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Eugenia es una jubilada de 72 años que habita en un municipio de Managua. Poco después de cumplir 60 años decidió pedir una pensión, pese a que no había completado el requisito de ley de 750 “semanas cotizadas”. Sabía que podía solicitarla porque hacía poco se había aprobado otorgar pensiones reducidas a quienes no cumplían esa formalidad. Y eso fue lo que le dieron: un monto reducido de 2200 córdobas.
Previo a jubilarse, su último empleo fue como cocinera en una empresa del sector energético, donde recibía un salario muy bajo. Antes de tener ese empleo formal, se ganaba la vida como vendedora ambulante de bolsas plásticas. En ninguno de los trabajos no cotizó grandes cantidades ni suficientes semanas.
De ahí que no le sorprendiera que el funcionario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que analizó su caso, determinara que ella solo tenía derecho a los 2200 córdobas. Entonces, ese monto equivalía a menos de 80 dólares, y solo servía para adquirir el 16.7% de la canasta básica total, que en esa fecha rondaba los 13 000 córdobas.
Tras varios años de ajustes, Eugenia recibe actualmente un 16.5% más, con lo que redondea 2563 córdobas. Eso equivale a 70 dólares y solo le sirve para adquirir el 10.6% de la canasta básica, que costaba 20 822 córdobas en diciembre de 2025, según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, (INIDE).
Aunque ella está en la parte baja de la escala, los que reciben una “pensión promedio” tampoco están mucho mejor. Según el estudio “El Precio de Envejecer en Nicaragua”, preparado por la Fundación Puentes para el Desarrollo con información oficial, la pensión promedio en Nicaragua es de 6397.5 córdobas mensuales y está congelada desde diciembre de 2023. Con ese monto se compraba el 45.2% de la canasta básica de alimentos, vigente en ese momento. Ese porcentaje bajó al 44.5% en diciembre de 2024, y a 43.2% en diciembre de 2025.
Sobreviviendo gracias a los hijos
La última vez que se revalorizaron las pensiones para compensar el deslizamiento de la moneda fue en diciembre de 2023. Los pensionados perdieron esa pequeña compensación cuando el Banco Central decidió mantener fijo el tipo de cambio del córdoba con respecto al dólar estadounidense.
Eugenia es parte de los ciudadanos que, “después de una vida de trabajo, enfrentan la vejez sin ingresos suficientes ni respaldo institucional”, dice el estudio de la Fundación Puentes para el Desarrollo. “En un país donde el costo de la vida aumenta más rápido que las pensiones, envejecer se ha convertido en una forma silenciosa de pobreza, y la vejez, en lugar de ser un derecho a la tranquilidad, se vuelve una lucha diaria contra el desamparo”, añade.
Al recapitular sobre la utilidad de su ingreso, Eugenia explica que “eso me ajusta para unos días de comida: ocho libras de arroz, cinco libras de azúcar, un litro de aceite, cinco libras de frijoles, dos libras de queso, nada de medicina y a lo mejor alguna libra de carne”, enlistó la septuagenaria.
Logra elevar sus ingresos —ella prefiere decir que “sobrevive”— con una ayuda que recibe de sus hijos. Con eso compra el resto del arroz, de los frijoles, el azúcar y el aceite. “Ya con eso puedo decir que resuelvo, aunque viva limitado. Por suerte, ya no tengo a nadie que dependa de mí”, reflexiona.
Julia suma dos pensiones para sobrevivir
Julia tiene algo en común con Eugenia: ya nadie depende de ella. La mujer se jubiló de forma adelantada, cuando todavía tenía 57 años de edad. Aunque aún no cumplía los 60 años reglamentarios la solicitó por incapacidad laboral. Después de hacerle los exámenes pertinentes, se concluyó que había mérito para otorgarle una pensión con el 100% de su salario.
El funcionario asignado para revisar su caso determinó darle ese porcentaje “porque mi salario como empleada en una empresa farmacéutica era muy bajo”. A pesar de haber trabajado muchos años para el mismo empleador, su sueldo apenas superaba los 7000 córdobas. La tragedia de la muerte de su esposo conllevó a que el Instituto le asignara una pensión de viudez de 3000 córdobas.
“La realidad previsional en Nicaragua es un reflejo deplorable del abandono institucional y de las desigualdades históricas que arrastran las personas mayores, especialmente las mujeres. La pensión de viudez, de apenas 3730.72, difícilmente cubre los gastos más básicos de un hogar, pero aun así, solo el 8.6% de las mujeres mayores accede a ella. A esto se suma que solo el 16% de las mujeres adultas mayores recibe una pensión de vejez completa”, señala la Fundación Puentes.
Julia tiene 67 años. No paga alquiler, vive en su propia casa. Adicionalmente, su calidad de pensionada le otorga derecho a un subsidio en el pago de los recibos de agua y energía. Todo ello suma para que pueda afirmar que su pensión actual le ajusta para adquirir una canasta de alimentos básicos, entre los que incluye “arroz, frijoles, azúcar, aceite y esas cosas”.
A su edad, agradece tener acceso a la atención médica, con todo y las carencias del sistema de salud nicaragüense.
