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Después de un poco más de 24 horas de haber sido cerrado por presunto “incumplimiento fiscal”, los dueños del Hotel Morgan’s Rock Ecolodge recuperaron el control del local la tarde del viernes 20 de febrero de 2026. Fuentes vinculadas al sector empresarial indicaron que se trató de un período de intensas negociaciones con la Dirección General de Ingresos (DGI), y con la Procuraduría de Justicia para dilucidar el reclamo fiscal del Estado.
Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, pero fuentes empresariales indicaron que el hotel abrirá nuevamente sus puertas al público en el resto del mes de febrero y en marzo de 2026.
El motivo del cierre temporal
El jueves 19 de febrero de 2026, la DGI ordenó el cierre del Hotel alegando “incumplimiento fiscal”, según un aviso que fue colgado en un rótulo a la entrada del sitio turístico, ubicado en una reserva en la ruta costera en la ruta de la Carretera Costanera, entre San Juan del Sur y Tola. Al efectuar el cierre, funcionarios del régimen sacaron a los huéspedes que estaban alojados en las instalaciones, y procedieron a cerrar el local.
En una comunicación subida a sus redes sociales mientras persistía el cierre, la administración del hotel explicó que estaban “en proceso de finalización de acuerdos con las autoridades del Gobierno de Nicaragua para poder solventar nuestros asuntos fiscales”. No se informó del monto de los cobros reclamados, ni de los períodos supuestamente adeudados.
Según fuentes empresariales, Morgan’s Rock ha sido objeto de por lo menos cinco auditorías fiscales por reclamos millonarios hechos por el fisco en los últimos años. En el transcurso de la semana, los propietarios estuvieron negociando los reclamos fiscales con la DGI y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), sin embargo, el jueves 19 de febrero se produjo la intervención.
CONFIDENCIAL pudo confirmar que los representantes de Morgan’s Rock estaban negociando el reclamo fiscal con la Procuraduría General de Justicia, con el propósito de lograr la devolución del hotel y su reapertura, tal como finalmente ocurrió.
“En ningún momento hemos sido amenazados de expropiación. Nuestro objetivo es solventar nuestras obligaciones y poder trabajar a la brevedad en continuar promoviendo a Nicaragua como un destino turístico de clase mundial”, aseguró la administración del hotel.
“Como inversionistas, nos sentimos confiados en que pronto podremos volver a abrir nuestras puertas al público. Este es nuestro sentir profundo, y cualquier otra comunicación o interpretación de los hechos que quieran atentar contra la paz y la seguridad de nuestro hermoso país, es ajena a nosotros. Sugerimos no darle ningún crédito”, añade la comunicación.
El hotel está ubicado en una extensión de 1600 hectáreas de selva, de las que casi la mitad forma parte de una reserva privada protegida, lo que no impidió que una parte fuera incluida en el diseño original del Canal Interoceánico cuya concesión fue otorgada a Wang Jing en 2013.
La llamada Bahía de San Lorenzo, (7 kilómetros de costas de Maderas a Morgan’s Rock), estaba incluida en la ruta canalera que sería afectada, pero luego fue descartada, tras el reclamo de los propietarios de terrenos y viviendas en la zona, así como inversionistas, liderados por el propietario del hotel, Clemente Ponçon, fallecido en 2020.
De forma consistente, empresarios de distintos sectores de la economía nacional han denunciado campañas constantes de acoso fiscal de parte de las agencias recaudadoras del Estado, así como de diversas alcaldías. Esa actitud, que han bautizado como “voracidad recaudatoria”, coincide con el aumento desmedido de los tributos colectados, que en 2026 esperan rondar los 170 000 millones de córdobas.
Una fuente del sector empresarial dijo a CONFIDENCIAL, a condición de anonimato, que el cierre era “una prueba más del acoso y la extorsión de la que son víctimas los empresarios del país y una prueba más del hambre que tiene la dictadura por apropiarse de propiedades valiosas. En este caso, de un producto turístico que ya es icono de la industria turística nacional”.
