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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reactivó al empresario estadounidense James Randall Martin, a quien en junio de 2022 le canceló abruptamente una concesión minera. Ahora le otorgó un nuevo lote, que —según fuentes del sector minero— estaba asignado al Grupo Minero Xiloá, SA, (Grumixsa), una empresa vinculada a la familia Ortega Murillo.
Desde la revocación del permiso, Randall (Randy) Martin “desapareció del mapa” minero nacional, aseguró Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. “No se volvió a saber de él. Le perdimos la pista”, agregó el ambientalista que monitorea de forma constante todo lo que ocurre con el sector minero nicaragüense.
Eso cambió el martes 7 de abril de 2026, cuando en el Diario Oficial La Gaceta se autorizó a la empresa Plantel Los Ángeles —representada legalmente por James Randall Martin— a operar el lote “Flor de Azalea”, de 1352.29 hectáreas y ubicado en Villanueva, Chontales.
Este lote ya había sido entregado en concesión al Grupo Grumixsa, que ha tomado el relevo de la estatal Empresa Nicaragüense de Minas, (Eniminas), después de que esta fuera sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. OFAC, por sus siglas en inglés.
Martin “ahora aparece con esta nueva concesión, y esta no es cualquier concesión. Es donde está Grumixsa. O sea, donde era el plantel Maurra, que antes era Eniminas, en Villanueva”, y luego le fue entregado a Grumixsa. En el papel, ni el plantel, ni la concesión, le han sido retirados a Grumixsa, pero “ahora Martin aparece con la misma concesión. ¿Cómo es eso?”, se preguntó Ruiz.
La reaparición de James Randall Martin ocurre mientras la dictadura busca formas de congraciarse con Estados Unidos, especialmente después que expropió a la empresa minera de capital estadounidense BHMB para dársela a un socio chino. Y más después que Washington mostrara su inconformidad con ese robo.
La nueva concesión al empresario estadounidense se aprobó a través del Título de Concesión Minera número PGJ DGM 009 – 2026, firmado nominalmente por Norman Henríquez Blandón, titular de la Dirección General de Minas, ahora adscrita a la Procuraduría General de Justicia.
CONFIDENCIAL consultó al inversionista Martin vía WhatsApp, sin obtener respuestas.
Randall Martin envió carta a Gustavo Porras
James Randall Martin recibió una concesión minera en 2015 para operar en Chontales, donde inauguró el Plantel Los Ángeles en 2016. Cuando la concesión fue revocada, el empresario envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras. En ella pedía una reunión para conversar sobre la amenaza de cierre que se cernía sobre la empresa. El cierre afectaría a más de 1000 mineros artesanales, así como a 130 trabajadores directos, se alegaba entonces.
Después que Martin solicitó la reunión con Porras, la empresa siguió operando normalmente, comprando material (broza) y procesándolo para extraer el oro. En especial, después que “les restituyeron la concesión”, tal como lo confirmó en su momento, una fuente de la industria. No se conocen los detalles de lo que Martin habló con Porras, ni si esa fue la razón para que le dejaran seguir operando la concesión.
En marzo de 2023, la situación se revirtió. En ese momento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), canceló la concesión minera otorgada a Plantel Los Ángeles, con base en el municipio de La Libertad, (Chontales). La fuente que confirmó la noticia no fue otro más que el propio director ejecutivo (CEO) de la empresa, Randall Martin, en una comunicación enviada a los trabajadores del Plantel.
Al momento del cierre, la minera —que también operaba en el departamento de Río San Juan— tenía una capacidad de procesamiento de 150 toneladas diarias de broza. Los salarios pagados, los impuestos locales y otros rubros, representaban una inyección de 15 millones de dólares a la economía local, según el sitio web de la empresa.
Datos de la nueva concesión
Según la publicación en La Gaceta, James Randall Martin tendrá cuatro años para iniciar actividades de exploración en cualquier parte del lote aprobado. La concesión puede ser cedida, traspasada, dividida, arrendada y fusionada con otras concesiones de la misma clase, “previa autorización de la Dirección General de Minas”. Mientras tanto, Martin se compromete a pagar a la Administración de Rentas más cercana al sitio de la operación, 12 382 córdobas por el primer año.
La cifra sube año con año, hasta situarse en 37 145 por el segundo año, y 74 290 el tercer y el cuarto año. Pasa a 148 580, el año cinco y el año seis; Se eleva a 198 107 córdobas el séptimo y el octavo años. Redondea 396 213 córdobas el noveno y el décimo año, pasando a tributar 594 320 córdobas a partir del undécimo año. En total, 1 485 800 córdobas (unos 40 569 dólares) en diez años.
También deberá entregar el 3% “del valor de las sustancias extraídas”, en concepto de derecho de extracción o regalía. Desde luego, si es que llega a extraer y a exportar algo.
