14 de julio 2023
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En el estado de Florida, EE. UU., entró en vigor, el 1 de julio de 2023, la ley SB 1718, una legislación que castiga duramente a los inmigrantes que no tienen un estatus migratorio regular. La controversial medida, promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis, ha sido ampliamente rechazada por la población, porque “violenta los derechos humanos” de la comunidad migrante.
“Es una ley que afecta todos los aspectos de la vida de las personas inmigrantes y sus familias”, aseguró Yareliz Méndez, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, en entrevista con el programa Esta Noche.
La nueva ley, dificulta el acceso al trabajo y la movilidad de las personas inmigrantes que viven en Florida. Muchos han optado por abandonar el estado ante el temor de ser deportados.
Ante la medida, sectores económicos se han ido a huelga, mientras en algunas ciudades se han registrado marchas. “Florida se está levantando en contra de esta ley, porque reconocemos que la comunidad inmigrante es crucial para el estado”, destacó Méndez.
¿Cómo afecta esta ley el acceso al empleo y la movilidad de las personas migrantes?
La ley afecta todas los aspectos de la vida. Exige a empleadores con 25 empleados o más que utilicen el sistema E-Verify para verificar si una persona tiene papeles o no para poder trabajar dentro de los Estados Unidos, obliga a hospitales y departamentos de emergencia solicitar el estatus migratorio del paciente, penaliza a las personas que viajan con una persona sin estatus migratorio con hasta 15 años de prisión, sin excepción familiar. Además, prohíbe el financiamiento de programas comunitarios de identificación de personas que no tienen hogar o no tienen un estatus migratorio, algo que se conoce como “Community ID”, que les permite demostrar que viven dentro de un condado. Invalida la licencia de conducir emitida legalmente fuera del estado para aquellos que no tienen un estatus migratorio regular. Hay
19 estados en los Estados Unidos que dan licencias de conducir a personas indocumentadas. Esas licencias ya no tienen vigencia en la Florida.
Esta ley ha causado mucho temor entre los migrantes en Florida y algunos han optado por abandonar el estado. ¿Se sabe cuántos migrantes han dejado la Florida desde que entró en vigencia esta medida?
No se sabe exactamente el número de familias que han huido del estado, pero nosotros tenemos una línea telefónica de apoyo y cada día recibimos llamadas de personas que expresan temor por no tener papeles y nos preguntan cómo pueden hacer para mudarse de estado. También tenemos organizaciones miembros que trabajan en otros condados y ellos también están viendo lo mismo.
¿Qué impacto está produciendo esto en las actividades económicas productivas? ¿Cuáles son las industrias más afectadas?
Las industrias más afectadas son la agrícola, construcción y hotelera. Desde antes de que la ley entrara en vigencia, las personas estaban escuchando sobre esta ley y algunos camioneros fuera del estado decían que ellos no iban a llevar sus tráilers —con mercadería — a Florida en protesta. Por medio de las redes sociales se convocaron varios paros laborales. El primero empezó el 1 de junio de 2023, ese día informaron que la (industria de la) construcción, en la ciudad de Orlando, estaba trabajando a un 50%. Hubo marchas de más de seis mil personas en la ciudad de Immokalee. Florida se está levantando en contra de esta ley, porque reconocemos que la comunidad inmigrante es crucial para el estado.
La medida contempla 12 millones de dólares para reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados. ¿Cuál será el proceso para estas reubicaciones?
No hay necesariamente un proceso que uno pueda entender. Lo que estamos viendo es que en la oficina del gobernador les mienten a las personas que han cruzado la frontera de manera irregular y les dicen que los enviarán a otra ciudad donde tendrán albergue, comida, trabajo. Pero no necesariamente esa ciudad donde los mandan, es donde la persona quiere ir.
¿Cuáles son las comunidades latinas más afectadas? Hay Centroamericanos y nicaragüenses?
A Florida se le conoce como “la mini Latinoamérica”. Tenemos una población muy grande de nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, colombianos, haitianos, dominicanos, y todos ellos se ven perjudicados con esta ley.
¿A cuántos inmigrantes indocumentados se calcula que podría afectar esta medida?
En Estados Unidos hay más de once millones de personas que están esperando algún tipo de alivio —sobre su estatus migratorio —. Si alguna de estas personas entrara a Florida, podría verse perjudicada. Es importante reconocer que esta ley se está replicando en otros estados. Se ha replicado en Kansas, por ejemplo, y hay rumores de aplicar leyes antiinmigrantes en Texas, Arizona, Georgia.
En este momento estamos esperando que la Administración Biden apruebe una nueva designación de TPS para países como Nicaragua. Con el TPS una persona inmigrante queda protegida de ser deportada, puede tener acceso a permiso de trabajo y a una licencia de conducir.
El republicano Ron DeSantis, principal promotor de la polémica ley, argumenta que la ley pretende luchar contra el tráfico humano. ¿Busca DeSantis ganar apoyo electoral con estas medidas?
Absolutamente. Él ha estado empujando esta ley para ganar puntos políticos con comunidades que no quieren a los inmigrantes. Pero no solo el gobernador, sino también los representantes estatales que han impulsado la medida. En vez de enfocarse en los problemas que aquejan realmente a La Florida, como es la crisis de la vivienda, decidieron aprobar esta ley, pese a que la comunidad no la quería.
¿Cuál es el futuro de los inmigrantes nicaragüenses y latinoamericanos en Florida ante esta medida? ¿Cuáles son sus opciones?
Primero, saber que todavía tienen derechos constitucionales que el gobernador y la legislatura de Florida no le pueden quitar. Por ejemplo, el derecho a hablar con el consulado de su país, el derecho a no firmar algo que la persona no entiende, el derecho de permanecer en silencio, el derecho de tener un abogado. Todo eso es crucial de saber. Las personas inmigrantes no están solas, hay organizaciones que están alzando su voz para que rechacen la ley.
