AA
Share
Llegar a la tercera edad es una realidad cada vez más dolorosa en Nicaragua. Un estudio de la fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, muestra que hay unos 672 000 adultos mayores en Nicaragua. También, que solo uno de cada cinco de ellos recibe una pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El estudio denominado ‘El Precio de envejecer en Nicaragua: ¿Quién Cuida a Quienes Nos Cuidaron?’, parte de la premisa de que el país tiene una población de poco más de 6 875 000 personas. De ese total, se calcula que casi el 10% tiene más de 60 años cumplidos, pero solo la quinta parte de ellos cuenta con una pensión.
“Aquí comienzan los problemas con las personas de la tercera edad. Si las pensiones son pensiones de hambre ¿cómo sobrevive el 80% de los adultos mayores que no reciben una pensión completa? Por ahora son aproximadamente medio millón, y el número va subiendo”, asegura el economista Enrique Sáenz, asesor de la fundación Puentes.
El crecimiento de esos porcentajes es un fenómeno sostenido en el tiempo. Las estadísticas muestran que a principios de siglo, solo el 4.77% de los ciudadanos tenía más de 60 años o más de vida. Ese porcentaje había aumentado hasta llegar al 7% en 2014. Para 2024, ya representaba el 9.77% de la población total. El cálculo de los autores del estudio es que, al cerrar 2025, tanto ese porcentaje como esa cifra, habrá aumentado aún más.
El fenómeno del envejecimiento de la población es algo que ocurre en muchos países del mundo a la vez. Para Nicaragua —como para muchas otras naciones— es un problema desde muchos puntos de vista, pero los datos del informe publicados hasta ahora, se centran en dos. Uno de ellos es en las formas en las que el INSS afecta a esta población, al aplicarles una política de austeridad.
La otra, lo que ese proceso significa para el desarrollo económico actual y futuro del país.
Adultos mayores excluidos en Nicaragua
Según el último informe del INSS, solo el 20% de la población de tercera edad recibe una pensión de vejez completa. Esto significa que más de medio millón de adultos mayores en Nicaragua quedan excluidos. Esto plantea que estas personas, en vez de jubilarse, deban buscar un empleo en una economía que excluye a muchas personas por causa de su edad. Pero aún en el caso de aquellos que lo logran, se plantea la duda sobre la calidad de esos empleos, o la suficiencia de los ingresos que proporcionan.
“Son abuelas y abuelos que, sin el apoyo de sus familias, sobreviven en el desamparo”, señala la fundación, que destaca otro elemento del fenómeno: la feminización de la ancianidad.
El término hace referencia a otro detalle que se desgrana del análisis de las cifras: el 54.3% de las personas mayores de 60 años son mujeres, frente al 45.7% de hombres. Esa brecha crece con el tiempo siendo que, entre 2014 y 2024, el porcentaje de adultas mayores creció en 3.12 puntos porcentuales, mientras que el de varones aumentó solo en 2.43 puntos. “Esta disparidad refleja vulnerabilidades que merecen atención urgente”, insiste el documento.
El problema es mayor para las viudas que, en conjunto, reciben una pensión de viudez que tiene un valor promedio de 3731 córdobas. Aún siendo tan baja, solo el 8.6% de las mujeres de la tercera edad recibe una de estas pensiones. El número de beneficiadas con una pensión de vejez completa otorgada por el INSS, es casi el doble, pero igualmente baja: el 16%.
“Estas cifras revelan un sistema que falla en proteger a quienes más lo necesitan, dejando a muchas en la pobreza absoluta. La vejez tiene rostro de mujer, y también la desigualdad”, apostilla la fundación.
Ancianidad y pobreza
El proceso de envejecimiento poblacional es un fenómeno que afecta a todos los ciudadanos, aunque de distintas maneras. No importa si no hay un adulto mayor en la familia, o si este tiene sus propios recursos, o si la mayoría de sus necesidades están cubiertas por su familia.
Que un porcentaje cada vez mayor de la población tenga 60 años de edad o más, afecta a la producción y la productividad, que tienden a disminuir con la edad. A la par, aumentan los gastos en salud, cuidados y medicamentos, mientras disminuyen los ingresos de las familias. “En última instancia, agrava la pobreza y la desigualdad, dejando a muchos en una situación de fragilidad extrema”, señala la publicación.
También afecta al sistema de pensiones y a la seguridad social en su conjunto. Los datos muestran que, a la par que crece el número de personas que necesitan de una pensión para sobrevivir, disminuye la cantidad de lo que se puede comprar con esas pensiones, al compararlo con el incremento de la canasta básica.
Si en 2020, los 6052 córdobas de una pensión promedio solo alcanzaban a cubrir el 62.5% del valor de la canasta alimenticia, los 6397 córdobas que se entregaron en promedio en 2024, ya solo servían para comprar el 44.5% de los alimentos incluidos en la canasta básica.
Esa diferencia de 18 puntos porcentuales “debe leerse en menos frijoles, menos queso, menos tortilla en las mesas de las familias de los pensionados. La crisis financiera del INSS resultado de corrupción, incompetencia y despilfarro, se traduce en hambre y sufrimiento para miles de adultos mayores, cercenando no solo recursos, sino también esperanzas”, concluye el documento.
