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La desaparición forzada, considerada una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las formas más “crueles” utilizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para castigar a las personas presas políticas y a sus familias.
El abogado, Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que las personas presas políticas en condición de desaparición forzada son también sometidas a torturas psicológicas.
“En Nicaragua han habido dos tipos de desaparición forzada: por tiempo prolongado y de corta duración. Sin embargo, no significa que la de corta duración tenga menos valor que la de larga duración, es una desaparición forzada que tuvo sometida a una persona y que durante todo ese tiempo sus familiares, su abogado, no pudieron tener información”, señaló Valdivia.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Valdivia explicó que en medio de la presión internacional, el régimen intenta hacer una “lavada de cara” difundiendo fotografías y videos de personas presas políticas como ocurrió en mayo de 2026 con el líder indígena miskito Brooklyn Rivera y Angélica Chavarría, quien fue pareja del fallecido general en retiro del Ejército, Humberto Ortega.
“La prueba de vida que piden los familiares es: las visitas constantes y que pueda conversar en total privacidad con sus familiares”, agregó Valdivia.
Una tortura para familias y desaparecidos
¿Cuándo se considera que una persona presa política está en condición de desaparición forzada?
Para hablar de personas presas políticas y personas en condición de desaparición forzada hay que ver los elementos de forma diferenciada. La primera es que cuando hablamos de una desaparición forzada estamos hablando de una violación a un derecho humano.
El Estado desaparece a una persona, ya sea por agentes estatales o paraestatales, y niega la información a las personas, a los familiares. El elemento de presos políticos es un elemento de las organizaciones de derechos humanos para calificar a las personas que están en condición de detención y no por un delito común, sino por un delito político.
En el caso de Nicaragua, las desapariciones forzadas las han practicado agentes estatales, la policía. Para poner un ejemplo, en el caso del coronel (Víctor) Boitano que pudimos ver el video de cómo fue sustraído de su casa por civiles y agentes policiales, y luego han ocultado a los familiares el paradero de él.
¿Por qué las familias llegan al punto de necesitar “pruebas de vida”?
Cuando una familia solicita “prueba de vida” es porque ha agotado todos los recursos. Al menos en los casos que nosotros hemos documentado, las familias han ido a El Chipote, al Distrito 3, a los centros penitenciarios, han buscado en diferentes cárceles y les niegan la información. Muchas veces les dicen que no los tienen o que si siguen buscando van a tener represalias: pueden ser detenidos, o en algunos casos hay familiares que han sido expulsados del país, han sido detenidos en el momento que preguntan por los familiares y los expulsan del país.
Entonces, lo que queda es la denuncia pública y exigir una prueba de vida, hacerlo de manera pública porque ya de manera administrativa, visitando los centros de detenciones y buscando información con abogados, no tienen esta información y el elemento que queda es exigir una prueba de vida, porque en el caso de las personas que están actualmente en condición de desaparición forzada, son personas adultas mayores.
Doña Salvadora (Martínez), días después de su desaparición, tenía una intervención quirúrgica, no se sabe si esta intervención pudo haberse hecho y cuál es la consecuencia de no haberse hecho esta intervención médica.
¿Qué consecuencias genera una prolongada desaparición forzada tanto en la persona detenida como en sus familiares, y en la sociedad?
Nosotros hemos documentado que personas que estuvieron en condición de desaparición forzada son torturadas psicológicamente y les dicen: ´Tu familia se olvidó de vos´, ´por vos nadie está preguntando´. En el caso de los hombres, les han dicho: ´Tu esposa ya está con otro´. Y comienzan a jugar psicológicamente con la mente de las personas.
Y en el caso de los familiares de las personas en condición de desaparición forzada, la angustia, el poder buscar información, el poder escuchar y tener información que no es fidedigna, por el hecho de que solo escuchan información de otros familiares, no es información oficial. Esto se convierte en un desgaste emocional y un desgaste también económico.
Sin información sobre desaparecidos
¿Qué información tienen sobre las personas presas políticas que actualmente están en condición de desaparición forzada en Nicaragua?