Obligado a jubilarse
Arnoldo tiene 65 años. Llegó a la edad de jubilación en plena pandemia en 2020, pero no estaba interesado en pasar a retiro en ese momento, así que siguió trabajando como habitualmente lo hacía. El problema no fue él, sino la realidad: la empresa comercial para la que trabajaba como agente vendedor comenzó a reportar cada vez menores ventas. El mercado fue decayendo lentamente por causa de la pandemia y de la situación socioeconómica del país.
Cuando cumplió 61 años se dio cuenta que era tiempo de comenzar el papeleo para pedir su pensión. Gestionó una carta de cesantía en la empresa, la juntó con el estado de cuenta que le entregaron en el INSS, y metió los papeles en la oficina que correspondía. Lo hizo a tiempo, porque ocho meses después, la empresa quebró.
Al aplicar la fórmula reformada, a Arnoldo le aprobaron una pensión de poco más de 10 000 córdobas, equivalente al 48% de su salario promedio. “Me sangraron. Con esa pensión solo obtengo el 50% de la canasta básica que anda por 20 000 córdobas. Todo está caro”, dice mostrando conocimiento de los números oficiales.
Complementa su presupuesto mensual con los modestos ingresos que genera una pulpería que administra junto a su compañera. “Con eso ajustamos para comprar el resto de la comida. Me refiero a la canasta básica: frijoles, aceite, pollo, o alguna libra de cerdo o de res. Una libra de queso vale 120 córdobas”, señaló.
El estudio de la Fundación ‘Puentes para el Desarrollo’ citado antes, señala que el 9.77% de la población del país (casi 672 000 personas), supera los 60 años de edad. Se calcula que solo uno de cada cinco (o sea, menos de 135 000 personas), goza de una pensión de vejez completa. El resto solo recibe una pensión reducida o nada. Si ya con esas escuálidas sumas de dinero es difícil vivir en Nicaragua, lo es más para quienes tuvieron que irse a Costa Rica, el país más caro de Centroamérica.
Tomás: la reforma al INSS fue cruel
Tomás y Heriberto (ambos son seudónimos) comparten la dificultad de tener que vivir en Costa Rica, con una pensión de vejez otorgada por el sistema de pensiones de Nicaragua. Si bien ninguno de ellos compartió el monto de su pensión, ambos explicaron que deben limitar su consumo para asegurarse que tendrán alimento ( y las facturas al día), cuando llegue la siguiente fecha para que les hagan el desembolso.
Tomás relata que cotizó cerca de 1500 semanas. Lo hizo a partir de los ingresos que obtuvo trabajando como funcionario en una organización política. Luego entró al Estado por poco tiempo, hasta que pasó a la actividad académica, donde hizo el resto de su carrera laboral.
Comenzó a gestionar su pensión en cuanto cumplió los 60 años. De manera inmediata. Para entonces ya había pedido -y obtenido- su estado de cuenta, detectando que no incluía unos cuatro años de cotizaciones. “Pude lograr que subsanaran ese error porque yo guardaba todo. Tenía todas mis colillas semanales. Al final, solo perdí como ocho semanas de cotización”, recuerda.
Esa fue toda su buena suerte porque, en el proceso, se aprobó la reforma a la seguridad social en marzo de 2019, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 30 puntos porcentuales del monto que habría recibido con los parámetros vigentes hasta antes de esa fecha. “Esa reforma fue cruel”, expresa considerando que le otorgaron solo una pensión equivalente al 45% de su salario promedio.
Tomás vive en Costa Rica desde hace varios años, lo que representa un desafío adicional, dado el costo de la vida en ese país. “Puedo decir que mis ingresos son de supervivencia. Logro cubrir mis gastos, porque tengo otros ingresos que se generan en Nicaragua, y me ayudan a complementar mi presupuesto mensual… pero eso no me es tan difícil, porque siempre he sido comedido con mis gastos”, detalló.
Trabajar más tiempo… para ganar menos
Heriberto nunca tuvo un empleador que pagara una cuota patronal por él. En cambio, él pagaba el seguro facultativo, cotizando de forma voluntaria para tener acceso a atención médica y, llegada la edad correspondiente, a una pensión. Solo que, cuando cumplió 60 años, se dio cuenta que no estaba listo para retirarse, y decidió seguir hasta donde pudiera.
Ese momento llegó cuando su balance mensual se fue haciendo cada vez más precario. “Pedí la pensión porque en esa época ya estaba obteniendo muy pocos ingresos en los trabajos que hacía por contrato. Si hubiera podido generar los montos que obtenía antes, yo hubiera seguido activo laboralmente”, relata a CONFIDENCIAL.
Al revisar el estado de cuenta que le generó el sistema vio que le faltaban algunas semanas, por lo que pidió aclaraciones, y logró que le reconocieran unas cuantas semanas, “porque hubo varias que aparentemente no se reportaron”. Al final le reconocieron más de mil semanas. Por si acaso, buscó la asesoría de un abogado, recordando que del resultado de ese proceso, dependería su calidad de vida a partir de ese momento.
Después de varios meses de gestión aprobaron su pensión, y le hicieron el pago de forma retroactiva. Resultó que, aunque inicialmente tenía derecho a que le pagaran el 60% de su salario promedio, ese porcentaje se redujo cuando aprobaron las reformas de 2019. Su abogado —al que reconoce como un gran profesional—, no pudo hacer nada para cambiar eso.
