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El flujo constante de personas migrantes y desplazadas en los cantones de La Cruz y Upala, en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, y la falta de recursos estatales para gestionar la migración en la zona, tiene a las autoridades locales “desbordadas”, según un estudio realizado en la zona.
Al ser territorios fronterizos, La Cruz y Upala, sufren una “marginación histórica” y un desarrollo humano menor al resto del país, advierte el estudio Marco normativo y político de las migraciones, la acogida y las dinámicas de movilidad humana en Costa Rica. Estas condiciones estructurales hacen que su capacidad para gestionar procesos de integración migratoria sea limitada.
En ambos cantones “no hay recursos”, enfatiza Arantxa Aguilar, investigadora de la Fundación Sin Límites. “Y no solo nos referimos a los económicos, sino a los recursos humanos. Esta cuestión ha afectado la forma de responder a los migrantes”, agrega.
A pesar de la falta de recursos, ambas localidades han establecido oficinas municipales de atención a población migrante, programas de regularización temporal para acceso a servicios básicos y mecanismos de coordinación con organizaciones humanitarias, indica el estudio realizado por Fundación Sin Límites y Fons Català.
Sin embargo, en esas oficinas de atención a la población migrante “solo hay una persona trabajando”, advierte la investigadora. Esa persona está “sobrecargada” porque debe responder a múltiples necesidades de los migrantes, como acceso a documentación, cuestiones emocionales y ayuda humanitaria.
Aguilar valora que la voluntad política por parte de las alcaldías “es una cuestión positiva”, pero el manejo del flujo migratorio no está institucionalizado. Además, las iniciativas locales funcionan “al límite de su capacidad” debido a la ausencia de financiamiento del Gobierno central.
Dependencia de la cooperación internacional
La investigación destaca que ante la “notable precariedad institucional” para gestionar el flujo migratorio, las municipalidades de La Cruz y Upala trabajan de forma articulada con organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Pero “estos esfuerzos y voluntades no son suficientes para el volumen que representa el fenómeno migratorio en estas comunidades”.
Debido a la ausencia de financiamiento del Gobierno central, la atención a los migrantes en La Cruz y Upala prácticamente depende de las oenegés locales y la cooperación internacional.
“Al retirarse la cooperación el año pasado (2025), al hacer recorte de presupuesto, dejó vacíos muy claros: una unidad de refugio que está trabajando a la mitad, una unidad de refugio que da una solicitud de refugio dentro de año y medio, una unidad de refugio que niega el acceso al refugio en puestos fronterizos”, subraya Aguilar.
Otra muestra del vacío tras el retiro de la cooperación internacional es que “solo el recorte del 41% del presupuesto de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica provocó el cierre de cinco organizaciones socias que operaban en la zona norte”, se lee en la investigación.
El documento agrega que si bien la colaboración entre autoridades locales y organismos civiles es positiva, este modelo de gestión colaborativa no es “sostenible” y se requiere “transitar desde coordinaciones informales hacia estructuras institucionalizadas con mandatos formales”.
El Estado de Costa Rica “debe tomar las riendas y asumir esa responsabilidad”, advierte Aguilar. Debido a que históricamente Costa Rica “ha tenido puertas abiertas para las personas migrantes y eso requiere responsabilidad”, agrega.
La situación de los migrantes
Ante la falta de recursos para gestionar el flujo migratorio y el “desbordamiento” de las autoridades locales, en La Cruz y Upala los migrantes se enfrentan a la burocracia estatal y deben incurrir en gastos para regularizar su situación migratoria, independientemente si se trata de migrantes económicos o solicitantes de refugio.
Aguilar explica que, aunque el proceso de solicitud de refugio no tiene costo, los solicitantes pueden pasar más de un año esperando su primer carné. Además, aunque la solicitud se realice en La Cruz o Upala, en la medida que el proceso va escalando los solicitantes son referidos hasta la capital, San José.
“Algunas personas pueden empezar los procesos y, por no tener los recursos, dejan los procesos abandonados”, refiere la investigadora.
Algo similar ocurre con los migrantes económicos que aspiran a naturalizarse costarricenses, quienes “tienen que pagar a un abogado, porque el acceso a todo ese proceso es tedioso y burocrático”, subraya Aguilar.
La falta de regularización migratoria pone a los migrantes en situación de “vulnerabilidad”, ya que no pueden integrarse plenamente. Situación que trasciende el ámbito económico e involucra dimensiones sociales, culturales e institucionales.
“Una de las principales dificultades que enfrentan las personas migrantes y desplazadas en sus procesos de adaptación territorial es el acceso a medios de vida que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y ejercer plenamente sus derechos para una vida digna”, se lee en el estudio.
Agregan que “el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo formal y la vivienda constituye un factor determinante para la integración sostenible de las personas refugiadas y migrantes en los países de acogida y en este estudio se ha identificado que se encuentra estrechamente ligado a su condición migratoria”.
Un territorio binacional
En La Cruz y Upala existe una “visión cultural binacional, bien marcada”, advierte Aguilar. Situación, que atribuye a la cercanía geográfica, la migración histórica de nicaragüenses a Costa Rica y a que muchos pobladores de la zona tienen ascendencia nicaragüense.
En la década de los 80, en Costa Rica hubo grandes campamentos de refugiados nicaragüenses que huían de la guerra entre el Ejército Sandinista y la Contra. Muchas de esas personas se quedaron a vivir y trabajar en el país vecino.
Cuatro décadas después, la crisis sociopolítica que inició en 2018 ha generado un nuevo patrón de desplazamiento forzado. Desde entonces, Costa Rica ha recibido más de 194 000 solicitudes de refugio, según ACNUR, y se calcula que en ese país viven más de medio millón de nicaragüenses.
Los investigadores de la oenegé revisaron leyes y políticas migratorias, y lo compararon con entrevistas y grupos focales realizadas con autoridades locales y líderes comunitarios de La Cruz y Upala. Sus resultados confirman que la realidad de estos migrantes es distinta a quienes viven en otras zonas más céntricas del país.
En las entrevistas “siempre mencionan la comida de Nicaragua, que ellas son de origen nicaragüense, que, a pesar de que se habla de la xenofobia, también han tratado de hacer programas y espacios para que el nicaragüense pueda integrarse”, subraya Aguilar.
Los migrantes “no solo aportan a la economía local”, apunta la investigadora. También “hacen aportes dentro de lo cultural, como la diversificación de la comida, compartir costumbres, tradiciones y abrir espacios para otros migrantes que vienen llegando” remarca.