La información es totalmente nula. No hay información. Los familiares preguntan y la información que les dan en los centros de detención es que su familiar no está ahí y que no fue llevado a ese lugar. Esa es la información oficial que tienen. En algunos casos, incluso, la Policía ha llegado hasta su casa y no a dar la información, sino a amenazarlos de que dejen de buscar a sus familiares y que dejen también de hacer denuncias públicas.
Algunas personas que fueron excarceladas decían que les parecía que algunas personas en condición de desaparición forzada estaban en una celda o que los escuchaban gritar. Por ejemplo, en el caso de Douglas Gamaliel (…) escuchaban que estaban practicando torturas contra una persona y escuchaban gritar a Douglas Gamaliel, pero no es información oficial.
Al menos nueve presos políticos continúan en condición de desaparición forzada. ¿Qué implica que el Estado mantenga oculto el paradero de una persona detenida, y cuál es la gravedad de esta condición?
Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos. También la desaparición forzada está en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad. Si bien Nicaragua no es firmante, este Estatuto de Roma establece los crímenes más graves que puede cometer un Estado contra las personas, y estamos hablando de crímenes cometidos por el Estado de Nicaragua que ya el Grupo Experto los ha documentado y que también se siguen practicando (…) Estamos hablando de una responsabilidad estatal.
A esto se suma que son crímenes que no prescriben. Son crímenes que pueden ser demandados en un futuro por las prácticas que está implementando el régimen actualmente en Nicaragua.
En algunas ocasiones la dictadura muestra imágenes, confirma causas o simplemente en que prisión están o si fueron enviados a casa por cárcel. ¿Qué se considera como una “prueba de vida” y que no cuenta como una?
Para ponerte el ejemplo en el caso de Brooklyn. Hemos podido ver estas imágenes de Brooklyn en una cama y eso no significa, se traduce a una prueba de vida. Las visitas que aparecen en las imágenes de Brooklyn no son familiares de él de forma directa. Su hija, y sus demás familiares, no han podido constatar la situación de salud, no han podido constatar y hacer visita hacia él, y esto no se traduce en una prueba de vida.
Una prueba de vida se constata cuando el familiar directo visita a la familia y estas visitas no son controladas por la policía, y en donde el familiar puede decirle a su ser querido: estoy en esta, esta y esta situación.
Si no se dan esos elementos, por mucho que una persona grabe un video diciendo que está en total condición humana o que muestren imágenes de una persona respirando, eso no se traduce a una prueba de vida.
¿Una aparición pública elimina o invalida la situación de desaparición forzada de una persona presa política?
La aparición pública no elimina la desaparición forzada. Recordemos que, lo que tiene que dar como una prueba de que una persona no está en condición de desaparición forzada, el Estado, es información a sus familiares, información a sus abogados, y en este caso no se puede dar por hecho de que este video, de que estas imágenes se constatan como una prueba de vida. Mientras los familiares no tengan la posibilidad de poder visitarles, de poder llevarles alimentos, paquetería, de poder estar en comunicación con él, de que puedan atenderse médicamente, esto no se traduce a una prueba de vida.
¿Cuándo la desaparición forzada se considera crimen de lesa humanidad?
La desaparición forzada en sí ya es un crimen de lesa humanidad y es una grave violación a los derechos humanos. En el momento que las personas son detenidas y se desconoce el paradero o sus familiares no tienen información de ellos, en ese momento ya estamos hablando de desapariciones forzadas.
¿Cuál es la obligación legal del Estado de informar inmediatamente sobre el paradero, estado de salud y situación jurídica de una persona detenida?
En un Estado de derecho la obligación que tienen los estados es informar a todas las personas la razón de su detención, es decir, por qué están siendo detenidas, y aquí se violentan diversos derechos: la detención arbitraria es una grave violación a los derechos humanos, y luego se suman las violaciones al debido proceso. Estas personas no tienen un debido proceso y es ahí donde en un Estado de derecho esto no debería de suceder. Esta práctica la tienen los regímenes autoritarios de detención arbitraria, violaciones al debido proceso y luego la desaparición forzada.
