5 de septiembre 2022
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El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó “extrema cautela” a quienes planeen invertir en Nicaragua, al considerar el enrarecido ambiente de negocios que domina el país; la inestabilidad política que asfixia las libertades y los cuatro años de crisis que afectan la economía, todo lo cual eleva el riesgo país hasta niveles poco recomendables para la inversión.
Si la economía mundial se detuvo a partir de marzo de 2020, al comenzar la pandemia de covid-19, eso mismo pasó en Nicaragua dos años antes, como reacción a la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los ciudadanos que protestaron cívicamente durante la llamada ‘Rebelión de Abril’.
“El régimen del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a los presos políticos y haciendo caso omiso del Estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos reputacionales y regulaciones arbitrarias”, señala la advertencia estadounidense.
Lo dice porque “en 2020, la Asamblea Nacional aprobó seis leyes represivas que alarmaron a los inversionistas”, en referencia, entre otras a “una Ley Mordaza que criminaliza el discurso político; una Ley de Agentes Extranjeros que exige que las organizaciones y los individuos informen sobre la asistencia extranjera y evita que cualquier persona que reciba financiamiento extranjero se postule para un cargo; y una Ley de Protección al Consumidor que podría evitar que las instituciones financieras tomen decisiones independientes sobre si atender a los clientes financieros, incluidas las entidades sancionadas por la OFAC”.
Haciéndose eco de múltiples denuncias presentadas por empresarios de manera anónima, se indica que las autoridades fiscales incautaron propiedades luego de cobrar impuestos presuntamente arbitrarios, y encarcelado a personas sin el debido proceso, hasta que pagaron esos tributos. “Las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas extranjeras que importan productos”, reiteró el texto.
Nicaragua crecería más… si se respetaran las leyes
Al referirse al “autoritarismo cada vez más profundo del régimen Ortega-Murillo”, se menciona que “casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y el financiamiento externo caerá drásticamente más allá de 2022”, así como la esperanza del régimen en que el establecimiento de relaciones con China, después de romper con Taiwán, proporcione “nuevas inversiones y financiación para compensar su creciente aislamiento”.
Tras nueve meses de relaciones diplomáticas con el gigante chino, esas esperanzas de generoso apoyo económico e inversor, han mostrado ser sueños de escaso o nulo contenido.
En términos del desempeño económico del país, dice que el pronóstico para Nicaragua “es incierto y está sujeto a riesgos a la baja”, señalando que los economistas independientes predicen que el crecimiento de nuestro PIB se desacelerará considerablemente a una tasa de menor al 3.0% en 2022, recordando que, si en 2021 el crecimiento “fue inesperadamente alto”, eso ocurrió luego de tres años de contracciones, entre 2018 y 2020.
Al enlistar algunos datos macroeconómicos, la publicación consigna que el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento de entre 4.0% y 5.0% para este año; que la inflación aumentó a 7.0% en 2021, y que el número de afiliados a la Seguridad Social, “se mantiene 6.0% por debajo de los niveles de 2018. Después de varios años de muy baja actividad, el mercado crediticio de Nicaragua comenzó a expandirse en 2021”, puntualiza.
En un esfuerzo por balancear su advertencia, el texto señala que “la economía de Nicaragua todavía tiene un importante potencial de crecimiento si se puede restaurar la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y la mejora del Estado de derecho”.
Entre los principales activos del país, incluyen amplios recursos naturales; un sector agrícola bien desarrollado; un sector privado organizado y sofisticado comprometido con una economía libre; fácil acceso a las principales rutas de navegación; y una fuerza laboral joven y de bajo costo que apoya al sector manufacturero”.
Además, recuerdan que Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial; es la fuente de aproximadamente una cuarta parte de nuestras importaciones, y el destino de unos dos tercios de nuestras exportaciones.
Buscando proyectar ‘normalidad’
El Departamento de Estado también señala a sus ciudadanos que Nicaragua busca inversión extranjera directa “para proyectar normalidad” y asegurar que tiene apoyo internacional, pero al disminuir las fuentes tradicionales de inversión extranjera, el Gobierno ha buscado cada vez más inversiones de ‘países amigos’ como Irán, Rusia y China.
También aclaran que los incentivos a la inversión se dirigen a empresas enfocadas en la exportación que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o poco calificada.
Otras observaciones incluyen la advertencia de que “los inversionistas extranjeros reportan retrasos significativos en la recepción de los permisos de residencia, lo que requiere viajes frecuentes fuera del país para renovar las visas”, y que ProNicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones, “está altamente politizada” y es dirigida por el sancionado Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.
Al explicar cómo funciona Nicaragua, indican el beneficio de tener “conexiones personales y afiliación con asociaciones industriales influyentes y cámaras de comercio”, y que si bien los municipios y ministerios pueden promulgar decisiones relevantes para las empresas extranjeras, todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto de la presidencia. “En la práctica, Ortega y Murillo mantienen autoridad de revisión de facto sobre cualquier inversión extranjera… proceso que no es transparente”, reflexiona.
Luego, en materia de facilitación de negocios, explica que, “si bien el Gobierno de Nicaragua está ansioso por atraer inversiones extranjeras, carece de un esfuerzo sistemático de facilitación de negocios y, en cambio, se basa en el compromiso individual con posibles inversionistas”, en consonancia con viejas acusaciones que señalan la importancia de tener una línea de comunicación con Ortega, que sea lo más directa posible.
Finalmente, advierten que el país no tiene un sistema de registro de empresas en línea, pese a que, para efectos impositivos, deben inscribirse en la Dirección General de Ingresos, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en su respectivo municipio, registros que “normalmente no están disponibles para el público”. También que, según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, registrar una empresa toma un mínimo de 14 días, pero suele llevar mucho más tiempo, tal como los ocho procedimientos y 42 días que se requieren para establecer una sociedad de responsabilidad limitada de propiedad extranjera.
