25 de junio 2016
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El país no está usando todas las herramientas disponibles para enfrentar el cambio climático y tratar de disminuir los efectos de la severa crisis que degrada su medio ambiente. Podría sembrar más plantas, pero no se hace en cantidad suficiente. O ‘cosechar’ más agua, pero no. O hacer ambas cosas, y cobrar por ello, pero tampoco.
En esa línea, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), presentó un estudio ambiental denominado “Compensación por Servicios Ecosistémicos en Nicaragua”, en el que se analizan 16 programas de Pago por Servicios Ambientales (PSE).
“Los PSE son incentivos económicos que buscan promover la conservación y rehabilitación de ecosistemas a través de la creación de mercados donde se comercializan estos servicios ecosistémicos y tienen un gran potencial para la creación de esquemas en conjunto con la empresa privada”, señala el estudio.
Quizás el tipo de PSE más conocido sea el esquema de ‘bonos de carbono’, en donde las naciones y empresas más contaminantes del planeta, le pagan a empresas, cooperativas y propietarios de bosques por conservar sus árboles, siendo que estos ‘capturan’ carbono, con lo que aquellas pueden ‘compensar’ el daño hecho al medio ambiente.
El texto de Funides señala que en el país se han implementado 16 iniciativas de este tipo:algunas fueron ejecutadas hace años, otras están en ejecución, y otras más en diseño.
16 programas de servicios ambientales
El informe, preparado por Román Leupolz-Rist, economista principal en Economía Ambiental del Funides, se centra en determinar los niveles de eficacia ambiental y rentabilidad económica de los 16 PSE detectados en el país, encontrando que hay mucho que mejorar.
La primera recomendación que se hace pensando en términos de mejorar la eficacia ambiental, es ‘eliminar los incentivos perversos’ de algunos instrumentos generalmente usados para propiciar el desarrollo de alguna actividad ambiental pero terminan siendo usados para hacer lo contrario.
Un ejemplo de ello es que un finquero se decida a talar sus bosques para vender la madera, y luego cobrar a un programa de reforestación por volver a plantarlos.
Del mismo modo, se hace necesario identificar compradores y garantizar fuentes de financiamiento suficiente y de largo plazo, si se quiere garantizar la sostenibilidad financiera.
El documento también recomienda “definir claramente los derechos de propiedad”; “desarrollar un marco robusto de monitoreo, reporte y verificación”, y diseñar un sistema de pagos que esté “basado en resultados, y garantizar el cumplimiento adecuado”, de modo que los participantes de uno de esos programas solo reciba una compensación económica, si cumple los objetivos propuestos.
En términos de rentabilidad económica, se recomienda priorizar las áreas que presentan mayor potencial de desarrollo de un programa de PSE; o bien, aquellas áreas que están en mayor riesgo de perderse, o, priorizar las que tengan menores costos de oportunidad.
