21 de junio 2021
La reciente escalada represiva del régimen orteguista contra opositores, precandidatos presidenciales, empresarios y banqueros agravará la situación económica del país, que arrastra tres años de recesión a los que se suman los efectos colaterales de la pandemia de covid-19, considera el economista José Luis Medal.
El Gobierno de Daniel Ortega mantendrá una relativa estabilidad macroeconómica a costa de una contracción económica, estima Medal y la única salida a la crisis económica es “la transición democrática”, dijo en entrevista con Carlos Fernando Chamorro, en el programa Esta Semana.
Medal alertó sobre las repercusiones que enfrentaría el país al ser excluido del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y advirtió sobre la inviabilidad de un nuevo acuerdo entre el Gobierno y los grandes empresarios, después de unas elecciones carentes de legitimidad.
En las últimas tres semanas ha habido dos acontecimientos de enorme impacto en el país. Por un lado, la represión que apunta a cerrar la competencia política electoral; y, por el otro, la represión contra algunos líderes del sector privado empresarial ¿Cómo valora el impacto que pueden tener estos dos hechos en las proyecciones de la economía nacional y en las expectativas de inversión?
Obviamente que estos hechos recientes, aunado a la inhibición, prácticamente, de precandidatos presidenciales y al hecho de que las futuras elecciones no serán creíbles ni legítimas, -según ha señalado la Organización de Estados Americanos-, crea una expectativa negativa para la economía, lo cual implicará una desaceleración económica y también dependerá de la reacción de la comunidad internacional. Si este entorno político tan negativo conduce, a que, por ejemplo, se revise la participación de Nicaragua en el CAFTA- Tratado de Libre Comercio- o en la Asociación con la Unión Europea -Ada-, eso tendría repercusiones graves para Nicaragua. Además, la inversión extranjera seguiría contraída.
A pesar de que habría una ligera recuperación en este año, después de tres años de recesión, entraríamos en una seria fase de desaceleración económica.
Si la crisis política se prolonga en 2022, es difícil pronosticar, en buena medida, si vienen medidas de parte de organismos internacionales, restricción de fondos, eso sería grave para Nicaragua.
En 2018 la crisis política tuvo un impacto en el sistema financiero, en este momento no existen señales de que eso esté ocurriendo. Otros analistas dicen, hay ya una fuga de recursos humanos y de cerebros en el país, hay un incentivo mayor a la migración, pero se mantiene cierta estabilidad en el sector financiero.
Obviamente que ha habido una estabilidad en el sector financiero. Los bancos tienen niveles de liquidez bastante elevados. Sin embargo, hay que recordar que los bancos entraron en una política de contracción de sus actividades, de contracción del crédito, cierre de sucursales, disminución del personal que trabaja en los bancos, y aunque están relativamente sólidos, eso no implica que no existan importantes riesgos en el sistema financiero.
Probablemente, no habrá una fuga de capitales tan acentuada como la que se produjo en 2018, pero el hecho, por ejemplo, de que se le congelan las cuentas bancarias a 13 personas vinculadas con Funides, eso obviamente hace que muchos agentes económicos se pregunten ‘¿qué seguridad tengo de mantener mi recurso en la banca nacional?’. Probablemente esto provocará alguna fuga de capitales, no tan acentuada, pero si se complica más la situación política, pudiera haber una fuga de capitales.
El Gobierno del presidente Ortega ha mantenido una administración razonablemente estable de la macroeconomía. ¿Puede seguir manteniendo las cosas con esa estabilidad, después de una reelección sin competencia política, que no tenga un reconocimiento de legitimidad nacional o internacional?
Lo que ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica es que el Gobierno actual ha seguido políticas fondomonetaristas, de no usar la maquinita de imprimir dinero sin respaldo, mantener un déficit fiscal contractivo; ha, incluso, recaudado más impuestos, lo que ha afectado al sector privado.
En términos relativos, yo no espero una crisis de hiperinflación o macroeconómica como la de los años ochenta porque, simplemente, el Gobierno va a contraer la cantidad de córdobas en circulación. Ya lo ha contraído. Pero eso va a implicar que la relativa estabilidad macroeconómica es a costa de una contracción económica, reducir los córdobas en circulación.
Eso obviamente son medidas de tipo recesivo, y el objetivo no es solo una relativa estabilidad macroeconómica, el objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, y sin institucionalidad democrática no va haber desarrollo sostenible.
El problema es que la gente está en desempleo, que la juventud está emigrando, que la pobreza está creciendo y esos objetivos económicos son fundamentales y no se lograrán mientras no se resuelva la situación política.
¿Qué implicaciones podría tener, por ejemplo, una decisión en la OEA, ya sea de suspender al régimen o de mantenerlo en un limbo que afecte las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o, por el otro lado, que las iniciativas de ley para revisar la relación de Nicaragua con el CAFTA se apliquen a mediano plazo?
Eso sería desastroso para la economía de Nicaragua. Si se sale del CAFTA, por ejemplo, la Zona Franca, donde hay más de cien mil trabajadores, sería seriamente afectada y provocaría una grave crisis económica.
