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El principio del fin del “banco de los dictadores” en el BCIE

Eduardo Trejos: imponer límites a los créditos a Nicaragua y El Salvador es una “decisión correcta”, pero en el BCIE “faltan más acciones que palabras

Eduardo Trejos Lalli

Eduardo Trejos Lalli, exdirector del BCIE por Costa Rica. Foto: Tomada de La Nación de Costa Rica / Melissa Fernández

Carlos F. Chamorro

10 de marzo 2024

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La nueva presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, anunció este 7 de marzo a Redacción Regional que existen límites para que el Banco pueda otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y El Salvador, porque ambos países “ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir”. Tres días después, un “comunicado aclaratorio” del BCIE reafirmó que el objetivo del Banco es diversificar su cartera de préstamos en Centroamérica “y de esta forma abrir más espacio de financiamiento a todos los países de la región”. 

En una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite este domingo 10 de marzo por el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, le preguntamos a Eduardo Trejos, exdirector por Costa Rica ante el BCIE, si esta decisión significa el fin de la era de Dante Mossi, “el banquero de los dictadores” en el BCIE, y respondió que esta “decisión correcta” estaba contemplada desde hace más de dos años, por la concentración de cartera existente en ambos países. 


Sin embargo, dijo Trejos, en el BCIE “faltan más acciones que palabras”, para impulsar el restablecimiento de la transparencia, bajo un nuevo sistema de gobernanza.

Esta semana la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, anunció que el BCIE no otorgará nuevos préstamos a Nicaragua y El Salvador porque estos dos países ya han alcanzado los límites de exposición del banco y de concentración de cartera. ¿Cómo se debe interpretar esta decisión?

Es una decisión correcta. Ya la veníamos viendo nosotros desde hace dos años y medio como efecto de que, tanto El Salvador como Nicaragua, habían llegado a sus límites. En aquel momento, bajo la gestión de Mossi, habían hecho algunas argucias técnicas para que esos límites no se reflejaran de manera directa y poder seguir otorgando créditos.

Pero, evidentemente, no le corresponde a la presidencia limitar estos márgenes, sino es a través de argumentaciones técnicas que tienen que estar respaldados por el Directorio.

¿Se puede decir que con la ejecución de esta clase de decisiones está terminando la era Mossi en el BCIE?

Yo esperaría, pero faltan más acciones que palabras. Por ejemplo, lo que leí (de la presidenta) es que tenía una gestión de acceso a la información de 24 horas. Eso es poco realista. Cuando dice eso y después veo en las declaraciones que habla para algunos tipos de gestiones de información, pero las que están vinculadas a algún expediente no, entonces, la coherencia entre la retórica y las acciones afirmativas dentro de la institución es lo que marca una diferencia.

Eso, evidentemente, no se puede realizar en tres meses y tiene que dar señales de que estas políticas y la nueva gobernanza que está impulsando no tiene nada que ver con transparencia selectiva, ni programas selectivos. 

¿Cuál es el alcance de la auditoría que se está haciendo en el BCIE, si es que realmente hay un intento por establecer plenamente la transparencia? Se habla de la ejecución de los préstamos, pero también hay reclamos incluso de empresarios que dicen que han sido vetados en procesos de licitación en casos particulares de Nicaragua para favorecer el banco a empresas allegadas al régimen de Ortega.

Sí, me parece muy bien que haga un proceso de evaluación sobre las gestiones que se estuvieron dando en los últimos diez años. Pero no tiene que irse la presidenta tan largo, con sólo trabajar en la gestión de los empréstitos que están en este momento desarrollando en el área, tendría suficiente trabajo y es mucho más redituable, porque tendría posibles sujetos de sanción en la propia organización y en los propios tribunales de los países donde se encuentren y no cosas que hayan ya prescrito.

La reacción del ministro de Hacienda de Nicaragua ha sido cuestionar esta declaración de la presidenta del BCIE, alegando que carece de sustento técnico, pero además le cobra que el Gobierno de Nicaragua votó por su elección, como que si esto implicara una deuda por un favor. ¿Cómo se verá en el BCIE este tipo de reclamo del Gobierno de Nicaragua?

Es terrible, pero no me extraña de un Gobierno como el de Ortega y Murillo, que recurran a ese tipo de armas, ni a estrategias de comunicación en los límites. 

Yo hubiera preferido las acciones previas, técnicamente, para determinar los lineamientos de los topes de cartera tienen los países fundadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenés límites no cubiertos? ¿Qué pasa con la cuota de Guatemala? Todas esas previsiones, que uno tiene que hacer dentro de un banco multilateral, las tendría que poner en el tapete técnicamente para determinar qué se va a hacer con esos recursos, porque al banco no le conviene tener préstamos ociosos. 

