11 de noviembre 2021
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La Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), elevó su previsión de crecimiento de la economía nicaragüense para 2021, desde el 6% en que la había situado en su informe de octubre pasado, hasta el 8.5% que pronostica en su reporte fechado el nueve de noviembre. La más reciente proyección del Banco Central, oscila entre 6% y 8%.
Cada mes, el EIU (que forma parte del Grupo The Economist), hace un análisis de Nicaragua, mezclando elementos del ámbito político con los del área económica (nacional e internacional para ambos ámbitos), y pronostica el cumplimiento de una serie de variables, entre las que destacan el PIB, la inflación, el déficit, etc.
La razón para elevar su estimación de crecimiento del PIB real para el año 2021, hasta el 8.5% indicado, es “una contracción secuencial menor de lo esperado en julio, así como revisiones al alza de las cifras de actividad” para el primer semestre del año.
Si la publicación es optimista con respecto al desempeño de 2021, no lo es para el quinquenio siguiente, donde pronostican una desaceleración brusca del crecimiento: 2% en 2022 y 2023, y 1.7% entre 2024 y 2026, como producto de los cambios en el año base de comparación, así como por “las debilidades en el entorno empresarial y el mercado laboral”.
El pronóstico de noviembre identifica cinco situaciones de riesgo, con altas probabilidades de ocurrencia y de afectación al entorno económico de Nicaragua, destacando “una fuerte disminución en el financiamiento multilateral, que avivaría los riesgos de la balanza de pagos”.
También visualizan la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones que paralicen la economía nicaragüense; una aplicación agresiva de impuestos, que empeore el entorno empresarial; un aumento del control estatal sobre la economía, y que el gobierno no logre reprimir el aumento de la delincuencia.
Sobre este último elemento, señalan que “la aceptación tácita del régimen hacia los grupos paramilitares, ha llevado a un aumento de los delitos violentos, el comercio ilícito de drogas e incluso la trata de personas. El gobierno tendrá dificultades para abordar de manera significativa el deterioro de la situación de seguridad y mantener la ley y el orden”.
Aunque el grupo mantiene su pronóstico de que el FSLN se mantendrá en el poder, no ignoran que “una de las principales vulnerabilidades del régimen, es su exposición a las medidas punitivas de Estados Unidos”, citando las sanciones a 31 altos funcionarios, incluida la vicepresidenta Murillo.
“Aunque no esperamos que medidas específicas como estas tengan un gran impacto en el régimen, existe el riesgo de que Estados Unidos intensifique la presión a través de sanciones en toda la economía, lo que eventualmente podría debilitar la posición” del mandatario, citando específicamente la aprobación de la Ley Renacer, que fue firmada este miércoles por el presidente Joe Biden.
Ejército y Policía son los que mandan en realidad
A partir de esos escenarios, consideran que si la presión política o económica aumenta significativamente, “las fuerzas de seguridad determinarán la fuerza del control de Ortega en el poder”, recordando que él tiene “un control completo sobre la policía y una fuerte influencia sobre los militares”.
Dado que los oficiales de más alto rango han sido “aplacados” con cargos en empresas estatales o de Albanisa, así como permisos y concesiones para operar en otros ámbitos, “la lealtad de las fuerzas de seguridad está asegurada, pero existe el riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran radicalmente”, advierte el EIU.
En el ámbito internacional, hacen notar que Nicaragua se verá cada vez más aislada, tanto a nivel regional como global, “a medida que el régimen se niegue a abordar las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos y las libertades políticas”.
Ese aislamiento puede llevar al cierre del financiamiento internacional, cuya generosidad reciente se ha basado en razones humanitarias, pero si Nicaragua es expulsada de la OEA, “incluso este financiamiento podría estar en riesgo”, por lo que el futuro del país dependerá cada vez más, mayoritariamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde Estados Unidos no tiene influencia directa.
En ese escenario, “el principal objetivo del Gobierno a mediano plazo será impulsar la inversión nacional y extranjera”, tratando de seducir al capital nacional con un enfoque de ‘palo y zanahoria’ para volver a poner de su lado al sector privado. El EIU considera que “las perspectivas de un retorno completo al status quo anterior a 2018… son escasas, dado el daño irreparable a la relación de la comunidad empresarial con el Gobierno”.
En el frente externo, pronostican que el Gobierno buscará atraer nueva inversión extranjera de Asia y Oriente Medio, pero “el rendimiento de estas iniciativas será mínimo”. De paso, buscarán incentivar la inversión en electricidad, reactivar el turismo y aumentar la productividad del sector agrícola; pero “el progreso en cada uno de esos frentes será limitado”.
INSS sigue en crisis
En el ámbito interno, señalan que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y las empresas estatales Enatrel, ENEL y Enacal “continuarán teniendo amplios déficits, que el gobierno tendrá que absorber”, aunque esperan que “el Gobierno endurezca la política en 2022, a medida que las restricciones de financiamiento se vuelvan más apremiantes, lo que podría dar origen a una nueva ronda de reformas de la seguridad social”.
“Es probable que la mejora en la financiación del INSS engendrada por las reformas, sea de corta duración, ya que es poco probable que se ocupen de numerosos problemas, incluidos los abultados costos administrativos, y su política de inversión errada. Además, sin una resolución al conflicto político y mejoras significativas en el entorno empresarial, el INSS no podrá ampliar su base de contribuyentes a un ritmo sostenible”, advierten.
En los años siguientes, ni el INSS ni el PIB podrán crecer de forma significativa por “una serie de factores”, comenzando con la mala gestión de la pandemia de covid-19: al 8 de octubre, solo el 5% de la población estaba completamente vacunada. “Dados los retrasos en la adquisición y distribución de vacunas, Nicaragua no alcanzará una inmunidad generalizada (60% a 70% de la población completamente vacunada) al menos hasta 2023”, detalló.
La llegada de las nuevas olas del virus, obstaculizarán las actividades de servicios, incluso sin imponer medidas formales de contención, “al minar la demanda de los consumidores y aumentar el ausentismo de los empleados”, avizora.
El segundo factor es la mala situación del mercado laboral. “A pesar de las sólidas cifras de crecimiento, Nicaragua experimenta una recuperación sin empleo; la economía perdió 188 688 empleos en el primer semestre de 2021”. En este contexto, se espera una desaceleración en el crecimiento de las remesas, impulsada por una reducción del estímulo relacionado con la pandemia en los mercados de origen, lo que frenará el consumo privado”.
Un último factor que pesa sobre las perspectivas a medio plazo es “el limitado acceso a la financiación con la que impulsar el crecimiento… Al mismo tiempo, el sector privado se enfrentará a un acceso limitado al crédito, debido a la elevada prima de riesgo que entraña la actividad crediticia”, adelantan.
Finalmente, identifican que “habrá oportunidades de inversión en minería, fabricación de cigarros y textiles, pero un entorno empresarial débil y un alto nivel de riesgo político, reducirán el potencial de crecimiento general”.
