18 de enero 2016
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En febrero de 1994, el entonces Ministro Director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Emilio Rappaccioli, anunció con evidente incomodidad, que luego de adelantar la hora durante más de dos años, para disminuir la factura petrolera, el país había logrado ahorrar… US$750,000. El jueves pasado, el actual Director Ejecutivo del INE, David Castillo, vivió su propio ‘momento Rappaccioli’ cuando anunció que a pesar el ahorro de US$140.2 millones en la importación de petróleo —una reducción del 57.1% en la compra de búnker, combustible con el que se produce cerca del 50% de la energía que se genera en el país— solo se haría una rebaja del 4% en la factura de energía.
El anuncio no dejó contento a los empresarios del sector privado que tienen el pago de electricidad entre sus principales costos de operación. “El peso de la energía en la estructura de costos de la actividad económica, ya sea familiar, empresarial, etc., anda como en el 5% y va subiendo hasta llegar al 12% y al 20% en algunas actividades que dependen mucho de la energía”, señaló el economista Alejandro Aráuz.
“Veo que no hay un interés real de apalancar los sectores productivos, de mejorar su consumo y su productividad, aprovechando este ciclo [de bajos precios] que terminará en 2017 o 2018, cuando el petróleo vuelva a subir. Este ciclo se podría aprovechar para mejorar los factores de productividad de sectores como comercio, industria, construcción, etc.”, recomendó.
Basado en los cálculos iniciales de la Cámara de Energía de Nicaragua, que cifraba el ahorro en US$130.2 millones, el presidente del Cosep Jose Adán Aguerri declaró, antes de la decisión de INE, que “la tarifa debe bajar en un 10% adicional al 10% en que disminuyó en el 2015”.
“Hay que reducir la tarifa si queremos ser más competitivos, y porque es una realidad de mercado: se redujo el costo de generar electricidad, se tiene que reducir el precio al que se consume”, sentenció.
29 horas después, cuando ya se había oficializado la disminución de solo 4%, Aguerri celebró el anuncio por considerar que “la rebaja a las empresas permitirá compensar la baja en las exportaciones que tuvimos en el 2015, e incidirá para que baje la inflación, que fue de 3.05% en el 2015”.
“Con números en mano, resulta evidente que una disminución del 10% al 12% hubiese sido la más apropiada, y habría tenido un verdadero impacto en la economía, y la hubiera hecho más competitiva, como propugna el Cosep”, dijo el abogado César Aróstegui, especializado en temas de electricidad y energía.
Rebaja debió ser de 10%
Diversos expertos en temas de electricidad consultados por Confidencial, se mostraron en desacuerdo y hasta decepcionados al saber que la rebaja se quedaría en 4%... y que el mismo sector privado que apenas horas antes la hacía oscilar entre 10% y 12%, había ‘bendecido’ la decisión de Daniel Ortega.
“Debería haber sido al menos, el mismo 10% que se dio en abril porque los precios del petróleo, en este último semestre, están más bajos que a inicio del año. Debería haber sido mayor, o cuando menos, igual que la disminución del 10% que se dio el año pasado”, opinó Patricia Rodríguez, experta en temas eléctricos.
“Mi impresión es que esto es como cuando le das un caramelo a un niño para que se calme un poco”, dijo el abogado Aróstegui. “Los expertos estiman que una rebaja del 4% es totalmente irrisoria, cuando el búnker está a precios del 2004. No hay ninguna relación entre el precio del búnker y la rebaja de la tarifa de electricidad. No tiene explicación técnica ni financiera”, reclamó.
En la misma línea, el economista Alejandro Aráuz cita como ejemplo a una pyme o una familia que consuma 200 Kv al mes, y pagaría un poco más de C$1,200 “así que su ahorro mensual rondaría los C$50. No tendrá impacto alguno”.
“Dicen que la rebaja del año pasado fue 10%, y ahora sacan pecho diciendo que llegará a 14%, y que seguirá subiendo escalonadamente, de 4% en 4%, con lo que llegaría a diciembre en 26%, pero no es cierto que para entonces se tendrá una rebaja de 26%, porque habrá sido entregado en gotas. Al final del año el traslado del ahorro ni siquiera será perceptible, porque habrá sido tan pequeño y mínimo, que no tendrá impacto”, aseguró.
El investigador en temas de energía, Narciso Mayorga, fue más allá al recordar que “la gente dice que no siente que haya bajado la factura, y tiene razón porque de abril a diciembre del 2015, el costo de la electricidad subió 3 puntos por el deslizamiento de la moneda, que ni el INE ni nadie reconoce como subida, pero sí lo es”.
