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Condenan por ciberdelitos a campesino que no tiene smartphone ni redes sociales

Fiscalía vincula a perfiles en redes sociales a campesino de 56 años que nunca ha tenido cuentas en Facebook o Twitter y lo condena a once años

Santos Bellorín, el campesino condenado por ciberdelitos. //Foto: Confidencial

Redacción Confidencial

21 de febrero 2022

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Las manos de Santos Camilo Bellorín Lira son toscas; gruesas por los callos sobre callos que se le han formado por décadas de trabajo en el campo. Sus ásperos y abultados dedos le dificultan manipular el pequeño celular “chiclero” —móvil no inteligente— que poseía. Generalmente, según familiares, pedía ayuda para guardar un número. Sin embargo, el Ministerio Público describe al campesino como un ciudadano con “habilidades” en sistemas informáticos y redes sociales.

Bellorín, de 56 años, llegó hasta quinto grado de primaría. Abandonó los estudios para dedicarse al campo y apoyar a su familia. Casi todos sus años los ha vivido en la pequeña comunidad rural de Santa Teresa de Guasuyuca, en el municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, a más de 230 kilómetros de Managua, la capital nicaragüense.


En su pequeña vivienda no hay computadoras, nunca ha poseído un teléfono móvil inteligente y no tiene cuentas en Facebook, Twitter, Instagram u otra red social. 

La Fiscalía lo acusó en noviembre pasado de usar las redes sociales para crear “alarma, temor y zozobra” entre los habitantes de Pueblo Nuevo. El pasado martes 15 de febrero, el campesino fue condenado a 11 años de cárcel: seis años por el supuesto “delito de menoscabo a la integridad nacional (conspiración)”, y cinco años por presuntamente propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

“Es un hombre, en esa parte (manejo de tecnología y redes sociales), podríamos decir analfabeta. Nunca ha conocido de redes sociales. Siempre usó un celular pequeño, que no tiene ninguna de esas funciones de WhatsApp ni Twitter, ni Facebook, ni nada”, asegura ‘Isabel’, una familiar de Bellorín que solicitó omitir su nombre por temor a represalias contra ella o el detenido.

Acusado por Policía

La fiscal Auxiliadora Sequeira Suazo presentó como testigos a cinco oficiales de las delegaciones de Pueblo Nuevo y Estelí, entre ellos jefes policiales, peritos y detectives.

Boanerges Fornos, exfiscal departamental del Ministerio Público y director del organismo Acción Penal, explicó recientemente que, en todos los juicios políticos, la Fiscalía “utiliza oficiales de la Policía que dicen lo que el régimen quiere que diga”, por eso ningún civil ha sido llamado como testigo.

La denuncia penal contra el campesino fue presentada por el subcomisionado Gary Kirkland Moreno, de la Policía de Estelí. En el juicio, el mando policial declaró que acusó a Bellorín Lira porque el capitán Douglas Bonz Peralta, jefe de la Policía de Pueblo Nuevo, le comentó en noviembre pasado, que el campesino hizo unos comentarios negativos contra el Gobierno.

En su testimonio, el capitán Bonz Peralta aseguró que en un supuesto encuentro, en marzo de 2020, con pobladores de la comunidad de Guasuyuca, Bellorín dijo que esas reuniones no servían para nada porque siempre había inseguridad.

El jefe policial no mostró pruebas de la realización de ese encuentro con los pobladores.

“En cada reunión, los agentes policiales llevan una agenda para ver los puntos a tratar. En el interrogatorio, la defensa le solicitó al capitán presentar la agenda de esa supuesta reunión, pero él dijo que no la tenía”, explicó la familiar de Bellorín.

Además de Kirkland y Bonz, en el juicio testificaron: el oficial de inteligencia, Elder Antonio Centeno Borge; el detective Santos Leonel Lira Montalván; y el perito Robin Ariel Niño Zambrana. Todos de la delegación de Pueblo Nuevo.

Supuestos perfiles en redes sociales

Para sustentar la acusación de ciberdelitos, la Fiscalía presentó capturas de unos tuits y post compartidos desde unas supuestas cuentas en Twitter y Facebook del campesino.

En Twitter, solo hay dos perfiles asociados al nombre de Santos Bellorín: una es @ocotal51, que nunca ha registrado actividad. La otra es @BellorinSantos, a nombre de Santos Rafael Bellorín, que tampoco muestra actividad.

La fiscal señaló además que el campesino publicó en Facebook, en marzo de 2021, un post desde el perfil Santos BOVG59, en el que supuestamente llamaba “circo” a las elecciones pasadas.

Según la defensa, la Fiscalía no presentó ninguna prueba de que esas cuentas y perfiles eran del campesino.

