13 de septiembre 2016
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Consovipe, una de las empresas constructoras emblemáticas del país, está prácticamente paralizada por juicios civiles y penales. Su director, el ingeniero Enrique Pereira Solórzano, expresidente de Amcham y directivo de la Cámara de la Construcción, está fuera del país desde hace unos meses, luego que se le conminara a pagar casi 2.1 millones de dólares, y que se ordenara captura y retención migratoria en su contra.
El origen del litigio se remonta a septiembre de 1999, cuando el consorcio ecuatoriano nicaragüense Cosami Santos CMI-Consovipe, subcontrató a la Compañía de Ingenieros Especializados S.A. (Ciesa), para que construyera parte de la planta eléctrica Cemsa-Amfels, de 27 megavatios, ubicada en las cercanías de Puerto Sandino, en el Pacífico del país.
Según la versión del ingeniero Roberto Urroz, copropietario de Ciesa, en mayo de 2000 presentaron al consorcio un cobro de 700,000 dólares en concepto de pago por el trabajo efectuado, sin obtener satisfacción económica, lo que dio inicio a un litigio que ya lleva más de 16 años de duración, y que pudo haberse resuelto a través de un arbitraje.
El demandante asegura que en noviembre de 2000, el Juez Segundo de lo Civil de Managua, solicitó a las partes que nombraran sus árbitros, pero el Consorcio binacional apeló al Tribunal de Apelaciones de Managua, que en julio de 2004, casi cuatro años después, ordenó integrar el Tribunal Arbitral.
Debido a atrasos que Urroz achaca a Consovipe, no fue sino hasta en noviembre de 2009 cuando un juez ordenó integrar el tribunal arbitral, que en febrero de 2010 (casi una década después de presentado el reclamo), emitió un laudo.
Con base al laudo arbitral, el Juez Cuarto Civil de Managua ordenó, en septiembre de 2010, que el demandado “pagara a Ciesa Rental (que había recibido de Ciesa la cesión de derechos litigiosos), la suma de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y un dólares”, refirió Urroz.
Un año después, el 15 de diciembre de 2011, la titular del Juzgado Cuarto Civil, Silvia Elena Chica, nombra como interventor judicial de Consovipe, a Rolando Urroz (hermano del demandante), aunque lo juramenta hasta el 24 de febrero de 2012. Tres días después, el nombrado Urroz intenta intervenir Consovipe, pero es rechazado por el personal de la empresa.
El 2 de marzo de 2012, Pereira introdujo un Recurso de Amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que terminaría siendo rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
Guerra de embargos
Mientras tanto, se ordena levantar el sigilo bancario que cubría a las cuentas de Consovipe, y registrar la firma del interventor Urroz como firma libradora “encontrándose que en las cuentas ingresan depósitos de los diferentes proyectos, y casi instantáneamente son trasladados en su mayoría” a una cuenta llamada ‘Enrique Pereira y Asociados (Ephaisa)’, con lo que solo se logra recuperar el equivalente al 1% de la deuda.
Aunque el juez aceptó embargar una flota de 33 vehículos propiedad de Consovipe, el primero de julio de 2012, los abogados de la empresa demandada contraacusan a Ciesa Rental y al abogado de esta, Mauricio Riguero, por hurto agravado, fraude por simulación, y asociación para delinquir, pero la acusación no prosperó, por lo que Urroz hizo efectivo el embargo de toda la flota, aunque solo se pudieron apropiar de seis de los 33 vehículos, que fueron valorados en 34,000 dólares.
Urroz dijo que también pudieron recuperar otros 52,000 dólares que una institución educativa debía a Consovipe, y que esperan recuperar otros 195,000 dólares por esa misma vía.
Al ver que la mayor parte de los 33 vehículos prendados habían sido vendidos a Ephaisa y otras empresas, Urroz decidió acusar por fraude a Pereira y al resto de la Junta Directiva de Consovipe. Según Urroz, recibió una oferta de medio millón de dólares de parte del empresario acusado, que rechazó porque es menor que el monto de la demanda inicial.
Para entonces, Pereira y parte de su familia se encontraban en el extranjero, y aunque la esposa del acusado (también directiva de Consovipe) fue detenida por unas horas al llegar al aeropuerto de Managua procedente del extranjero “fue liberada poco después, por influencias, no sé de quién”, dijo Urroz.
Fuentes empresariales vinculadas al ingeniero Pereira aseguran que el proceso incoado por Ciesa contra Consovipe adolece de legalidad y evidencia el tráfico de influencias que prevalece en la CSJ. Pero Urroz niega tener ¨padrinos¨ en la Corte y sostiene que Pereira se negó a acatar un fallo del tribunal arbitral, y que más bien intentó desconocerlo recurriendo a la Corte Suprema de Justicia, pero fue rechazado en todas las instancias.
Confidencial buscó al ingeniero Pereira y a sus abogados para conocer su versión, pero no respondieron a nuestra solicitud.
