4 de marzo 2025
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua “responsable internacionalmente por la falta de diligencia con perspectiva de género en la investigación penal” del femicidio de la nicaragüense, Dina Carrión González, ocurrido en abril de 2010.
La sentencia llega tres años después que el caso fuera remitido a la Corte IDH, en febrero de 2022, ante la decisión del Estado de Nicaragua de archivarlo tras concluir que se trató de un “suicidio”.
“La Corte observó que, tras la muerte potencialmente ilícita de Dina Alexandra Carrión González, las autoridades iniciaron una investigación de oficio viciada por irregularidades en la recolección y valoración de la prueba, en la determinación de líneas de investigación y en la conducción del proceso judicial con garantías de imparcialidad”, detallan.
En la sentencia, leída por la Jueza Nancy Hernández López, también se declaró al Estado de Nicaragua culpable por:
- Violación de las garantías judiciales a la verdad, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, en perjuicio de Aída Luz González Castillo y Humberto Carrión Delgado (padres de Dina Carrión) y Aída Mercedes, Vilma Valeria y Humberto Yamil Carrión González (hermanos).
- Violación del derecho a la protección a la familia, en perjuicio de ambos padres de Dina Carrión.
- Violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los padres y hermanos de Carrión.
- Violación del derecho a la circulación y de residencia en perjuicio de Vilma Valeria Carrión González, hermana.
La Corte IDH ordena al Estado de Nicaragua que investigue la muerte de Dina Alexandra Carrión González y de ser el caso, juzgue y sancione a la persona o personas responsables. Asimismo, investigue las amenazas sufridas por su hermana, Vilma Carrión, quien tuvo que salir del país.
Ordenan medidas de reparación y prevención
Tras la sentencia, el Estado de Nicaragua deberá implementar un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales, las personas encargadas de recibir las denuncias por violencia de género.
Crear un observatorio que incluya una base de datos para la recopilación sistemática y periódica de información estadística sobre violencia de género, centros de resguardo y atención especializada para las víctimas de violencia de género.
Asimismo, piden que pague una indemnización compensatoria por unos 260 000 dólares para la familia y los gastos asumidos por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas que ascienden a 2538.36 dólares. Mientras, la Corte IDH se compromete a supervisar el cumplimiento íntegro de esta sentencia.
En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato, luego de que el Gobierno de Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos.
Desde entonces, Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la Corte IDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal.
El caso de Dina Carrión
El femicidio de Dina Carrión es una de las nueve demandas que enfrenta el Estado de Nicaragua ante la Corte IDH y es la tercera que alcanza una sentencia. En noviembre de 2024, el Estado fue condenado por el fallido proyecto del Canal Interoceánico. En enero de 2025, se obtuvo otra sentencia por la "falta de integridad del proceso electoral" de 2011.
Carrión fue asesinada por su expareja, Juan Carlos Siles, de un disparo en el tórax, el 3 de abril de 2010. La nicaragüense se encontraba en proceso de divorcio tras sufrir de “violencia psicológica, física, y económica”. Era madre de un niño de seis años.
La investigación abierta por el Ministerio Público concluyó que la causa de muerte fue suicidio y archivó el caso. Posteriormente el caso fue revisado, se presentó acusación contra la expareja, pero el proceso se suspendió luego de la presentación de un amparo administrativo, el cual fue admitido por la Corte Suprema de Justicia en 2019.
La Comisión consideró que el Estado no investigó diligentemente y con enfoque de género los hechos. Se verificaron diversas irregularidades, falencias y contradicciones en las diligencias, así como la posible alteración de la escena, una inadecuada recolección y preservación de la evidencia y de atención a hallazgos en la autopsia. El caso fue remitido a la Corte IDH en febrero de 2022.
