31 de enero 2024
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Nestlé, la multinacional suiza, anunció en un comunicado su decisión de cerrar sus operaciones de producción de leche en Nicaragua y trasladarla “a otras fábricas de la compañía en América Latina”, lo que representa el segundo golpe para la industria láctea nicaragüense en apenas tres meses, luego que el 27 de octubre del año pasado se conociera que Lala S.A., había decidido vender sus acciones y salir del país.
El anuncio de Nestlé se encadena con los de otras empresas extranjeras que en su momento también decidieron cerrar operaciones en Nicaragua tales como Batca, Astro Packing, New Holland, Avena Quaker, y los citados Lala y Nestlé. La guatemalteca Tomza también cerró operaciones, pero fue luego que les confiscaran sus propiedades valoradas en USD 4 millones.
En una carta firmada por Juan Gabriel Reyes, presidente y gerente general de Nestlé Centroamérica, se asegura que “sumado a decisiones estratégicas de la compañía a nivel regional sobre sus operaciones, Nestlé ha tomado la decisión de cancelar la operación de Prolacsa S.A.”, y derivarla a otras fábricas que la compañía posee en América Latina.
Esa decisión implica que Prolacsa S.A. cuya sede está en Matagalpa, y tiene acopios en Río Blanco, Muy Muy y Matiguás, cesará operaciones de manera paulatina en los siguientes meses, lo que representa un serio golpe para ese polo ganadero, que también afectará a la economía nacional al sustituir productos como la leche en polvo marca Nido que se hacía en Matagalpa para vender dentro y fuera del país, ahora tendrá que importarse desde sus plantas en México o Guatemala, donde puede fabricarse con costos más competitivos.
La empresa seguirá en Nicaragua
Nestlé Nicaragua prometió mantener su presencia comercial en el país, manejando el centro de distribución de marcas como Maggi, Nido, Nestlé, Presto, Corn Flakes, Fitness, Nesquik, chocolates Crunch y Kit Kat, Mahler, Anchor, Klim, La Lechera, Cerelac, Nestum. Además de marcas de alimentación animal como Purina, Dog Chow y Cat Chow, entre otras.
Si bien Reyes aseguró en su carta que “esta decisión obedece exclusivamente a circunstancias externas a la operación local”, CONFIDENCIAL habló con un industrial nicaragüense y con un productor lácteo costarricense quienes, desde el anonimato, pusieron en duda la tesis de las razones externas.
Lo anterior es aún más difícil de digerir, cuando se considera que, en 2020, los representantes de la empresa en Nicaragua anunciaron la decisión de invertir casi USD 5 millones entre 2021 y 2023 en su planta en Matagalpa (lo que se sumaría así a la inversión previa de USD 6 millones hecha entre 2018 y 2020), para fortalecer su operación ampliando el procesamiento de leche y aumentando las líneas de café.
También se anunció un plan de diversificación para fabricar nuevos productos lácteos, entre los que se mencionaron quesos tipos Americano, Mozzarella y Lite Line, con el sello “Hecho en Nicaragua”, para exportarse a Guatemala, El Salvador y Costa Rica, además de comenzar a producir la leche Nido Forticrece para exportar a la región y para abastecer el mercado local.
Retroceso industrial
El productor lácteo costarricense se mostró escéptico al conocer la versión de la empresa, recordando que dadas las condiciones de Nicaragua “es un poco difícil que sea más barato importar que producir localmente, porque la leche es muy barata en ese país, así como la mano de obra”.
A partir de eso cuestiona si en verdad puede ser más barato producir fuera de Nicaragua, que importar los productos desde el extranjero, lo que implica pagar transporte, seguros e impuestos de internación, para luego pasar a comercializar los productos, en vez de seguir produciendo dentro del país.
Por su parte, el industrial identificó una serie de razones internas que, a su juicio, tienen que haber incidido en la alta gerencia de Nestlé para decidir que era mejor irse del país: la política fiscal, el costo de la energía y los combustibles, la inseguridad jurídica, y la competencia desleal.
Este administrador destaca cómo la política fiscal vigente resta competitividad a las empresas que operan en Nicaragua, cuando se les compara con sus similares instaladas en casi cualquier país de la región, porque “aquí todo está gravado con IVA y ya no existen los incentivos a las inversiones industriales”, especificó.
La reforma tributaria de marzo de 2019 eliminó la exoneración del 15% de IVA, de que gozaban la compras de maquinaria industrial; triplicó el anticipo sobre la renta, que pasó del 1% sobre ventas al 3%, además que la DGI lo aplica como impuesto definitivo, independientemente de los estados de resultados anuales.
Esa forma de aplicar la ley significa que las empresas que distribuyen productos de consumo masivo tienen que enterar al fisco el 100% (o más) de sus utilidades, con lo que terminan trabajando solo para pagar impuestos, política que, a su criterio generará desindustrialización, porque resulta más rentable comprar producto terminado en otro país para venderlo en Nicaragua aprovechando la fuerza de las marcas que ya están establecidas, que invertir para crear el valor agregado localmente.
Competencia desleal
Otro factor interno que conlleva a la pérdida de competitividad industrial, es el costo de la energía -que es siempre cara a pesar de los cambios en la matriz energética- y de los combustibles, cuyo precio quedó congelado en la parte alta de la escala, con lo que los usuarios no llegan a beneficiarse de la caída en los precios del barril de petróleo.
Un tercer factor interno es la inseguridad jurídica, con un Poder Judicial que no responde las apelaciones de los importadores ante las dudas de valor que la Aduana impone arbitrariamente para aplicarle el 15% del IVA, sobre un precio base que ahora es más alto; ni falla cuando recibe un recurso judicial ante un reparo fiscal arbitrario de parte de la DGI, lo que muestra a las empresas que están en la completa indefensión. La excepción a esta forma de actuar son los elegidos del régimen, han denunciado empresarios. Aquellos que administran las empresas de la familia gobernante, o los nuevos empresarios surgidos gracias a su complicidad con el régimen.
El industrial explicó que ese favoritismo se convierte en competencia desleal porque, mientras a las empresas tradicionales les exigen pagar impuestos nacionales y municipales, Seguro Social, Inatec, y el Marena les controla cada acción con impacto ambiental, las empresas del capital derivado de su relación con el poder político, están inscritas como ‘cuota fija’ con la DGI y las alcaldías, no afilian a sus trabajadores al INSS, no pagan Inatec; y ni el Marena, ni el Mitrab los inspecciona porque “son intocables”.
