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La difusión de fotografías del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, demacrado y en estado grave de salud, intubado en una cama de hospital, después de haber estado 971 días desaparecido como preso político de la dictadura en Nicaragua, era el augurio de un desenlace fatal, pero sus familiares jamás imaginaron que después de su muerte, tres días más tarde, continuaría la tortura.
A las 8:30 de la noche del 30 de mayo, Rivera fue declarado muerto por el Ministerio de Salud, aunque el Gobierno solamente oficializó la noticia 24 horas después. Las autoridades atribuyeron su “deterioro físico y neurológico a una bacteria generada por el virus Covid 19)”, sin admitir que estuvo prisionero del Estado durante dos años y ocho meses, en los que nunca le permitieron tener contacto con sus familiares, o ser visitado por los organismos internacionales de derechos humanos —GHREN-ONU, CIDH-OEA, Amnistía Internacional— que expresaron profunda preocupación por su desaparición y reclamaron su libertad.
La versión oficial fue desmentida por su hija Tininiska Rivera, exiliada en Costa Rica, quien recordó que aunque “él había tenido Covid en 2020, eso se superó y tenía una vida normal…unos días antes de su detención (en 2023) tuvimos una conversación muy larga, sobre toda su situación y él estaba bien, caminaba bien, comía bien…no pueden alegar, después de tres años, que no sabemos en dónde lo tenían, en qué condiciones se encontraba…lo que hicieron con mi padre fue asesinarlo durante tres años, no sabemos qué tipo de torturas habrá sufrido para llegar a ese estado y fallecer”.
El cadáver de Brooklyn Rivera tampoco fue sometido a una autopsia independiente para determinar las causas de su deceso, y aún después de muerto siguió prisionero bajo el control de la dictadura. La telaraña de poder que maneja hasta en sus últimos detalles la “copresidenta” Rosario Murillo, se negó a entregarlo a sus familiares para que pudiesen sepultarlo en la comunidad de Sandy Bay, en el Caribe Norte. Por el contrario, cuando intentaban hacer esas gestiones seis de sus familiares fueron desaparecidos, y la “copresidencia” orquestó un entierro exprés en Managua, encabezado por el presidente del parlamento, Gustavo Porras, y el magistrado electoral y “comisario” del Frente Sandinista en el caribe, Lumberto Campbell, los mismos verdugos que despojaron a Rivera de su diputación en la Asamblea Nacional y a su partido político, Yatama, de su personería juridíca. Así se cumplió aquel refrán del cinismo latinoamericano que dice “matan y van a la vela”, al que ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo agregan con desparpajo: “y también nos robamos al muerto y secuestramos a sus familiares”.
Entre el miedo y el silencio, la muerte y el secuestro de Brooklyn Rivera ha provocado una herida profunda en el caribe nicaragüense, “hay dolor, luto, hay tristeza, pero no se pueden expresar libremente”, dice el antropólogo y politólogo costeño, Miguel González, profesor de la Universidad de York, “pero la dictadura no podrá borrar el legado del líder indígena más importante en el país después del triunfo de la revolución de 1979”. Brooklyn Rivera fue uno de los organizadores de Misurasata, que reivindicó los derechos de los pueblos indígenas durante la revolución. En 1981, fue encarcelado y acusado de promover el “separatismo”, y tras lograr su libertad, se sumó al movimiento armado en la Costa Caribe contra el gobierno sandinista. En 1985, negoció los primeros acuerdos de paz y desarme, hasta lograr la suscripción del Estatuto de Autonomía de las Regiones del Caribe, que se incorporó en la Constitución de 1987. Rivera fundó el partido político indígena Yatama (“Hijos de la Madre Tierra”), y desde la transición política de 1990 participó, desde el Estado, en los movimientos sociales, y en las elecciones regionales y nacionales, en los avances y retrocesos de este proceso. Durante tres décadas Rivera fue, por lo tanto, un aliado y adversario incómodo del Frente Sandinista, siempre como interlocutor de los intereses de los pueblos indígenas, hasta que en 2023, en la deriva totalitaria de Ortega y Murillo, fue expulsado de la Asamblea Nacional y su partido político ilegalizado.
En abril de 2023, Rivera denunció a la dictadura en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en Nueva York, y cuando intentó regresar a Nicaragua por vía aérea le negaron el ingreso, imponiéndole un destierro de facto. Sin embargo, el líder indígena ingresó al país a través de la mosquitia hondureña, y fue detenido por la Policía en su casa de habitación en Bilwi, el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces fue borrado de la historia oficial, hasta que en noviembre de 2024 el régimen reconoció su detención durante las sesiones del Examen Periódico Universal de la ONU, y lo acusó por “traición a la patria, conspiración, y socavamiento de la integridad nacional”. Pero cuando la dictadura se vio obligada a publicar las fotografías de Brooklyn Rivera, agonizando en el hospital, en el lenguaje orwelliano de Ortega y Murillo nunca se mencionó al preso político desaparecido “traidor a la patria”, sino a una suerte de huésped del servicio de turismo de salud, cinco estrellas, llamado el “hermano Brooklyn”.
Los psiquiatras y expertos en sociopatía criminal, seguramente tienen diversas teorías para explicar el cálculo político de Ortega y Murillo en el manejo del crimen de Estado de Brooklyn Rivera, pero la realidad es que su muerte no representa un caso aislado, sino que responde a un patrón de aislamiento y tortura contra los presos políticos que se mantiene en la impunidad. Desde 2019, otros seis presos políticos han muerto bajo la custodia del régimen, entre ellos: Eddy Montes, asesinado de un disparo por un custodio en la Cárcel Modelo (2019); Santos Flores, permaneció preso en la cárcel Modelo durante ocho años y cinco meses en condiciones inhumanas (2021); el ex guerrillero sandinista y coronel en retiro Hugo Torres permaneció preso en la cárcel de El Chipote (2022); el ex Jefe del Ejército y general en retiro Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, fue detenido bajo el régimen de casa por cárcel, y murió bajo aislamiento en el hospital militar (2024); y los ciudadanos opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, que murieron en la cárcel después de haber permanecido menos de dos meses en prisión (2025). Sus muertes nunca han sido investigadas y permanecen en la impunidad.
Tras la muerte de Brooklyn Rivera a manos del Estado, el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a la dictadura “Murillo-Ortega” como “enemiga de la humanidad” y la responsabiliza por la muerte del líder indígena y sancionó a 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares con la suspensión de visas por su complicidad con la dictadura; Canadá, la ONU, la OEA, la Unión Europea, y 30 expresidentes iberoamericanos están demandando una investigación independiente del crimen de Estado contra Brooklyn Rivera y la rendición de cuentas de los co-dictadores de Nicaragua.
Sin embargo, a diferencia de la crisis de la dictadura somocista en 1979, cuando México y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas, la OEA desconoció el régimen de Somoza, y se formó una alianza internacional con la participación activa de Costa Rica, Cuba, Panamá, y Estados Unidos, para aislar a la dictadura, las advertencias contra Ortega y Murillo tienen, sin duda, un gran simbolismo político, pero no representan una verdadera presión continental para provocar la suspensión del estado policial en Nicaragua.
Otros nueve presos políticos se encuentran en una condición de desaparición forzada, y sus familiares preguntan “¿de quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante”, “¿en que momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?”. Todos demandan su liberación inmediata y la de otros 40 presos políticos, antes de que sea demasiado tarde.
*Este artículo se publicó originalmente en El País.
