1 de febrero 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la mañana del pasado lunes 29 de enero la confiscación ilegal del condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur. La Policía llegó desalojando al personal de servicio que se encontraba en ese momento, y ocuparon la propiedad de forma permanente.
“Los policías alegaron de forma verbal, que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento, o documento de confiscación”, indicó una fuente de la familia Chamorro Barrios.
Terreno comprado por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
El condominio Farallón de Sotavento está construido en un terreno que fue adquirido por el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, a finales de los años sesenta, donde también construyó una casa veraniega familiar.
En 2007, la casa familiar se demolió y en ese terreno se construyó por voluntad y herencia de doña Violeta Barrios de Chamorro un condominio de cuatro apartamentos, y una segunda casa de servicio.
“Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Claudia Lucía Chamorro Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, y Carlos Fernando Chamorro Barrios en iguales porcentajes accionarios. Posteriormente, doña Violeta distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos, de forma proporcional", explicó la fuente.
En 2017, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Carlos Fernando Chamorro Barrios vendieron su porcentaje de la sociedad a otros dueños y cesaron su participación en la misma.
La fuente vinculada a la familia Chamorro Barrios recordó que el artículo 44 de la Constitución Política de la República prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes. "Por lo tanto, este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos nicaragüenses, que han sido despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo a su patrimonio familiar", subrayó la fuente.
