#8M | Las siete presas políticas de Nicaragua

En Nicaragua las mujeres no tienen nada que celebrar. Por séptimo año consecutivo, no hay manifestaciones en las calles ni demandas públicas que alcen la voz dentro del país. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado cualquier espacio de expresión donde puedan exigir la reivindicación de sus derechos. Además, mantiene en siete mujeres presas políticas, cinco de ellas en condición de desaparición forzada.

El 8 de Marzo u #8M también se ve opacado por el deterioro acelerado de sus derechos, bajo un estado policial de facto que evidencia el “desprecio absoluto del régimen por los derechos humanos”, valora una abogada en el exilio, que pide omitir su nombre por temor a represalias.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, CONFIDENCIAL cuenta la historia de las siete presas políticas que continúan en Nicaragua, tras el destierro de 135 excarcelados en septiembre de 2024, a Guatemala. Son siete presas políticas del total de 47 reos de conciencia, según el último reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos de Nicaragua.

Se incorporó en este artículo un contador que muestra la cantidad de días que cada presa política lleva en prisión o en condición de desaparecida. El contador fue creado para actualizarse de forma automática, diariamente, hasta que ellas sean liberadas.

Evelyn Guillén, la rea política con más días en prisión

Aunque las autoridades lo niegan, informes extraoficiales y de excarceladas confirman que está en prisión, bajo condiciones inhumanas y de aislamiento

La salud de Evelyn Susana Guillén Zepeda, de 53 años, está totalmente deteriorada, según denuncias del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).

Fue capturada arbitrariamente el 5 de agosto de 2023 por su activa participación en la Rebelión de Abril, en Managua, donde apoyó a los jóvenes que estaban en una de las barricadas ubicadas en la Villa Miguel Gutiérrez. Desde entonces, sufrió asedio por parte de policías vestidos de civil y hasta fue sometida a vejámenes por “seis policías antimotines”, dejando en ella traumas psicológicos, denunció el GREX.

Posterior a su captura, sus familiares la buscaron en las cárceles de Managua y en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, pero siempre la negaron. Según el GREX, familiares de otras presas políticas de Nicaragua confirmaron que está recluida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como La Esperanza, en Tipitapa.

El 5 de septiembre de 2024, cuando el régimen desterró a 135 nicaragüenses a Guatemala, entre momentos de llanto y de silencio, repetía que “ya no vería más a sus hijos, que la lucha era dentro de Nicaragua”, pero una funcionaria del penal de mujeres le suministró tres pastillas. Evelyn jamás bajó del vehículo que los transportaba. Algunas excarceladas políticas aseguraron que Evelyn sufre problemas de depresión, la mantienen constantemente “empastillada”, y aislada en una celda con grilletes en sus pies y manos.

Según el GREX, Guillén Zepeda fue condenada a ocho años de prisión acusada de violar la Ley de Ciberdelitos y por menoscabo y traición a la patria. 

El 21 de octubre de 2024, la defensa legal de la presa política presentó un recurso de exhibición personal, que sirve para proteger su libertad individual y evitar desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias, pero no han recibido ninguna respuesta de las autoridades judiciales.

Elizabeth Henríquez, líder miskita presa por alzar la voz

Permanece en condiciones inhumanas desde que la apresaron. Le inventaron delitos y la condenaron a ocho años de cárcel

Nancy Elizabeth Henríquez fue interceptada por agentes encubiertos de la Policía Nacional, en Managua, el 1 de octubre de 2023. La mantienen aislada, sin acceso a material de lectura y en condiciones de insalubridad, según confirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A Henríquez James, de 62 años, la dictadura la condenó a ocho años de prisión por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Ella se desempeñaba como diputada suplente del legislador Brooklyn Rivera, también preso político de la dictadura, por el partido Yapti Tasba Masraka Nanih Takanka (Yatama), que significa Hijos de la Madre Tierra. La líder miskita fue despojada arbitraria e ilegalmente de su escaño parlamentario.

El 3 de octubre de 2023, el régimen también canceló la personería jurídica del partido acusándolo de menoscabar la soberanía nacional. En octubre de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a la presa política y demandó al Estado adoptar medidas para conocer el paradero de Henríquez James, pero no ha habido respuesta. 