Entonces, tiene que haber una gestión de ejecución de los montos de una manera más eficiente y muchas veces ir a buscar los negocios en los países que tenemos vinculación y no esperar a que sean solamente Nicaragua y El Salvador los que lleguen a pedir los créditos.

Esta semana se conoció también de forma coincidente que el Fondo Verde suspendió el proyecto de Bio-CLIMA al régimen de Nicaragua, que tiene un monto de 116.6 millones de dólares por incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. En este proyecto había un préstamo del BCIE de 46 millones de dólares. ¿Esta es una decisión del BCIE o de Naciones Unidas?

Lo que tengo entendido es que es Naciones Unidas. De la entrevista vi que UNOPS estaba involucrado en el tema de la gestión de los empréstitos en Nicaragua. Pero tampoco son entidades que estén exoneradas de haber cometido algunos errores dentro de una gestión muy complicada como la que se vive en Nicaragua, donde te pueden poner por escrito cualquier cosa que interese para los intereses en la argumentación que tenga el régimen de Ortega y Murillo. Si ellos sólo van a pedir papeles, les van a poner los papeles necesitan, ellos son expertos en eso. Hay que ir a ver las gestiones en terreno, hacer visitas sorpresa, hacer auditorías de corto alcance para tratar de evitar que los engañen y les mientan en la gestión de los proyectos que se están desarrollando.

La semana pasada, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha documentado los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, recomendó al Fondo Monetario Internacional y a los organismos financieros internacionales que en las relaciones con el Gobierno de Nicaragua se incorpore en sus evaluaciones las violaciones a los derechos humanos y del Estado de derecho. ¿Puede esto tener algún impacto en las relaciones entre el Fondo y otros organismos con Nicaragua?

Ojalá, pero lo que he visto de todos los informes anuales y los avances que da el Fondo Monetario son terribles. No van mejorando, van empeorando, sobre la evaluación que tienen de la gestión económica del Gobierno de Ortega-Murillo. Cada vez son más condescendientes en el manejo y en la tolerancia del cierre de las oenegés, poniéndolo como que si eso es un proceso transparente. Entonces, cualquier acción que se dirija a promover una mejor gobernanza de los empréstitos internacionales que tiene Nicaragua es bienvenida, pero yo no he visto avances en ese sentido.

¿Qué expectativas se pueden tener sobre el impacto de esta recomendación en el SICA y en los organismos del sistema de países centroamericanos?

Yo esperaría que el SICA, primero, no nombre a un testaferro de Ortega y Murillo en la Secretaría General, y luego el SICA tiene suficientes problemas y dilemas institucionales y de gobernanza, donde más bien se tiene que embarcar en una mejora constante y dejar atrás los oscuros momentos en que ha estado en los últimos años.

¿Cuánto depende esto del equilibrio político de los países que integran el SICA? Por ejemplo, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, nos decía en una entrevista que, por la naturaleza autoritaria de algunos gobiernos, él considera que no se puede avanzar en la integración política en Centroamérica y que va a quedar restringida la relación a asuntos técnicos y comerciales.

Sí, concuerdo con el presidente. Por cierto, acaban de anunciar la salida del representante de Guatemala en el BCIE y en los próximos días, muy probablemente la próxima persona asumirá ese cargo. 

Y eso es lo que determina con agendas muy concretas, muy específicas y de no muy largo alcance. Eso es lo que pasa cuando tenés regímenes como el de El Salvador o el de Nicaragua, o las carencias que tiene el hondureño y los problemas de gestión que tenemos en Costa Rica y en Guatemala. 

Así que toda la luz va a ser luz corta, no va a haber fundamento para hacer grandes avances y más bien un sostenimiento, que no se termine de despedazar todo el proceso de integración centroamericana.

A finales de febrero visitó Nicaragua el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nikolái Pátrushev, muy cercano a Vladímir Putin que se reunió con Ortega, con el jefe del Ejército, y reiteraron una alianza militar y de seguridad entre ambos países. ¿Qué impacto tiene la proyección de Rusia, desde Nicaragua, en Centroamérica?

Sí, cada vez es más complicado, no sólo con Rusia, sino con Irán y otros países que tienen características de vulnerar los procesos internos de los países en América Latina.

Costa Rica siempre ha jugado un rol importante de contención y de supervisión de estos movimientos, y es clave que Costa Rica no pierda esas características y que siga de manera cercana lo que se produzca en la región.

¿Costa Rica y Guatemala pueden representar una especie de contrapeso en el resto de la región?

Esa es la labor que le tocaría a países que quieren seguir representando un proceso de gobernanza donde puedan ser acompañados por Panamá, República Dominicana y otras alianzas hemisféricas. 

Es fundamental que todos estos países generen los insumos y los recursos necesarios para que no se disperse la atención en otros problemas que también tenemos de muy largo alcance.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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