Si se disminuyen los flujos de cooperación externa, más de lo que ya se han disminuido, eso sería grave porque Nicaragua depende de las exportaciones, -que serían afectadas si se sale del CAFTA o de la Asociación de Libre Comercio-, (la economía) depende de la inversión extranjera que ya se ha contraído y depende de la cooperación internacional.
El mismo Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que es el que ha estado dando sus fondos de cooperación hacia Nicaragua tendría que evaluar, porque no se puede negar que un entorno político desfavorable afecta la economía.
El presidente del BCIE –Dante Mossi- declaró que solo analizan variables económicas estrictamente; en realidad, eso es absurdo, ni él mismo lo cree, porque el entorno político si afecta más seriamente las variables económicas, va afectar, obviamente, la decisión de cualquier organismo de financiamiento.
¿Cómo valora el futuro del sector privado empresarial y el dilema que enfrenta, después de que se produjo la ruptura con el régimen en abril de 2018? ¿Qué ocurrirá en 2022? Ortega dijo hace unos meses, ‘voy a convocar a un diálogo nacional’, refiriéndose a los sectores empresariales para tratar de reconstruir esa relación. ¿Es viable eso?
No es viable. El modelo de diálogo y consenso, en realidad, ya está finalizado. Al sector privado le conviene el Estado de derecho y la institucionalidad democrática para un desarrollo de mediano y largo plazo. Llegar en 2022 a una especie de nueva negociación no tiene ningún sentido porque el actual Gobierno no tiene, en realidad, perspectivas de mediano y largo plazo. No le conviene al sector empresarial, inclusive, volver a un modelo de esa naturaleza porque asumirían la responsabilidad, incluso, hasta de tipo político y no favorecería, en una perspectiva estratégica, a sus propios intereses.
Naturalmente, que el sector privado está adoptando la posición pasiva de no inmiscuirse en el problema -político- porque, obviamente, es un problema sumamente delicado. Pero esa pasividad, yo creo que no le conviene a sus intereses. Nadie está hablando de una posición activa política en el sentido partidario, ni cosas por el estilo.
Pero el sector privado sí tiene peso, tiene una enorme fuerza, y de manera responsable, pensando en el interés de la nación y en su propio interés como empresarios es de fundamental interés para los grandes empresarios, para los medianos, pequeños y para la ciudadanía en general que haya una transición hacia la democracia y hacia el desarrollo sostenible.
Mientras se llega a ese punto que tiene que pasar por una salida política electoral, ¿qué le ofrece Ortega al país? En la crisis de abril, en los últimos encuentros que tuvo con algunos empresarios, Ortega dijo que vamos a la economía del “gallopinto”. ¿Qué le ofrece esta “economía del gallopinto” a Nicaragua y a los propios empresarios sandinistas?
El "gallopinto" lo comerían únicamente los sectores populares, que ya sería un "gallopinto" con más arroz y unos cuantos frijoles. En cambio, un pequeño grupo que está en el poder, obviamente, seguiría en altos niveles y estándares de vida.
Esta economía del "gallopinto" no tiene ninguna viabilidad. Nicaragua es un país pequeño, altamente abierto, que depende de las exportaciones y de las importaciones. Una “economía del gallopinto” de autarquía es un absurdo totalmente. En el corto plazo no ofrece absolutamente nada.
La población tiene que estar clara, inclusive los empresarios sandinistas, las instituciones del Gobierno -incluso las de cierto tipo muy importante que tienen inversiones-, no le conviene en manera alguna la continuación de esta situación. A todos les conviene una salida, la única salida posible es una salida hacia la transición democrática. Lo demás es incluso apocalíptico.
¿Puede Ortega intentar replicar el modelo de Venezuela que ha sobrevivido diferentes intentos de cambios democráticos o el modelo cubano que no se abre todavía, ni siquiera a una reforma política?
El modelo cubano ya fracasó rotundamente, como fracasó todo el sistema de la Europa del Este, la desaparecida Unión Soviética. El socialismo del siglo XXI del modelo venezolano, ya también es un rotundo fracaso.
En realidad, el orteguismo no tiene un modelo económico, lo que le ha permitido que la crisis actual no sea tan profunda como la de Venezuela es haber conservado el libre mercado y políticas fondomonetaristas. En ese sentido, es una economía que no puede avanzar hacia un modelo socialista.
Eso no existe, eso es falso. Incluso, quienes adoptan una posición de que hay un problema entre izquierda y derecha, hasta personas ignorantes en temas ideológicos, le hacen un grave daño a Nicaragua porque en términos económicos no existe ninguna posibilidad de construir un modelo socialista o estatista, como en los ochenta o como el modelo cubano.
El Frente Sandinista evolucionó a dos tendencias: una que fue el antiguo MRS, que ahora se llama Unamos; y la otra, una tendencia que ya la conocemos, que es totalmente autoritaria, dictatorial.
Yo creo que la tendencia que evolucionó hacia una socialdemocracia, que no es ninguna excepción, es positiva, como en España el Partido Socialista Obrero Español y en Chile, el Partido Socialista. Los que dicen que este es un problema de izquierda y derecha le están haciendo un daño tremendo a Nicaragua, le están haciendo un daño a la posibilidad de una unión opositora amplia y firme, que permita una transición hacia la democracia.