Angélica Chavarría, la expareja desparecida de Humberto Ortega

La pareja del hermano fallecido del dictador, fue arrestada tras el allanamiento a la residencia que compartían. Su paradero es desconocido

El 20 de mayo de 2024 fue la última vez que sus familiares tuvieron algún contacto con ella. Un día antes, el 19 de mayo, Angélica Patricia Chavarría Altamirano, de 38 años, les habría expresado su preocupación de “un posible arresto” o que junto a su pareja Humberto Ortega Saavedra (1947-2024) —hermano de Daniel Ortega— les dejaran bajo “arresto domiciliario”.

Chavarría Altamirano no se equivocó. El 20 de mayo de 2024, la dictadura ordenó un allanamiento en la residencia del general en retiro, y detuvo a ambos. Además, confiscaron computadoras y celulares. 

Se considera que está en condición de desaparición forzada por el “ocultamiento de paradero y negación de visitas”. Después de la muerte del general en retiro —ocurrido el 30 de septiembre de 2024— sus familiares la buscaron en la casa que compartían. “Esa muchacha es una vaga, vive saliendo y se pierde”, fue la respuesta que recibieron, según documentó la CIDH en la emisión de sus medidas cautelares.

En 2018, Chavarría Altamirano participó en las protestas de abril apoyando a los manifestantes. Como resultado de ello, habría sufrido amenazas en su contra por parte de un vecino simpatizante del Frente Sandinista. Su desaparición no es un “evento aislado”, afirma la CIDH, que el 10 de enero de 2025 le otorgó medidas cautelares para proteger su vida e integridad.

Eveling Matus, una empresaria presa por un tuit

La acusaron de terrorismo y traición a la patria, por una publicación en X y fotos de 2018, aunque en la cárcel dicen que no hay nadie con su nombre

Los familiares de Evelyn Carolina Matus Hernández están preocupados porque no saben nada de ella desde el 26 de junio de 2024, cuando fue capturada. Tampoco se conoce su estado de salud y su paradero, aseguraron fuentes vinculadas a su familia en septiembre de 2024.  

El arresto de la empresaria, de 35 años, ocurrió después de un interrogatorio de la Policía, porque le encontraron una antigua publicación en X (antes Twitter), llamando a monseñor Silvio Báez su “verdadero líder”. En su dispositivo móvil, también encontraron fotos que la mostraban participando en actividades de protestas en 2018. Eso bastó para que la acusaran de terrorismo y traición a la patria.

Matus Hernández, graduada en Mercadeo y Publicidad, dirigía la empresa de paquetería As Soon As Possible (ASAP por sus siglas en inglés, que significa Tan pronto como sea posible). El negocio fue allanado por agentes policiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), supuestamente sin orden judicial.

Su esposo —quien en un inicio también fue detenido— ha ido en más de una veintena de ocasiones a La Esperanza para preguntar por su paradero, pero le responden que no tienen personas registradas bajo ese nombre. 

El 5 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgó medidas de protección y ordenó su liberación al constatar que existe una “situación de extrema gravedad”.

Fabiola Tercero, periodista y activista desaparecida

La periodista y activista desapareció tras un allanamiento a su casa, a pesar de las denuncias de colegas y organizaciones, nadie sabe cómo está

“¿Dónde está Fabiola Tercero?”, se preguntó en septiembre de 2024 Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras conocer que la periodista y activista feminista no fue parte del grupo de 135 prisioneros políticos desterrados a Guatemala en septiembre de 2024.

Colegas y diversas organizaciones de periodistas nacionales e internacionales preguntan por Fabiola Tercero Castro. Pero nadie ha recibido respuestas, ni la ha visto.

Aunque la censura y represión impuesta por el régimen orteguista la mantenía alejada del oficio de periodismo, Fabiola desapareció desde el 12 de julio de 2024, tras un allanamiento policial en su casa. Antes de su desaparición había fundado El Rincón de Fabi, un espacio en el que hacía trueque de libros e incentivaba la lectura.

