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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el 7 de marzo de 2026 reformar la Ley 917 o Ley de Zonas Francas de Exportación, vigente desde 2015, para que las empresas que ya operan en ese régimen fiscal obtengan beneficios similares —o mejores— a los que recibirán las empresas que operen con base en la Ley 1264 o Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, vigente desde el 19 de diciembre de 2025.
En los últimos meses de 2025, el régimen aceleró una ofensiva para captar nuevas inversiones provenientes de otros mercados. Especialmente de su socio chino, al que ha dado más de lo que recibe. Su razón es tratar de sustituir al socio estadounidense por el asiático, aún cuando saben que ese proceso no ocurre por decreto, porque tiene sus propias dinámicas.
Un dato publicado en el Informe Anual 2025, elaborado por el Banco Central, añade una capa extra de premura: en 2025, la industria manufacturera reportó una pérdida del 6.9% de los cotizantes reportados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, (INSS). Eso representa 11 954 personas menos trabajando en ese sector.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ofrecen diez años prorrogables de exención de impuestos, mientras que las Zonas Francas de Exportación (ZFE), ofrecen 15 años de exención, pero por una sola vez. Los cambios ordenados harán que ese período de 15 años sea prorrogable de manera indefinida.
Los impuestos de las Zonas Francas
La propuesta de ley va más allá, porque manda que la exoneración también incluya el pago de los impuestos que gravan las ganancias de capital obtenidas por las empresas operadoras y sus socios, por sus operaciones en el Régimen de Zonas Francas en Nicaragua. Esto significa que estos inversionistas ni siquiera pagarán impuestos por los dividendos que generen en su calidad de accionistas de esas empresas.
En este momento, la Ley vigente exime el 100% del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas y del Impuesto sobre los dividendos obtenidos en el Régimen de Zonas Francas. Ese 100% cubre los primeros diez años de funcionamiento, y se reduce al 60% a partir del undécimo año, aunque deja abierta la opción de solicitar el 100% por diez años más. La propuesta de ley permite que la solicitud de los diez años de extensión sea permanente, con lo que, en la práctica, esas empresas no pagarían impuestos nunca.
Finalmente, se ordena que el resto de beneficios fiscales estén vigentes por tiempo indefinido, para hacer que se queden las empresas que operan en el país, y están pensando en la conveniencia de buscar otras jurisdicciones que no tengan que pagar 18% de aranceles para entrar a Estados Unidos. Todo con tal de eludir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país, al firmar el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
