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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo divulgó una fotografía y un video de la presa política Angélica Chavarría Altamirano, quien fue pareja del fallecido general en retiro del Ejército, Humberto Ortega, y que permanecía en desaparición forzada desde hace dos años.
Una nota de prensa del Ministerio del Interior (MINT), divulgada el 22 de mayo de 2026, refiere que Chavarría se encuentra recluída en el Centro Penitenciario de Mujeres “por razones explicadas anteriormente”. Sin embargo, en los dos años que lleva detenida nunca han dicho las razones de su arresto.
“Durante este tiempo (desde su detención) he sido tratada con dignidad, respeto por parte de las autoridades”, dice Chavarría en el video, donde es evidente que está leyendo.
En el video, la presa política continúa leyendo: “Semanalmente recibo visitas de mi mamá, de mi hermana, al igual que paquetería por parte de ellas. Diariamente recibo alimentación, refrigerios, kit de aseo personal por parte del Sistema Penitenciario”.
“Me encuentro bien de salud, diariamente recibo atención médica, atención especializada, exámenes, medicamentos. Diariamente salgo al jardín a tomar el sol, tengo televisión viendo programas variados para distraerme”, finaliza Chavarría.
Dos años en desaparición forzada
La prueba de vida de Angélica Chavarría ocurre dos días después que la presa política cumplió dos años en condición de desaparición forzada. Sus familiares denunciaron que en múltiples ocasiones la Policía les negó información de su paradero y simplemente les repetían: “dejen de buscarla”.
“La Policía ha hostigado a familiares, ha amenazado a familiares de que dejen de buscar, dejen de preguntar por ella. Si ellos no la tienen o no dan información por qué amenazan para que la familia no la siga buscando”, cuestionó el abogado Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Chavarría Altamirano fue detenida por agentes estatales el 19 de mayo de 2024, durante un operativo policial ejecutado en contra del general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega, después de que el exjefe militar concediera entrevistas críticas contra Rosario Murillo y cuestionara el rumbo político del país.
Desde entonces, el régimen mantuvo oculto el paradero de la presa política, ni brindó detalles sobre las condiciones de su detención.
Chavarría Altamirano es una de las 47 personas —y una de las únicas tres mujeres— reconocidas como presas políticas en Nicaragua, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La falta absoluta de información oficial sobre su situación llevó primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a intervenir de manera urgente.
Ambos organismos, concluyeron que el Estado nicaragüense no solo incumplió su obligación de informar sobre su paradero, sino que además ignoró las solicitudes internacionales para aclarar su situación jurídica y garantizar su integridad física.
En junio de 2025, la Corte IDH emitió medidas provisionales a favor de Angélica Chavarría y otros detenidos considerados que estaban en “grave riesgo” ante sus desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
