Agencia EFE / Redacción Confidencial
7 de junio 2023
AA
Los líderes políticos y periodistas que “llevaron y estuvieron” en el proceso conocido como tregua entre pandillas en El Salvador serán “mostrados a nivel judicial” para que “respondan por apología del delito”, según dijo este martes el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
“Aquellos líderes políticos que llevaron esto, como algunos periodistas que también estuvieron en esto (...) la justicia salvadoreña y los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito”, dijo Arriaza Chicas en una entrevista en el canal estatal.
El director de la PNC no entró en detalles, ni mencionó nombres de las personas a las que se refería.
Tras las declaraciones de Arriaza, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, advirtió que sigue una “persecución contra el periodismo” en El Salvador.
“#ElSalvador: @nayibbukele (Nayib Bukele) continúa su persecución contra el periodismo independiente y crítico”, publicó Guervara en Twitter.
Agregó que “el director de Policía anuncia cruzada contra periodistas que informaron sobre ‘La Tregua’, negociaciones con las pandillas en 2012, seguramente preparando esconder las actuales”.
La “tregua” de Funes, protegido de Ortega
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Una corte penal de El Salvador condenó el 29 de mayo de 2023 a 14 años de prisión al expresidente Funes (2009-2014), por los delitos cometidos en el marco de dicha tregua. La Fiscalía detalló que el exmandatario recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis años por incumplimiento de deberes.
El exmandatario está prófugo de la justicia y actualmente vive en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega.
La dictadura orteguista otorgó en julio de 2019 la nacionalidad nicaragüense a Funes, junto con dos de sus hijos y su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, lo que evitó que fuera extraditado a El Salvador. El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de “pacificación”.
En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas.
