Redacción Confidencial / EFE
29 de mayo 2023
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Una corte penal de El Salvador condenó este lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno. El exmandatario está prófugo de la justicia y actualmente vive en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega.
“El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.
Funes, que fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite, se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel.
La Fiscalía detalló que Funes recibió ocho años por el cargo de agrupaciones ilícitas y seis años por incumplimiento de deberes.
Estas penas y cargos fueron iguales para el general retirado Munguía Payés, quien además recibió cuatro años de cárcel por actos arbitrarios.
La dictadura orteguista otorgó en julio de 2019 la nacionalidad nicaragüense a Funes, junto con dos de sus hijos y su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, lo que evitó que fuera extraditado a El Salvador. El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua establece que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
El régimen de Nicaragua es un aliado histórico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido que llevó a Funes al poder.
Favores para las pandillas
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes.
Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés, declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de “pacificación”.
En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas.
