3 de febrero 2024
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El año pasado, Nicaragua destinó más de 24 000 millones de córdobas para abonar a una deuda pública total cada vez más alta, que superó los 10 000 millones de dólares en septiembre, sin que haya visos de que vaya a frenar su crecimiento, ni certeza acerca de cómo se usó.
En apenas cinco años (entre 2017 y 2022), la deuda pública total del Estado de Nicaragua creció 46% (alrededor de 3000 millones de dólares), y aunque disminuyó como porcentaje del producto interno bruto (PIB), hay una cifra que crece año con año: la suma que destina el Estado para satisfacer el servicio de la deuda externa.
El monto que el país abonó a sus acreedores (tanto a los internos, que todos los años se quedan con la mayor parte del presupuesto destinado a abonar a la deuda, como a los externos) ya era alto en 2017, cuando se destinaron 19 534 millones de córdobas, dos tercios de los cuales fueron para abonar a la deuda interna.
Si en 2018 y 2019 el Presupuesto de la República tuvo alivios momentáneos al destinar menores recursos para pagar a los acreedores (C$ 14 220 millones y C$ 18 436 millones respectivamente), la deuda repuntó a partir de 2020 (C$ 21 987 millones), siguió creciendo en 2021, cuando alcanzó los C$ 23 924 millones.
Ese monto volvió a elevarse en 2022, cuando alcanzó los C$ 24 855 millones, para lo que fue necesario destinar el 20.6% de los ingresos totales de ese año antes de descender en 2023, hasta los C$ 24 078 millones, suma equivalente al 19.1% de los ingresos totales.
Aunque el pago del servicio de la deuda no sobrepasa el 30% del Presupuesto de la República, destinar esas altas sumas merma el alcance del Presupuesto anual para cubrir gastos claves, lo que implica reducir beneficios económicos a los empleados del Estado o las asignaciones de recursos para sectores claves como educación y salud, entre otros, advirtió el economista Enrique Sáenz.
Más del 60% del PIB
Aunque los expertos utilizan varios indicadores para medir la sostenibilidad y la vulnerabilidad de la deuda de un país, el economista guatemalteco Abelardo Medina Bermejo, encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), cita aquel que compara el saldo de la deuda como porcentaje del producto interno bruto, poniendo especial cuidado en que el servicio de esa deuda no alcance niveles en los que sea imposible pagar, sin afectar las finanzas nacionales.
“En términos generales, se dice que una deuda es sostenible cuando el país tiene la capacidad financiera de hacerle frente al servicio relacionado. La mayor parte de los teóricos acostumbran decir que una deuda es sostenible en el corto plazo… cuando la deuda no crece con respecto al PIB”, detalló.
En cuanto a los indicadores de vulnerabilidad, que fueron establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se dice que un país es muy vulnerable, cuando el servicio de la deuda sobrepasa ciertos valores críticos, detallando que esos indicadores dependen del tipo de economía que tenga el país al que se está haciendo referencia.
La deuda de un país lo hace vulnerable cuando esta sobrepasa el 30% de su PIB. Sin embargo, economías más fuertes pueden permitirse que esa deuda alcance el 40% y hasta el 50% del producto, sin que eso las acerque a una situación de crisis. Pero, ese no es el caso de Nicaragua, en donde desde 2020 el endeudamiento del país superó la barrera del 60% del PIB, lo que se mantiene desde esa fecha.
Falta de confianza
Medina Bermejo recalca lo difícil que es establecer un criterio sobre cualquier variable económica en Nicaragua, donde el “problema es que cada vez se puede obtener menos información”, por lo que a los analistas solo les queda asumir que los datos que presenta el Gobierno central son correctos para, como en este caso, definir los niveles de sostenibilidad y vulnerabilidad de la deuda pública.
El economista Marco Aurelio Peña asevera que aunque el país no sea uno de los más endeudados de la región, le preocupa qué se está haciendo con ese dinero. “Es obvio que hay un incremento del endeudamiento público, pero el nicaragüense no tiene manera de saber cuál es el destino de ese dinero, confrontar cuál es su fuente, o si es cierto que se va a utilizar para un proyecto de desarrollo, para infraestructura vial, o para construir más hospitales. No se tiene acceso, porque no hay transparencia ni rendición de cuentas”, denunció.
La preocupación de Peña se ve reforzada por una advertencia que hace Medina Bermejo al declarar que si bien en apariencia Managua está siendo capaz de manejar de forma controlada los montos de deuda y su servicio anual, eso está en dependencia de lo que vaya a pasar con la deuda que adquirió Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), cuando Ortega decidió privatizar la cooperación venezolana, inicialmente prevista para ser de Estado a Estado.
El guatemalteco alertó que la deuda del Gobierno podría verse afectada “por esos manejos raros que hizo cuando contrató por medio de empresas privadas (en referencia a Albanisa). Si la deuda la tiene Albanisa no se considera deuda pública, porque la adquirió una empresa privada, y Nicaragua no tiene problemas, pero si la contabilizamos como parte del Estado de Nicaragua, sí tiene problemas. El problema es ¿cuánto debe Albanisa?”, cuestionó.
Más dinero… ¿para qué?
Los últimos años han representados ingresos récord para el fisco nicaragüense, que ya se acostumbró a manejar más de cien mil millones de córdobas anuales… y la cifra sigue subiendo, junto con una interrogante: si cada año se recauda tanto dinero y si en la práctica el país podría financiar obras de desarrollo con esos ingresos, frenando así los niveles de crecimiento de su deuda, ¿por qué seguir pidiendo dinero prestado?
“Si alcanza el funcionamiento con los impuestos, ¿para qué me voy a endeudar? No tiene sentido estar acumulando recursos”, opinó Medina Bermejo, sin descartar que la respuesta sea que hay corrupción en el manejo del presupuesto y quizás también en los procesos, valorando la posibilidad de que se siga contratando deuda a pesar de las recaudaciones récord, “porque eso permite que haya un incremento en los saldos de caja, y eso le da mayor discrecionalidad a la ejecución presupuestaria”.La discrecionalidad de la que habla el guatemalteco, suele ser alimento para las prácticas corruptas. Peña resalta que “Transparencia Internacional ubica a Nicaragua no solo entre los países con mayor percepción de corrupción en el mundo, sino como el segundo país con mayor percepción de corrupción en América Latina”, por lo que estima que “un porcentaje nada despreciable de los fondos provenientes del endeudamiento irá a parar a patrimonios privados”, aunque será pagado con el dinero de todos los ciudadanos.
