17 de mayo 2018
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Los temas de seguridad para los estudiantes y justicia para las víctimas, siguen estando en el primer y segundo lugar de la agenda que presentará el viernes la coalición de organizaciones estudiantiles, empresariales, obreras, sociales, académicas y campesinas, durante la primera sesión del Diálogo Nacional que quedó instalado en la mañana de este miércoles.
Una vez resueltos esos puntos, los dialogantes que representan a la ciudadanía que demanda el fin de la dictadura, se centrarán en el tercer gran tema: democratizar el país, lo que pasa necesariamente por la renuncia del mandatario, y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo.
Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), recordó que desde hace dos semanas enviaron la agenda del sector privado a la Conferencia Episcopal.
Chamorro expresó su “decepción” por el discurso del presidente Ortega en el diálogo, porque desaprovechó una oportunidad. “Se habló de dos mundos completamente diferentes: mientras por un lado hay represión, y unos muchachos que están fuera de sus casas por más de 20 días, las autoridades se pusieron a tocar el tema del INSS, como si eso era lo que vinimos a hablar”, indicó
“En el orden de prioridad pusimos el tema de la seguridad física y la integridad” de los representantes ante el diálogo, así como de miles de manifestantes en todo el país, “y llevar a la justicia a las personas que cometieron estos delitos”, dijo al ser entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12.
Una vez que se resuelvan ambas demandas, los dialogantes pretenden centrar la atención en la búsqueda de una salida pacífica y ordenada del matrimonio Ortega-Murillo. De preferencia este mismo año, lo que chocará con la intención manifestada de la delegación gubernamental de centrarse en la discusión de temas económicos para oxigenar al Ejecutivo, y permitirle concluir su periodo constitucional en 2022.
Aunque es previsible que la delegación oficial se enroque en el argumento de ceñirse a cumplir lo que ya establece la Carta Magna, el doctor Carlos Tünnermann Bernheim recuerda que ya existe un precedente de hace 30 años, que sirvió para sacar ¡precisamente! a Daniel Ortega del poder.
“Creemos que en estos momentos cabe discutir en el Diálogo Nacional la posibilidad de un adelanto de las elecciones. ¿De cuánto tiempo debe ser ese adelanto? Eso también lo podemos discutir”, detalló el jurista.
Treinta años después…
Aunque no se trate de las mismas circunstancias –aquella era una guerra civil y de agresión externa, esta es una rebelión cívica- Tünnermann recuerda que ya hay un precedente que puede servir de referencia al momento de buscar una salida: los Acuerdos de Esquipulas, en los que se estableció el adelanto de las elecciones que inicialmente estaban previstas para noviembre de 1990, y finalmente se efectuaron en febrero de ese mismo año.
“Se hizo una reforma constitucional, y se tuvieron que quitar nueve meses del periodo que estaba cumpliendo Ortega. El mismo Ortega firmó esos acuerdos. Quiere decir que ya hay un precedente histórico que muestra que eso es posible mediante una reforma constitucional”, interpretó.
De paso, señaló que si bien es cierto la norma dicta que una reforma constitucional requiere de hacerse en una legislatura y ratificarla en la siguiente “no es necesario que tenga lugar en una legislatura en este año, y esperar hasta el 2019”.
“La situación que está viviendo el país -que describo como un estado de rebelión cívica, similar a lo que dijo monseñor Abelardo Mata, que le llamó revolución cívica- se tiene que traducir precisamente en una decisión que se tome en el Diálogo Nacional, para lo cual se necesita voluntad política. Los delegados del Gobierno tienen que llevar la suficiente autorización para tomar acuerdos con consecuencias políticas”, demandó.
La democratización también pasará por hacer cambios en todas las instituciones: la Corte que administra la Justicia, el Consejo que cuenta los votos, la Policía que debe proteger a los ciudadanos, y hasta la Fiscalía que deberá llevar ante la justicia a quienes resulten señalados por las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Modelo Gobierno-Cosep “está muerto y sepultado”
Una vez que concluya el Diálogo Nacional, el país y las autoridades que surjan de él tendrán que instaurar una nueva forma de negociación con el sector privado, habida cuenta de la confirmación de que el ‘modelo de consensos y alianzas’ ya fracasó.
“Creo que está clarísimo que el modelo anterior está muerto y sepultado”, asegura el economista Juan Sebastián Chamorro, recordando que por varios años Funides –el centro de pensamiento que él dirige- “cuestionó y criticó el modelo de concertación económica, y decíamos que si bien es cierto traía algunos beneficios económicos, era completamente insostenible”.
Ahora “muchos líderes empresariales se han dado cuenta que los beneficios que generó durante todos estos años se desmoronaron muy rápidamente. Lo que escuchamos ahora es que si se ha sabido que todas estas muertes iban a ser el resultado de todo este proceso, tal vez hubiéramos sido un poco más críticos para tratar de evitar una situación de este tipo”, admitió.
A futuro, lo que cabe es “reconstruir el modelo, basado en la Constitución y las leyes”, como lo reconoce el sector privado en un comunicado firmado por el Cosep, AmCham, Funides, y los consejeros del Cosep.
Ello implica regresar a las vías legales que contempla la Constitución, que en este caso es la Asamblea Nacional, en el supuesto que Nicaragua vuelve a ser un Estado de derecho donde hay elecciones libres y democráticas, argumentó Chamorro.
Healy: un nuevo Gobierno
El presidente de Upanic y delegado del sector privado al diálogo nacional, Michael Healy, dijo que “Ortega vive en el mundo de El Carmen. Él no está viendo la realidad de este país. Yo le diría que si tiene miedo que lo maten, que se monte en un helicóptero y vaya a recorrer el país, y vea la situación real, que ese es el deber de un presidente, para tomar las medidas claras y concisas”.
Insistió en que desde el inicio se le ha dicho que “la demanda es por justicia, castigo para los culpables, seguridad para los jóvenes, los campesinos y la población que se están manifestando pacíficamente, y la democratización de Nicaragua”.
“Al final de este diálogo, deberíamos de tener un nuevo gobierno, un gobierno interino que venga a poner el orden y llamar a elecciones libres. Un gobierno independiente, no el gobierno de Ortega”, afirmó.
¿Cuál es la posición del sector privado si fracasa el diálogo?
“Hay que evaluar, si la solución es un paro nacional, debería ser eso, pero el país está semiparalizado. Se esperaba hoy una respuesta del presidente, y la vimos totalmente negativa.”
“Estamos cansados de llamar a la paz y al cese de la violencia. Los que están matando son la Policía y la JS vestidos de civiles, con fuerzas paramilitares” controladas por el Gobierno.
“Si quiere él que haya paz, que pare y traiga a sus cuarteles a la PN y al mismo tiempo que desarme a los paramilitares, que posteriormente le harán un daño más grave a este país”, indicó Healy.
