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La represión contra mujeres y personas LGBTIQ+ en Nicaragua —sometidas a violencia sexualizada, humillaciones y ataques contra organizaciones feministas—, forma parte del patrón de “persecución política” que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU considera un crimen de lesa humanidad.
El informe del GHREN, publicado el 10 de marzo de 2026, señala que la persecución ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo busca “neutralizar” a la oposición política, sino también “disciplinar” a las mujeres y personas LGBTIQ+ por “sus cuerpos e identidades cuando se percibían como transgresores”, es decir “castigar” el liderazgo de estos sectores y silenciar voces críticas.
Según el documento, la dictadura se ha “servido de las normas de género como arma para estigmatizar y castigar” a las mujeres y las personas LGBTIQ+ en el país.
“Las medidas adoptadas por el Estado han tenido por objeto silenciar las voces de las mujeres y las personas LGBTIQ+, desmantelar las redes dirigidas por feministas y disuadir la participación política de las mujeres y las personas LGBTIQ+”, señala el informe.
Los expertos señalaron que el aparato estatal de represión —financiado mediante el desvío de fondos públicos” a través de una “estructura paralela” que opera dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, recurrió a “estereotipos de género arraigado” para estigmatizar a mujeres y personas LGBTIQ+ que participaron en actividades políticas, protestas o defensa de derechos humanos.
Las defensoras de los derechos humanos, las estudiantes, las feministas y las activistas LGBTIQ+ que participaban en las protestas antigubernamentales de 2018 fueron de las “primeras en ser objeto de represalias”.
Formas de represión con “dimensión de género”
El informe identifica varios mecanismos utilizados por la dictadura en contra de las mujeres y personas LGBTIQ+ para “castigarlas por protestar y disuadirlas de seguir participando en actividades política vinculadas a la oposición o a la defensa de derechos humanos”. Entre ellos destacan:
- Violencia sexual y de género.
- Humillaciones de carácter sexual.
- Campañas de difamación.
- Cierres “masivos” de organizaciones.
- Persecución judicial y criminalización.
- Uso de estereotipos de género para desacreditar el liderazgo político de las mujeres.
Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos señaló en una conferencia de prensa tras la presentación del informe, que estos patrones de violencia de género “forman parte de una estrategia represiva intencional, con el propósito específico de castigar a las mujeres, a los movimientos feministas por un liderazgo de larga data como actores políticos autónomos, incluido su liderazgo desde la organización comunitaria, estudiantil, campesina y su demanda de justicia social e igualdad”.
Tratos degradantes a privadas de libertad
Las personas LGBTIQ+ encarceladas también han sido objeto de tratos degradantes.
El informe identificó que, los agentes de Policía y los funcionarios de las prisiones se ensañaban con las personas LGBTIQ+ privadas de libertad, a través de “humillaciones de carácter sexual y abusos verbales contra su identidad de género u orientación sexual”.
Los “insultos degradantes, para estigmatizarlas y deshumanizarlas”, contribuían a agravar su exclusión y aumentar su temor, señala el documento.
“Refleja un esfuerzo calculado para neutralizar los actores cuya legitimidad histórica, capacidad organizativa se perciben como una amenaza para el control total del Estado y de la población”, reiteró Peralta.
Las mujeres y las personas LGBTIQ+ críticas con la dictadura, los líderes políticos o comunitarios, los defensores de los derechos humanos o los presuntos “traidores” al FSLN eran objeto de “represalias por exigir el fin de la represión política y justicia para las víctimas”.
Ataques contra redes feministas
La persecución también se extendió contra organizaciones feministas y colectivos de diversidad sexual.
El informe sostiene que el régimen ha buscado debilitar estas redes mediante el cierre de organizaciones, la cancelación de personerías jurídicas, la criminalización de sus lideresas y campañas de estigmatización pública.
Además, el documento advierte que la persecución contra estas organizaciones no solo responde a motivos políticos, sino también a una lógica de “control social”.
Según el GHREN, las mujeres han desempeñado un papel central en la organización de protestas, movimientos estudiantiles y redes de denuncia internacional desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
Sin embargo, esa visibilidad también las ha convertido en objetivos de represalias.
Según el Grupo de Expertos, los ataques documentados contrastan “marcadamente con los avances en materia de igualdad de género de los que el Gobierno hace alarde en foros internacionales”.
El GHREN instó al régimen a restablecer el “estatus jurídico de las organizaciones de la sociedad civil”, cuyo registro fue “revocado arbitrariamente”. Además, demandó “devolverles todos los bienes y propiedades confiscados y permitir que trabajen libremente en el país”.