Un montaje de la dictadura
La dictadura exhibió imágenes del preso político Brooklyn Rivera, tras más de dos años en desaparición forzada. Antes lo hizo con Angélica Chavarría y otros presos políticos. ¿Qué hay detrás de estas “fe de vida” que hace la dictadura?
Nicaragua está en un escenario ante la comunidad internacional de presiones por la demanda de libertad de las personas presas políticas, y estamos hablando de la condición de desaparición forzada, al menos ahora, de 9 personas. Pero este escenario internacional en el que ya Venezuela, Cuba, han estado siendo señalados y que han habido movimientos de cambio de régimen (…) Nicaragua también está preparándose para poder hacer una lavada de cara a nivel internacional.
Esto no significa que se borre lo que ya hizo con estas personas. Entonces está tratando de dar información de que estas personas no están desaparecidas, que están recibiendo atención médica. Si podemos ver cuáles son los mensajes que hay detrás de estos dos casos, es: recibe atención médica especializada en estos hospitales. Luego dice Angélica: recibo visitas, recibo paquetería, recibo a mis familiares.
Lo que están tratando de demostrar es que no es lo que se ha venido denunciando y tratando de ver una imagen que el régimen está cuidando ante la comunidad internacional o ante países, de manera individual, y tratando de desmontar lo que se ha venido denunciando.
Hemos visto un patrón: tras campañas internacionales, pronunciamientos de organismos de derechos humanos o presión mediática o de familiares, el régimen presenta fotografías o videos donde las personas detenidas dicen estar “bien”. ¿Cómo interpreta esta estrategia de la dictadura?
El escenario es de acuerdo a cómo el régimen está pudiendo manejar ante la presión internacional la situación que están viviendo las personas en condición de desaparición forzada y que el régimen ahora lo está utilizando de moneda de cambio. Ya lo había hecho con los 222, luego con los 135, lo hizo con los religiosos, y lo que está haciendo, y es algo cruel, es aumentando esta moneda de cambio, aumentando con el dolor de las personas que están en esta situación, una mayor negociación que pueda tener ante la comunidad internacional.
En el caso del obispo Álvarez vimos que tienen agua y bocadillos. Con Angélica escuchamos que ve televisión y recibe kit de aseo personal. Se percibe que aparecen leyendo, bajo vigilancia o repitiendo mensajes similares. ¿Qué elementos llaman la atención de los defensores en estos videos o apariciones, y cómo se interpretan según el Derecho?
Es algo estigmatizante. Desde el derecho estamos hablando de estigmatización y también de invalidar a los familiares cuando hacen denuncias internacionales (…) Nosotros hemos documentado desde el Colectivo casos de personas que han estado en estas situaciones, que les fotografían, que les graban vídeos con comida, con camas cómodas, con todo un set que nosotros lo hemos documentado y que esto es previamente preparado para la fotografía y para el vídeo. Estas visitas, cuando se pueden tomar estas fotografías y estos vídeos, son preparadas. Sin embargo, las visitas reales no son en esas condiciones.
Igual vemos casos de personas que fueron exhibidas y luego nuevamente incomunicadas o no se volvió a saber nada, como ocurrió con Fabiola Tercero o Bayardo Arce. ¿Qué refleja esto? ¿Y qué ocurre en estos casos con la condición de desaparición forzada si vuelven a quedar ocultas?
En estos casos de Fabiola y de Bayardo, una vez que son mostrados, efectivamente, no se conoce luego cuáles son sus situaciones. Lo que sí, algo que hemos señalado y lo señalábamos desde el Colectivo en una audiencia ante la CIDH, es que estas excarcelaciones y estas imágenes no se traducen a una libertad plena. Muchas de estas personas son obligadas a ir a firmar diario a un centro de estación de Policía o son visitadas por policías. No se les permite estudiar, no se les permite trabajar, no se les permite salir de su barrio, de su casa o de la comunidad, y están totalmente aisladas. Esto tiene un doble impacto porque no se traduce solamente en la persona, sino que también llega hasta la familia, hasta ese núcleo familiar que están en estas casas comienzan también a vivir todas estas situaciones (…) Estas presentaciones no se han traducido en una libertad plena, en una libertad absoluta de las personas que han sido excarceladas.