Desde julio de 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH demandó al Estado “revelar de inmediato el paradero de la periodista”, pero a la fecha no se sabe nada de la comunicadora. 

La desaparición de Tercero Castro es otra muestra de los ataques de la dictadura contra los periodistas. 

Lesbia Gutiérrez, presa por trabajar en la Diócesis de Matagalpa

La administradora de un programa diocesano fue detenida sin orden judicial. Desde entonces, nadie confirma dónde está ni tampoco permiten verla

Sin una orden judicial, el 10 de agosto de 2024, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda fue detenida por agentes policiales uniformados y de civil en la Finca Guadalupana en Samulalí, municipio de San Ramón, Matagalpa. Desde entonces, su familia no ha tenido comunicación con ella, ni garantías de que está viva.

Su único delito fue trabajar en la Diócesis de Matagalpa, a cargo del obispo Rolando Álvarez, ahora expreso político desterrado.

Lesbia, de 58 años, era la administradora del programa Apoyo Financiero Urbano y Rural (PROAFUR) de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa desde 2006.  

Desde principios de octubre de 2024, en la cárcel La Esperanza, han permitido a sus familiares dejar paquetes con productos básicos de higiene, pero las autoridades no confirmaron si está ahí ni permiten verla. Tampoco se conoce que haya tenido algún juicio o proceso judicial.

Carmen Sáenz, presa por ser asesora de la Diócesis

La abogada y exasesora diocesana fue detenida sin orden judicial después que dijeran que solamente iban a interrogarla. Sigue detenida sin una acusación

Carmen María Sáenz Martínez es presa política en condición de desaparición forzada desde el 10 de agosto de 2024. Su detención se ejecutó cumpliendo el guión del régimen: allanaron su vivienda sin ninguna orden judicial y se la llevaron con rumbo desconocido, sin informarle los motivos o mostrarle una orden de captura bajo el supuesto de que solo la llevarían a interrogar.

Es abogada de profesión y laboró para el órgano judicial en Matagalpa hasta antes de la Rebelión de Abril en 2018. También sirvió de asesora en Derecho Canónico en la Diócesis de Matagalpa.

Sus familiares la han buscado en el Distrito Tres de Managua —que ha servido como cárcel de tortura— en El Chipote, La Esperanza y el edificio de Plaza El Sol. En octubre de 2024, la CIDH denunció que la presa política sufre de migraña y retención de líquidos, y no estarían proporcionándole medicamentos. Tampoco se conoce una acusación en su contra.

Es también beneficiaria de las medidas dictadas por la Corte IDH el 5 de marzo de 2024, en las que el órgano judicial ordenó al Estado “garantizar su acceso inmediato a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada”.

Condiciones en prisión: castigo por ser mujer

Las presas políticas en Nicaragua enfrentan un doble castigo: la represión por ser consideradas opositoras y la violencia de género institucionalizada dentro del sistema donde están recluidas. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, estas mujeres, igual que otros presos políticos, son sometidas a:

• Aislamiento prolongado.
• Falta de acceso a atención médica.
• Mala alimentación y calidad del agua, lo que ha deteriorado su estado de salud.
• Maltratos psicológicos y vigilancia constante, con restricciones en sus visitas familiares. 

“De algunas, ni se sabe por qué están presas. No hay razón para decir que estaban en primera línea de batalla haciendo oposición contra la dictadura. Unas fueron llevadas por asuntos religiosos”, cuestiona la activista y excarcelada política desterrada, Evelyn Pinto.

8 de marzo en Nicaragua, nada que celebrar

En Nicaragua, las mujeres se enfrentan a la persecución, el exilio o la cárcel. En el país esta no es una jornada de celebración, sino de denuncia y resistencia ante un Estado que ha criminalizado la lucha feminista y ha cerrado las organizaciones de mujeres en los últimos años.

Para la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema preocupante, en un país que ni siquiera publica datos oficiales sobre los femicidios. 

El tema es más grave tras el cierre de varias organizaciones de la sociedad civil clausuradas. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) estima que casi 300 organizaciones feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres han sido canceladas por la dictadura.