“El Ministerio Público lo acusa como Santos Bellorín, pero Santos Bellorín pueden existir muchos. Estamos ante un delito atípico, que no existe. Están acusando a una persona que no es la que difundió esos mensajes”, detalló ‘Isabel’.

Abogados y especialistas en Derecho Penal han detallado a CONFIDENCIAL que “publicaciones de Twitter, retuits a mensajes de otras personas u organizaciones internacionales, entrevistas a medios de comunicación en las que piden sanciones individuales, entrevistas a policías que se contradicen, mensajes en sus celulares”, son algunas de las supuestas pruebas del Ministerio Público en los juicios políticos.

“Han condenado a los presos políticos con unas pruebas ridículas que no comprueban nada, más que la sed de venganza del régimen hacía ellos. Son pruebas que en cualquier juicio real se caerían en dos segundos, lo que están haciendo roza la parodia”, destacó una defensora, que por seguridad solicitó omitir su nombre.

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Juez Erick Laguna

El juicio contra  Bellorín estuvo a cargo de Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, quien en el pasado ha favorecido con penas mínimas a simpatizantes del régimen.

En 2012, impuso la pena mínima de tres años y medio de cárcel contra fanáticos orteguistas y policías, que un día después de las elecciones del 7 de noviembre de 2011, asesinaron a tiros a tres opositores, en “la Masacre de El Carrizo”.

En noviembre de 2020, el juez Laguna ordenó la libertad del militante sandinista Abner Pineda Castellón, quien el 19 de julio de ese mismo año, asesinó de un tiro a quemarropa al ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo, después que la víctima gritara: “¡Viva Nicaragua libre!”

Bellorín fue condenado bajo dos legislaciones: Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, y la “Ley de Soberanía” o Ley 1055, aprobadas por el orteguismo a finales de 2020, en un paquete de leyes represivas usadas para dirigir una cacería política en 2021, que ha dejado más 70 presos políticos.

La “Ley Mordaza” establece hasta diez años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

La “Ley de Soberanía” fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva, a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen.

Santos Bellorín está detenido en el sistema penitenciario de Estelí, donde también se encuentran arrestados los ciudadanos Douglas Cerros Lanzas y Alexis Peralta Espinoza. Los tres han sido declarados culpables y condenados bajo ambas leyes.

Cerros Lanzas fue condenado a doce años de cárcel, mientras Peralta Espinoza fue sentenciado a once.

Detenido con engaño

Bellorín fue detenido el sábado 6 de noviembre de 2021, en una redada en contra de los ciudadanos críticos, en vísperas de las votaciones generales del domingo 7 de noviembre. Ese mismo día fueron arrestados Cerros y Peralta.

El campesino fue dejado en libertad el 9 de noviembre, pero dos días después oficiales de la Policía de Pueblo Nuevo lo citaron para firmar unos documentos, y nunca más volvió a su casa.

“Le preguntamos al oficial que si andaba los papeles, pues no veíamos la necesidad de ir a una delegación para firmar. Nos dijo que él (Santos Bellorín) tenía que ir a la estación”, comentó ‘Gustavo’, un familiar del campesino condenado.

“Él de buena voluntad se presentó (en la delegación de Pueblo Nuevo); una vez ahí le dijeron que quedaba retenido legalmente”, añadió.

De hablar pausado, Bellorín es un hombre que ha tenido una escasa participación política en su comunidad. Lo más destacable ha sido su función como fiscal electoral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en las elecciones de 1996, 2001 y 2011.

“No formaba parte de nada, ni de actividades políticas. Él prácticamente vivía solo para sus negocios: una pulpería y la agricultura”, dijo ‘Gustavo’.

La detención de Santos Bellorín ha conmocionado a la pequeña comunidad rural de Santa Teresa de Guasuyuca. Los pobladores, simpatizantes del Frente Sandinista incluidos, firmaron una carta en la que solicitaban la liberación de Bellorín, lo que no fue atendido por las autoridades judiciales.

Desde niño, Bellorín se ha dedicado exclusivamente a la tierra, a la actividad agrícola, en la siembra de hortalizas, granos básicos y café, y crianza de ganado. Su único momento lejos del campo, fue en los años de 1980, cuando estuvo dos años en el Servicio Militar Patriótico, y luego quedó activo en los batallones de reserva.

Durante el juicio, Bellorín le dijo al juez: “Soy campesino, si me pregunta por el arado yo se lo digo, en la cuestión política soy inocente, la tecnología me come, no sé grabar ni un número de teléfono. Solo tengo quinto grado (de Primaria) aprobado, apenas sé leer y escribir, y mi intención solo es el trabajo y la agricultura”.

“He dado mi vida al Gobierno. Mi amor y combate se lo entregué al comandante Daniel Ortega. Si van a condenar, condenan a un campesino”, recordó.


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