AA
Share
La justicia federal de Estados Unidos anuló la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60 000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, tras un fallo emitido el 31 de diciembre de 2025 por la jueza del Distrito Norte de California, Trina L. Thompson, dejando claro que “el presidente no está por encima de la ley”.
El tribunal declaró que la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025, y para Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025, bajo la administración de Donald Trump, fue “ilegal” según la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), dejando sin efecto las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que ponían fin al programa.
Según la resolución, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, no tomó en cuenta las “condiciones en esos países” antes de poner fin al programa. La judicial también recordó que la ley exige que las agencias tomen “decisiones fundamentadas” y que, toda acción gubernamental, debe anularse cuando se considera “arbitraria o caprichosa”.
“Hoy, el tribunal cumple con los requisitos de la APA”, señaló la jueza en su análisis jurídico contenido en un documento de 52 páginas.
Crisis en Nicaragua no fue incluida en informes oficiales
El tribunal observó que, en el caso de Nicaragua, no se tomó en cuenta el contexto sociopolítico que vive el país desde 2018.
Según la jueza, el DHS hizo un análisis sobre las condiciones que originalmente llevaron a asignar el TPS a los nicaragüenses después del huracán Mitch en 1999, pero no tomó en consideración problemas actuales como la corrupción, derechos de las mujeres y medio ambiente, dejándolos “fuera del alcance” de la revisión.
Según el fallo judicial, incluso se reconoció internamente la contradicción de terminar el TPS en Nicaragua mientras se elogiaban avances en Honduras, pese a que se reconocía que los nicaragüenses viven bajo un “régimen dictatorial y asesino”.
El Departamento de Estado estadounidense concluyó en un informe publicado el 12 de agosto de 2025, que la situación de derechos humanos en Nicaragua “empeoró” durante 2024.
La crisis sociopolítica en Nicaragua se mantiene desde 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales que dejaron al menos 355 personas asesinadas y más de 2000 heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, más de 800 000 nicaragüenses han salido del país entre abril de 2018 y noviembre de 2025 por la persecución política, violaciones de derechos humanos y deterioro económico, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también ha cancelado más de 5600 organizaciones no gubernamentales, decenas de medios de comunicación fueron clausurados y centenares de periodistas han partido al exilio. Y, a la fecha hay 62 personas presas políticas, tras una disminución derivada de excarcelaciones recientes, mientras persisten patrones de desaparición y hostigamiento.
Entre 2500 y 3000 nicaragüenses beneficiados
Damaris Rostrán, integrante de la Mesa de Trabajo de New York y New Jersey de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, explicó que la decisión de la jueza federal beneficia directamente a un grupo reducido de nicaragüenses amparados por el TPS, pero tiene un impacto legal y político importante frente a los intentos del Gobierno de Donald Trump de eliminar ese alivio migratorio.
“Honestamente son muy pocos”, afirmó Rostrán, al detallar que el número de nicaragüenses protegidos por el TPS oscila entre 2500 y 3000 personas.
“Es más simbólico por lo que representa esta administración (…) Es bueno porque obviamente estás hablando de familias que tienen más de 20 años de tener ese alivio migratorio”, mencionó Rostrán.
Subrayó que el fallo evita que se repita un escenario como el ocurrido recientemente con aproximadamente 300 000 ciudadanos venezolanos, cuando se intentó poner fin al Estatus de Protección Temporal.
Con esta decisión judicial los beneficiarios conservan su estatus legal y permisos de trabajo mientras el proceso judicial continúa. “Como ya una jueza dijo que no sos deportable y que tenés un estatus, entonces, no te pueden deportar —agregó Rostrán—, a menos que obviamente cometas algún delito”.
Rostrán aclaró que la resolución judicial no implica la creación de un nuevo TPS ni una ampliación del programa. “Esto no es un nuevo TPS y eso hay que aclararlo, es para que sigan los que ya estaban protegidos”, explicó.
La activista recordó que Nicaragua ha tenido históricamente varios alivios migratorios en Estados Unidos, como ocurrió con la Ley NACARA y el TPS tras el huracán Mitch. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los nicaragüenses que llegaron después de 2018 no están cubiertos por este estatus. “La migración más reciente viene huyendo de la crisis política, pero esas personas están en procesos de asilo y están ahorita en los tiempos de Corte”, dijo.
Finalmente, llamó a la comunidad nicaragüense a informarse y organizarse. “Hay que seguir organizándose y en los lugares donde vivas, siempre hay organizaciones que ayudan al migrante”, concluyó Rostrán.
Cancelación tenía tintes políticos
La demanda inicialmente fue presentada por beneficiarios del TPS de los tres países, junto a organizaciones como National TPS Alliance, Centro Legal de la Raza y Asian Law Caucus, quienes alegaron que la cancelación fue arbitraria y políticamente motivada.
El documento también recoge elementos que apuntan a motivaciones políticas en el intento por eliminar el programa.
Antes de asumir la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ya había manifestado públicamente su intención de revocar el TPS. En el expediente se incluye una declaración que el mandatario dio a periodistas y que fue presentada por los demandantes como evidencia, en la que afirmó: “Hay que sacar a la gente; no podemos destruir nuestro país (…) En mi opinión, no es legal (…) Absolutamente revocaría (el TPS)”.
En una publicación del 20 de marzo de 2025 en X, la secretaria Noem asoció la “gestión migratoria” con “salvar vidas estadounidenses y sacar a los criminales de nuestras calles”.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso final al amparo que los protegía de la deportación debido a una “animosidad racial”.
Testimonios de inmigrantes
El expediente incluye testimonios de beneficiarios que viven en Estados Unidos, entre ellos, el de Elena Hernández, una nicaragüense residente desde 1996 con afecciones cardíacas y pulmonares, quien perdería su seguro médico e ingresos económicos en caso de un retorno forzado. Dada su historia familiar y sus opiniones, también “podría enfrentar persecución en Nicaragua”.
También se documentan casos de hondureños y nepalíes con hijos ciudadanos estadounidenses y empleos formales, lo que evidencia posible daño irreparable en caso de perder su estatus migratorio.
El fallo ordena sentencia parcial a favor de los demandantes y suspende temporalmente otros reclamos mientras se consideran eventuales apelaciones.
Con la orden, miles de personas de Nicaragua, Honduras y Nepal amparadas bajo TPS mantienen permiso de trabajo y residencia temporal en Estados Unidos a la espera de una decisión definitiva en instancias superiores.
“La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles” de migrantes y “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”, indicó el codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), Ahilan Arulanantham, en un comunicado.
