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Un comité del Senado de Estados Unidos propuso eximir del pago del impuesto del 3.5% sobre las remesas, a los ciudadanos que posean una cuenta bancaria y envíen las remesas con cargo a su tarjeta de débito o crédito. La medida “podría mitigar el costo a muchos que no tienen seguro social, y podrían hacer los envíos usando sus cuentas bancarias”, explicó el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, el politólogo nicaragüense Manuel Orozco.
La modificación obedece, en parte, a que se calcula que la medida afectaría a unos 50 millones de personas que envían dinero de regreso a sus países, así como a las empresas del ecosistema financiero que facilitan esas remesas. El hecho que se le considere discriminatorio, y que termine cayendo dentro de la definición de doble tributación, es también un argumento poderoso para variar la redacción, tal como ahora propone el Comité de Finanzas del Senado.
El impuesto del 3.5% a las remesas está incluido en el texto del “Gran y Hermoso Proyecto de ley”, aprobado por apenas un voto en la Cámara de Representantes de EE. UU. en mayo de 2025. Las reformas o enmiendas en el Senado deben aprobarse antes del 4 de julio.
El objetivo de imponer ese tributo a las remesas es ayudar a financiar el déficit de tres billones de dólares que se acumularía a lo largo de una década, si finalmente entra en vigor el plan fiscal y presupuestario presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Los migrantes beneficiados con el cambio
El cambio sería beneficioso para la mayoría de ciudadanos de India, China, Vietnam, Jamaica, Nigeria, Filipinas y República Dominicana, porque más del 80% de los nacionales de esos países, cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos. La situación cambia cuando se constata el alto porcentaje de hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, venezolanos, salvadoreños y haitianos que aún no tienen sus papeles en regla.
En el caso de los nicaragüenses, Orozco calcula, con datos cortados a 2024, que hay unos 850 000 que viven en Estados Unidos, de los cuales 85% (o sea, unas 720 000 personas) está en un estatus irregular. “Los cambios en la ley, que básicamente piden prueba de cotización de impuestos federales usando el número de seguridad social, afectarían a muchos nicaragüenses, porque la mayoría no lo tiene”, explicó.
Al explicar por qué la nacionalidad nicaragüense está entre las más afectadas (solo después de la hondureña, que exhibe un 87% de ciudadanos en condición migratoria irregular), Orozco explica que se trata de la segunda población con el mayor número de personas sin papeles.
En este caso, detalla que los que estaban bajo el parole humanitario podían solicitar su número de seguro social, porque recibían autorización para trabajar, “pero eso ya lo quitaron”. Luego, admite que es posible que los que solicitaron asilo —cuyo número calcula en 60 000— tengan autorización de trabajo y que hayan pedido su adscripción a la seguridad social, pero calcula que la mayoría no lo hizo.
Impuesto a las remesas, golpe a la economía de Nicaragua
Si el impuesto del 3.5% a las remesas hubiera estado vigente desde inicios del año, los nicas en Estados Unidos habrían tenido que pagar 42.3 millones de dólares al Gobierno federal de ese país, lo que podrían haber deducido de los montos que planeaban enviar a sus familias en Nicaragua.
La disminución en el monto de remesas que recibe el país —ya sea por la aplicación del impuesto, o por la disminución en el número de remesantes, ante la cacería de ilegales impulsada por el Gobierno de Donald Trump— tendría serias consecuencias para la economía nacional. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), muestran que en 2024, el país recibió 5243.1 millones de dólares en concepto de remesas. La fuente principal fue Estados Unidos, con 4340.2 millones de dólares, representando el 82.8% del total.
Esa proporción mejoró ligeramente durante el primer trimestre de 2025, cuando se recibieron 1441.3 millones de dólares, de los que 1208.0 millones de dólares (83.8% del total), provino de Estados Unidos. De todo ello, Orozco concluye que “el impacto de esa ley afectaría a muchos nicaragüenses”, tanto dentro, como fuera del país.
Obligar a más del 80% de los remesantes a pagar el impuesto, generaría un impacto “muy complejo, porque un migrante puede decidir enviar menos o irse por la vía informal y exponerse a pérdidas. Sin embargo, su efecto sobre el receptor será que el hogar puede llegar a recibir 7% menos el primer año”, sostiene el politólogo nicaragüense.
El efecto es también importante al verlo como país, siendo que la economía nicaragüense exhibe una alta dependencia de esas remesas. “Dado que en Nicaragua no existe una estrategia de crecimiento económico —más bien una captura del Estado, es decir, una situación de cleptocracia y corrupción sistémica— la desigualdad y la privación de bienes aumentará, en medio de un declive migratorio y de remesas”, concluye Orozco.