Aráuz también destacó que “con ese 4% también estamos asumiendo las reducciones y pérdidas de energía que tiene el sistema, por mala administración, falta de inversión y mantenimiento. ¿Qué sentido tiene que trasladen ese 4%, cuando estamos pagando más por esa ineficiencia que tiene el sector energético?”, cuestionó.
Añadió que “ese 4% no compensa ni siquiera las pérdidas que le estamos reconociendo a la empresa distribuidora. Es importante que el público conozca eso”.
Ahorro debió ser mayor
El 11 de marzo del año pasado, David Castillo, Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aseguró en una carta enviada a Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas, que a esa fecha, ya había un ahorro confirmado de US$39.5 millones.
El 14 de enero del 2016, Castillo anunció que el ahorro anual quedó en US$141.2 millones. Si bien es cierto, el precio del búnker se mantuvo alto durante cinco de los seis meses del primer semestre (exceptuando enero), el mismo siguió bajando y bajando el resto del año, hasta coronar diciembre del 2015 en US$23.1, muy lejos de los US$95 promedio, con que se calculó la tarifa a principios del año pasado.
“¡Exactamente!”, dijo la experta Rodríguez. “David Castillo declaró que en todo el año se ahorraron US$142 millones, pero si a marzo, aun antes de cerrar el primer trimestre ya se habían ahorrado casi US$40 millones, y el petróleo siguió bajando el resto del año, el ahorro total debió ser, al menos, de US$160 millones”, aseguró.
Para los expertos el problema principal no es saber si fueron US$141.2 millones, o más de US$160, sino, el problema de falta de transparencia que implica no tener certeza acerca de cuál fue la suma correcta.
Déficit de transparencia
“El problema cuando presentan estas cifras, es que no tenemos formas de verificarlas de manera independiente”, expresó el abogado César Aróstegui.
“Hay poca transparencia en todo esto. Los cálculos que hace el INE difieren de los del sector privado, o se coluden para que coincidan. Por esa poca transparencia es imposible confirmar esos datos de manera independiente, ni saber si hubo US$140 millones de ahorro, o si la rebaja debió ser de 4%, o una cantidad distinta”, dijo el economista Aráuz.
“Quizás lo más importante a destacar es la ausencia de transparencia cuando calculan los datos, tanto del INE, como del sector de energía”, reiteró.
La decisión de efectuar revisiones trimestrales, tampoco recibió aplausos de parte de los entrevistados.
Rodríguez, la experta en temas eléctricos, opinó que “las rebajas deberían ordenarse en el momento en que ocurren los ahorros. No deberíamos aceptar que se hagan revisiones trimestrales. Deberían ser mensuales, porque cada mes se conoce el precio real que tuvo el combustible en el mes. ¿Por qué, si tenemos ese beneficio, no lo estamos recibiendo, siendo que la mitad de la generación se produce con derivados del petróleo?”, inquirió.
“No estoy de acuerdo cuando celebran el haber logrado que las revisiones sean trimestrales, porque eso no es una concesión, no es una gracia: la revisión debe ser permanente. Ese es trabajo del INE”, sentenció el abogado Aróstegui.
Cosep de acomoda a decisión oficial
La justificación del sector privado para aceptar que solo se diera el 4% de rebaja en la tarifa de electricidad, es que el gobierno eligió ser ‘conservador’, y aprobar una rebaja acorde con la cantidad de dinero efectivamente ahorrado, en vez de hacerlo basado en lo que estamos supuestos a ahorrar.
“Desde el punto de vista económico, la justificación del Cosep deja mucho que desear para el sector privado, para el inversionista privado. Sin duda, hay una connotación política que no podemos dejar de señalar, de querer justificar lo injustificable. Es una posición de que más vale un poquito que nada, y eso no puede justificarse en términos políticos”, dijo el abogado César Aróstegui.
“Esa no es una justificación financiera. Es simplemente acomodarse a la decisión del gobierno. Esta no es una decisión de David Castillo, que no es más que un vocero, sino que se tomó en el gobierno central”, insistió.
“De algo debe estar consciente la población y el sector productivo: en Nicaragua difícilmente tendremos energía barata, a menos que las estructuras productivas y las intervenciones del Estado en este bien público, sean más efectivas, eficientes y transparentes”, aseveró por su parte el economista Alejandro Aráuz.
