27 de junio 2023
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Los productos volvieron a los estantes de los dos ‘clubes de compra’ que la transnacional PriceSmart opera en Nicaragua, luego del desabastecimiento parcial causado cuando el personal de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), impuso dudas de valor a la mercadería que la empresa estaba importando a través de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica.
La semana pasada, los sorprendidos clientes de los dos locales de la empresa en Managua, subieron fotos a sus perfiles en redes sociales, para mostrar una imagen que hacía más de tres décadas que no se veía en el país: áreas de exhibición que apenas unas semanas atrás estaban llenas de productos, ahora se mostraban desoladamente vacías.
Después de conocerse la noticia, y ante una petición hecha por CONFIDENCIAL para que emitieran una declaración, la empresa indicó en un comunicado que “situaciones externas ajenas a nuestra voluntad han causado algunos retrasos en el abastecimiento de productos importados a nuestros Clubes en Nicaragua”.
Añadieron que “nuestro equipo está gestionando los trámites correspondientes para agilizar el proceso de abastecimiento y poder entregar las mercancías lo más pronto posible, evitando retrasos adicionales o inesperados”. Hasta el momento de redactar esta nota, PriceSmart no había publicado nueva información que permitiera entender cuál fue el origen del problema, y cómo se resolvió.
Es normal que te cobren demás
Las fuentes del sector —importadores, agentes aduaneros y comerciantes— dijeron en su momento a CONFIDENCIAL que la razón detrás del desabastecimiento, era la retención de casi una treintena de contenedores, luego que la DGA les aplicara ‘dudas de valor’, tecnicismo que se aplica cuando el ente recaudador sospecha que el valor de compra de la mercadería, es mayor que el declarado.
El problema, según lo explicaron las fuentes, es que siendo las dudas de valor parte de la nueva normalidad que vive Nicaragua (el mecanismo se aplica como una forma de recaudar más impuestos de forma ilícita; o para negociar una coima, o para afectar a ese importador, en beneficio de algún competidor; o las tres a la vez), resulta raro que PriceSmart no optara por dejar un depósito, sacar y comercializar su mercadería, y decidir después si la peleaba o no.
Normalmente “se deja un depósito, y se lleva el caso al Tribunal Aduanero Tributario y Administrativo (TATA), si la decisión es pelearla. Si no, se paga la multa por la diferencia”, y se sigue tratando de hacer negocios, como si no pasara nada, aseveró a CONFIDENCIAL un empresario que ya tuvo que pasar por un problema similar con la DGA, y se resolvió luego de llegar a un arreglo con los gestores que lo visitaron en su oficina.
Habitualmente, llevar los casos ante el TATA se convierte en una pérdida de tiempo porque —como han comprobado los empresarios y gerentes de las empresas afectadas— ese Tribunal no le da la razón a ningún reclamante al que se le haya impuesto una multa o cobro adicional que supere los 5000 dólares.
Los consumidores pagan los arreglos
Este empresario admitió que no ha hablado con sus colegas —y a veces competidores— de PriceSmart, “pero me lo puedo imaginar. Seguro que llegaron a un arreglo extraoficial, del tipo ‘no atrases tus operaciones: arreglemos’, y te lo digo porque sé, por experiencia, que esas dudas de valor difícilmente se resuelven de otra manera”, lamentó.
Si bien imagina que una multinacional como PriceSmart no accede a ese tipo de chantajes —porque tiene que cumplir una serie de principios de buen gobierno corporativo, y para no meterse a problemas con la legislación estadounidense— sostiene la tesis del arreglo bajo la mesa, porque él sabe cómo funcionan las cosas en el país.
Un consultor con experiencia en temas de comercio internacional dijo que “entiendo que arreglaron las dudas de valor”. A la par, opina que en los últimos tiempos, la imposición de dudas de valor son cada vez más frecuentes, y terminan afectando al consumidor, “que es quien paga al final”.
Un gestor aduanero que explicó a CONFIDENCIAL cómo él y sus colegas tratan de instruir a los clientes que hacen uso de sus servicios para minimizar la posibilidad de que el personal de la DGA logre afectarlos económicamente, opina que “el Gobierno se echó para atrás, no solo porque afectar a un grande como PriceSmart no es bueno para la imagen del país, sino también porque esa es una empresa que recauda grandes sumas en impuestos, así que cambiaron de opinión, al comprobar que sus acciones tienen consecuencias”.
Añadió que “retener esa mercadería genera gastos por demoraje y tiempo extra de almacenamiento”, y que el sobrecosto que represente la multa, o el monto cualquiera que sea su justificación legal, que hayan pagado para sacar su mercadería, “no lo va a pagar el Estado —que fue quien generó el atraso— ni el importador, sino los consumidores”.
