1 de mayo 2017
El proyecto de ley conocido como NicaAct, que amenaza con imponer sanciones económicas a Nicaragua, por la deriva autoritaria y la corrupción del régimen del comandante Daniel Ortega, entró al proceso legistativo del congreso de Estados Unidos, en la cámara baja y en el senado.
Las dos iniciativas declaran los mismos objetivos: cuestionan con contundencia la corrupción y demandan restablecer la democracia en Nicaragua.
El senador republicano por Texas, Ted Cruz, introdujo al Senado norteamericano una iniciativa de ley parecida a la presentada el año pasado ante el Congreso, pero que caducó debido al cierre legislativo de 2016.
Sin embargo, los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata) reintrodujeron a la cámara de representantes su NicaAct reformulada y endurecida: Demandan no solo el restablecimiento de las instituciones democráticas en nuestro país, sino que subieron la parada al combate a la corrupción: Proponen la investigación sibre altos funcionarios señalados por este tipo de actos, con un mandato para que el Departamento de Estado presente un informe al respecto, ahora en noventa días, y no en 120 como la propuesta original.
De esa forma, ambas cámaras legislativas discutirán la Nica Act para su aprobación. Contrario a lo que se creía en Nicaragua --de que primero el Congreso debe aprobar una iniciativa de ley para luego pasar al Senado--, cada una puede promover una propuesta de manera independiente.
El excanciller y exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Aguirre Sacasa, explicó a Confidencial desde Washington, donde se encuentra en una visita privada, que solo los proyectos de ley que tienen que ver con recaudación de impuestos o presupuestos deben ser aprobados primero por el Congreso para pasar al Senado.
“Para todos los otros temas, incluyendo el NicaAct, ambas cámaras tienen plena autoridad para iniciar su propio proyecto de ley”, precisó Aguirre Sacasa.
Aunque ambas NicaAct pueden ser parecidas, no son idénticas. Según el excanciller, es muy poco probable que ambas cámaras llegaran a aprobar dos proyectos de ley “idénticos inicialmente”. “Lo que típicamente pasa en Estados Unidos es que cada cámara tiene que aprobarlo, y probablemente debe haber diferencias entre la versión de la cámara baja y la del Senado”, explicó.
En caso de ser aprobadas las iniciativas, pasarían a un proceso que se llama “reconciliación”. Un comité conjunto de la cámara de representantes y el Senado trabajaría en saldar las diferencias. El plazo legislativo es de dos años, pero a juicio de Aguirre Sacasa, la Nica Act podría ser aprobada a finales de 2017 o durante el verano estadounidense, que va de junio a agosto, para ser enviada al presidente Donald Trump, quien podrá aprobarla, vetarla o engavetarla.
“El hecho de que existan dos proyectos de ley en un Washington donde existe mucha desorganización en el Poder Ejecutivo, demuestra que hay unidad de propósito en la cámara de representantes y el senado”, expresó Aguirre Sacasa. “No quiere decir esto que va a salir aprobado el NicaAct, pero sí quiere decir que hay un grupo importante de diputados y senadores, tanto demócratas como republicanos, que están, de cierta forma, para que este NicaAct salga”.
Cruz: instituciones financieras
Uno de los principales argumentos del senador Cruz para introducir la Nica Act a la cámara alta es sobre las instituciones financieras internacionales. De acuerdo a sus palabras, para “oponerse a préstamos para el Gobierno de Nicaragua, hasta que el régimen del Presidente Ortega sea responsable de sus políticas opresivas y acciones antidemocráticas, y el Secretario de Estado certifique que Nicaragua está tomando acciones efectivas para para tener elecciones libres y para combatir la corrupción”.
Según el senador republicano por Texas, si el presidente Ortega quiere los beneficios de la asistencia financiera de instituciones a las que contribuye Estados Unidos y donde tiene voz, debe promulgar reformas democráticas básicas.
“Continuaré trabajando con mis colegas en el Congreso y la nueva Administración para avanzar en la Ley de la Condición de la Inversión Nicaragüense y promover una región estable y segura con la capacidad de fomentar el crecimiento y la prosperidad. Nicaragua y toda la gente amante de la libertad en América Central dependen del liderazgo de Estados Unidos”, afirmó Cruz.
Aguirre Sacasa explicó que los Senadores y Congresistas parten de la idea de que los recursos de instituciones financieras, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, salen del dinero de los contribuyentes norteamericanos. “Ellos no van a permitir que esos fondos se utilicen salvo que en Nicaragua haya más transparencia, menos corrupción, y más democracia”, aseguró.
Sin mención acuerdo OEA-Ortega
Ambas iniciativas de ley no hacen alusión a los acuerdos suscritos por el comandante Ortega y la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuando fue conocida la reactivación del NicaAct del Congreso, el secretario Luis Almagro hizo una apelación en contra de la iniciativa de ley. Sin embargo, no tuvo mayor resonancia en los representantes.
Aguirre Sacasa sostuvo que congresistas y senadores no ignoran estos acuerdos, pero los perciben como “una acción profiláctica en temas electorales”.
“Ellos no creen que hay un deseo genuino de Daniel Ortega de recuperar o echar para atrás el proceso de debilitamiento de la democracia representativa en Nicaragua”, afirmó el excanciller. “Ven eso como una maniobra para tratar de impedir el NicaAct. Y, prácticamente, lo que han hecho es decir está bien que hablen con la OEA, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda y nuestra propia capacidad de actuar”, agregó.
El excanciller dijo que Ortega y su entorno se equivocan al “escudarse” en el acuerdo con Almagro, porque congresistas y senadores persisten en el argumento de las instituciones financieras.
La corrupción en la cúpula oficial
En cambio, las NicaAct endurecen el tono contra la corrupción en Nicaragua. Aguirre Sacasa, que conoce de cerca cómo se mueven los hilos políticos en la capital estadounidense, describió que existe la percepción en Washington de que hay mucha corrupción y poca transparencia. “Incluso vinculan la ayuda venezolana en Nicaragua con la corrupción, y que hay que abordarlo cómo lo han hecho en Guatemala, Honduras, El Salvador y ahora, algunos dicen, que en Panamá”, comparó.
Aguirre Sacasa aseguró que el componente anti corrupción en la Nica Act afectaría directamente al comandante Ortega, sus familiares y su entorno, pues los congresistas están enfocados en ciertas personas de la cúpula gubernamental . “No creo que sea válido el argumento de que la economía nicaragüense va a ser castigada, y los actores políticos no van a ser afectados”, vaticinó.
El excanciller coincidió con el decir de muchos sectores del país: que la aprobación de la Nica Act depende de las decisiones del comandante Ortega. En cuando al papel del sector privado, Aguirre Sacasa aseguró que en Washington llama la atención que existe un modelo interesante de diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial, pero “están clarísimos de que ese diálogo no está incidiendo en el tema de gobernabilidad política, institucionalidad y corrupción”, puntualizó.