El exembajador John Feeley explica que, actualmente, no se puede determinar si en la agenda política del Departamento de Estado de Estados Unidos están contempladas nuevas sanciones a miembros de las fuerzas armadas de Nicaragua, al Ejército como institución o el mismo IPSM.
“Las sanciones son herramientas muy poderosas y efectivas, pero su intención es cambiar los comportamientos que sean delictivos o represivos. Con las recientes expropiaciones, despojos de nacionalidades y los ataques del Gobierno en contra de los familiares de los 222 desterrados por el régimen, es muy posible que hayan nuevas sanciones en contra de varios del entorno de los Ortega Murillo, no solo en el Ejército”, opina Feeley.
La Ley Renacer, firmada por el presidente Joe Biden en noviembre de 2021, poco antes de farsa electoral con la que se adjudicaron las votaciones presidenciales Daniel Ortega y Rosario Murillo ese año, establece en uno de sus puntos que el Departamento de Estado debe informar al Congreso estadounidense sobre la cooperación con otras naciones por parte del Ejército de Nicaragua, que pongan en riesgo la seguridad nacional del país norteamericano.
Entre los puntos que deben contener esos reportes del Departamento de Estado están informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del Gobierno de Rusia en Nicaragua.
Estos informes deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua; servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos; las telecomunicaciones y navegación por satélite.
También deben registrar “las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los Estados Unidos y su seguridad”, según el texto aprobado por el Gobierno estadounidense.
Estos reportes son manejados con mucha reserva por el Departamento de Estado y Congreso estadounidense, pero –de acuerdo con el exembajador Feeley– son tomados con mucha relevancia por las autoridades estadounidenses y “su elaboración es producto de mucho estudio, consultando con una variedad de actores informados”.
*Este reportaje es parte de la serie “Los militares de Daniel Ortega”, una investigación especial de CONFIDENCIAL, con el apoyo de Connectas, sobre la relación de Daniel Ortega con el Ejército de Nicaragua, que incluye la donación de casi un centenar de propiedades, el incremento millonario de su presupuesto y efectivos, y la estructura de mando bajo el general de Ejército, Julio César Avilés.
