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Diez meses después de su captura, la familia del preso político Carlos Brenes sigue sin poder verlo ni conocer oficialmente su condición física. La “incomunicación” impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a su familia en “incertidumbre” y con “mucho miedo” por los antecedentes médicos del coronel en retiro y por las denuncias de que su salud se habría deteriorado bajo custodia estatal.
“Hemos recibido información extraoficial de que su salud se ha deteriorado (…) Mantener a una persona mayor de edad con las enfermedades crónicas y el estado de salud tan complejo que él tiene, pues es una forma de tortura y un trato cruel e inhumano que viola los derechos de salud y su derecho a la vida”, dijo Thelma Brenes, hija del preso político en entrevista con CONFIDENCIAL.
Brenes, de 71 años, fue detenido arbitrariamente el 14 de agosto de 2025 junto a su esposa, Salvadora del Socorro Martínez, de 68 años, durante un operativo policial realizado en su finca entre Jinotepe y Masatepe. Ambos permanecen en condición de desaparición.
“La falta de información oficial y el aislamiento en el que lo tiene el régimen no nos permite saber su estado de salud actual y nos mantiene en incertidumbre”, manifestó la hija del preso político.
Salud del excoronel ya “era frágil”
El coronel en retiro, condenado a 15 años de prisión por el régimen Ortega-Murillo, padece de diabetes crónica y desde antes de su detención “su estado de salud ya era frágil”. Durante la primera detención del exmilitar, ocurrida entre 2018 y 2019, su familia denunció múltiples obstáculos para garantizar su tratamiento médico.
“Sabemos que aún cuando la familia hacía entrega de los medicamentos completos para el mes, el Estado y el Sistema Penitenciario no le hacían entrega (…) Tenemos mucha incertidumbre y mucho miedo como familiares”, subrayó Brenes.
La hija del preso político asegura que no tienen ninguna “información oficial” sobre el deterioro de su salud.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas explicó en su informe de mayo 2026 que el “deterioro progresivo” de la salud de las personas detenidas por disentir con el régimen “ha tenido consecuencias extremas” y los diagnósticos se basan en “relatos obtenidos”, debido a las “limitaciones para acceder a valoraciones clínicas completas o documentación médica verificable”.
“Lo único que nosotros como familias sabemos es que su salud se ha deteriorado, pero detalles no tenemos”, agregó la hija de Brenes.
Temor a que salgan sin vida de prisión
La desaparición del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, y posterior muerte en custodia estatal el 30 de mayo de 2026 —según el Mecanismo— evidencia el riesgo de “mantener a una persona en desaparición forzada prolongada”. La situación “ha incrementado el temor” entre la familia del coronel en retiro.
“Si antes de Brooklyn ya teníamos temor y desde su detención hace diez meses, ahora más, porque la muerte de Brooklyn demuestra que el régimen no tiene ningún respeto por la vida de los presos políticos y el Estado debería garantizar la vida de los presos políticos y no ser una sentencia de muerte lenta”, insistió Brenes.
“Cada día que pasa sin saber cómo está mi papá o cómo está Salvadora —agregó—, tenemos el temor de que sus nombres pasen a la lista de la gente que entró caminando a los sistemas penitenciarios y que fueron detenidos en sus casas, pero que salen sin vida de las cárceles”.
En el caso de Salvadora Martínez, esposa de su padre, afirma que su detención es “injusta y demuestra la crueldad del régimen contra los presos políticos y su familia, porque criminaliza a los familiares”.
Desde la primera detención de su padre, Martínez jugó un rol importante. “Nunca abandonó a mi papá y lo visitó en la prisión, le llevaba medicamentos, hacía las visitas familiares y era la que hacía las denuncias públicas en aquél tiempo”, recordó.
Una “prueba de vida” sin propaganda
En medio de denuncias y presiones internacionales para conocer dónde están, el régimen ha cedido en exhibir públicamente a algunos presos políticos, con fotografías o videos que difunden por sus canales oficialistas. El 14 de junio de 2026, la dictadura difundió fotografías del líder miskito y preso político Steadman Fagot Müller, de quien no se tenía información desde su arresto ilegal el 14 de septiembre de 2024.
“Saber de ellos para mí es un derecho y no es un favor que el régimen nos hace, ni a mí ni a las otras familias de los presos políticos. Llevamos diez meses queriendo saber dónde están y cómo están de salud y psicológicamente”, comentó Brenes.
La desaparición forzada, considerada una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las formas más “crueles” utilizada por la dictadura orteguista.
“Para mí y para el resto de los familiares de presos políticos, eso no es una prueba de vida, sino que es una propaganda oficialista del régimen. Yo exijo una prueba de vida verificable e independiente de los dos: de Carlos Brenes y de Salvadora Martínez. Una verdadera prueba de vida con acceso inmediato a una misión diplomática, la Cruz Roja, o familiares cercanos a ellos. Es decir, sin restricciones de fotos o de video, leyendo texto oficialista o con familiares que trabajan para el gobierno”, reiteró Brenes.
Parlamento Europeo evalúa casos de presos políticos
Los eurodiputados votarán el 18 de junio de 2026 una resolución sobre la situación de los presos políticos de Nicaragua. El debate se centrará en los casos de Carlos Brenes y su esposa, Salvadora Martínez, y Brooklyn Rivera, quien murió tras permanecer más de 970 días en desaparición.
Para la hija del exmilitar es una señal de que la situación sigue siendo observada por la comunidad internacional.
“Significa que a pesar de los esfuerzos del régimen de callarnos, de silenciarnos a la familia y de normalizar el horror que vivimos los nicaragüenses, el mundo no se ha olvidado de Nicaragua (…) Es una validación de nuestra lucha y un recordatorio de que la comunidad internacional sigue vigilante y sigue documentando las violaciones de derechos humanos del régimen Ortega Murillo”, puntualizó.
La resolución de urgencia se enmarca en el artículo 144 del Reglamento del Parlamento Europeo, diseñado para denunciar violaciones flagrantes a los derechos fundamentales y forzar una reacción diplomática inmediata.
