4 de marzo 2017
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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, cuyo volumen dos, denominado “Delitos Financieros y de Blanqueo de Capitales”, contiene el nombre de 88 países en los que, a su juicio, se legalizan las mayores cantidades de dinero.
Entre otros, la lista incluye a Afganistán, Albania, Camboya, China, Colombia, Cuba, Ghana, Haití, Honduras, Irán, Iraq, Malaysia, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Turkmenistán, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam… y Nicaragua.
En el documento se asegura que el sistema financiero y la economía nicaragüense “son vulnerables al lavado de dinero porque el país sigue siendo una ruta de transbordo para las drogas ilegales con destino a Estados Unidos, y del dinero que regresa a América del Sur”.
Tras advertir del riesgo, el documento reconoce que “Nicaragua ha hecho importantes avances en su marco legislativo en los últimos años, creando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y abordando satisfactoriamente numerosas áreas que eran deficientes”.
De manera específica, señala que en 2016, la UAF había actualizado y ampliado la lista de entidades cubiertas por la obligación de cumplir las prácticas conocidas como ‘Conoce a tu Cliente’ y ‘Reporte de Transacciones Sospechosas’ (KYC y STR, por sus siglas en inglés), para incluir a las instituciones financieras no bancarias, poniendo así las regulaciones nacionales más cerca de los estándares internacionales.
A pesar de esos avances, también se señala que “las instituciones gubernamentales débiles, importantes informes de corrupción en todos los niveles, y la falta de imperio de la Ley, eclipsan los cambios legales o reglamentarios”.
El documento insiste en que debe abordarse el tema de “las instituciones gubernamentales débiles, las deficiencias en el Estado de Derecho, y las preocupaciones acerca de la corrupción”.
“El marco legal nicaragüense también debe reforzarse teniendo en cuenta la falsificación de identidad, la falsificación y la piratería como delitos conectados con el lavado de dinero. Sin esto, los criminales pueden llegar a ser juzgados solo por crímenes menores, lo que no es suficientemente disuasivo para que abandonen el lavado de dinero”, advierte.
Advertencia contra el CA-4
Desde hace años, el acuerdo regional conocido como CA-4, por el que los ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua pueden cruzar libremente las fronteras de los cuatro firmantes, ha sido presentado como un ejemplo de integración regional.
El Departamento de Estado no lo ve así.
“Este acuerdo es una vulnerabilidad para cada país y la región” porque posibilita “el movimiento transfronterizo de contrabando e ilícitos producto del delito, si los ciudadanos pueden saltarse la inmigración formal e inspección aduanera”, pese a que “los ciudadanos pueden ser objeto de inmigración o de inspección de aduanas”, señala el citado documento.
También se detalla que “según las autoridades, grupos de crimen organizado lavan dinero a través de los bancos, empresas de fachada, autolotes, agencias de viaje, remesas, importación y exportación de mercancías, y transporte de carga”.
De paso, se explica que puede estarse haciendo ‘smurfing’, en referencia a la estrategia de depositar pequeñas cantidades de dinero (o transferirlas en un patrón específico) para evitar que la detecten las autoridades gubernamentales.
Finalmente, se indica que “la mayor supervisión de las instituciones financieras regionales ha causado un incremento en las actividades de lavado de dinero en los países donde el desarrollo de la supervisión normativa es menos robusto”.
