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Verdugos de presos políticos presiden las Salas Penal y Constitucional de la nueva Corte “murillista”

Octavio Rothschuh en la Penal y Ana J, Guido en la Constitucional. Yader Morazán: “Más centralización y radicalización en funciones jurisdiccionales”

Nuevos magistrados de la CSJ en Nicaragua

Parte de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el plenario de la Asamblea Nacional para su juramentación, el 27 de noviembre de 2025. // Foto: Informativo Judicial

Carlos F. Chamorro

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La nueva Corte Suprema “murillista” sesionó por primera vez, tras la “renuncia” de Marvin Aguilar y el nombramiento de su sustituta, María Elsa Frixione, el jueves 4 de diciembre de 2025. En la sesión participaron los siete nuevos magistrados, la magistrada Juana Méndez, como única sobreviviente de la barrida de Rosario Murillo en la Corte, y la conjueza Patricia Delgado.

En esa primera sesión de “Corte plena”, los magistrados no eligieron al nuevo presidente ni vicepresidente de la Corte, mientras la expresidenta Alba Luz Ramos, defenestrada de facto en octubre de 2023, aún no ha sido legalmente destituida ni ha presentado su renuncia.

Sin embargo, los magistrados nombraron a cuatro presidentes de Salas, entre ellos a la exfiscal general Ana Julia Guido en la Sala Constitucional y al exmagistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh, en la Sala Penal. 

“Esta es una Corte más obediente y muchos de ellos han sido sancionados por el Departamento de Estado y señalados por el Grupo de Expertos de la ONU que investigan estructuras criminales, y estas personas al estar totalmente “quemados”, ya no les importa guardar ni siquiera el mínimo de apariencia de legalidad”, considera el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, experto en administración de justicia.

En entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Morazán analizó la instalación de la nueva Corte “murillista”.

“De alguna forma quieren echar a andar, después de dos años de parálisis, la actividad jurisdiccional dentro del Poder Judicial, pero a la vez son personas totalmente alineadas que obedecen estrictamente a los lineamientos de la línea más radical dentro del Frente Sandinista”, afirma Morazán.

Los magistrados “únicamente van a obedecer las órdenes de El Carmen”. advirtió el especialista. “Todavía hasta la semana las decisiones las tomaba Fidel Moreno (secretario de organización del FSLN) con una estructura de reestructuración, y los magistrados solamente son figuras decorativas”, agregó.

Con la renuncia del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, desde el jueves 4 de diciembre hay siete magistrados “renunciados” y también hay siete nuevos magistrados que han sido nombrados en la Corte “murillista”. ¿Qué significa esta nueva Corte Suprema, dos años después de la barrida de la Corte y de la intervención política en el Poder Judicial?

Tomando en consideración el perfil de estas personas y el contexto en el que se ha venido reestructurando, entre comillas, lo que antes fue el Poder Judicial, todo indica que están buscando una centralización y radicalización del área jurisdiccional, en que procuran eliminar las filtraciones y eliminar aquellas dudas de lealtad que pudieran existir a lo interno y alinearlos más a una sucesión de Rosario Murillo, donde no exista ningún tipo de contrapeso o problemas a lo interno de lo que antes fue el Poder Judicial.

Fuentes vinculadas al sistema judicial confirmaron que el jueves 4 de diciembre, también se produjo la primera sesión de la Corte “murillista”, con los nuevos magistrados Ana Julia Guido, Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez, José Fuertes, Shura Welcome Crawford, Rosa Argentina Solís y María Elsa Frixione, y además hicieron quórum con la magistrada Juana Méndez y la conjueza Patricia Delgado, pero en esta primera sesión no nombraron al presidente y al vicepresidente de la Corte.

Desde hace dos años que ha estado paralizada, lo que antes fue la Corte Suprema de Justicia, han venido improvisando, utilizando el modelo que tenía el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial o la Corte Plena de la Constitución Política anterior, con algunas figuras de la Corte Suprema de la Constitución Política de febrero de 2025. Incluso, los dos acuerdos que causaron controversia en Nicaragua, como por ejemplo el de los Notarios en el extranjero, fueron firmados con una especie de híbrido, el secretario general Administrativo, que actualmente está fungiendo en ese poder del Estado, pero también firmaron tres del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial anterior, lo que indica que ellos están improvisando la legalidad que pudieran tener esas sesiones. 

El jueves 4 de diciembre también se nombraron a los presidentes de las cuatro salas que van a actuar en el futuro, lo que indica, espero, que comiencen a trabajar ya, porque ya son dos años en paralización donde no se ha tocado ni un solo expediente a lo interno.

En esta sesión de la Corte no asistieron la expresidenta Alba Luz Ramos, que fue defenestrada de facto en octubre de 2023, tampoco asistió Gerardo Arce Castaño. Se supone que ambos ya no forman parte de esta Corte, aunque tampoco se ha conocido su destitución o su renuncia. ¿Cómo funciona entonces la Corte?

Siempre y cuando exista quórum, es posible que ellos puedan ejercer las funciones. Me llama la atención que integraron a una conjueza que, según la nueva Constitución Política de febrero del 2025, ya no tiene ningún rol dentro de esas estructuras. Pero están improvisando acciones que deberían de gozar de ciertas formalidades legales para que tengan validez. 

El jueves nombraron, por ejemplo, en la Sala Constitucional, a Ana Julia Guido; también nombraron en la Sala Penal como presidente a Octavio Rothschuh; en la Sala Civil, a José Manuel Fuertes, que es de los nuevos, y en la Sala (Contenciosa Administrativa) a Rosa Argentina Solís, quedando una pendiente nombrar al magistrado que presidirá la nueva Sala de Familia y Violencia.

De alguna forma quieren echar a andar, después de dos años, la actividad jurisdiccional dentro del Poder Judicial, pero a la vez son personas totalmente alineadas que obedecen estrictamente a los lineamientos de la línea más radical dentro del Frente Sandinista.

Esta nueva Corte “murillista”, más alineada, ¿va a tener algún poder efectivo, o seguirá Fidel Moreno ejerciendo poder sobre la Corte a través de Roger Martínez?

Si bien es cierto que la dictadura ha controlado al Poder Judicial, pero tenían un mínimo margen de discrecionalidad que se ha venido eliminando y erosionando. Iniciando, con la radicalización que comenzó en el 2018, con las tres purgas que hubo, la primera en ese tiempo, la segunda en octubre del 2023 y esta última que es la reciente. Todo indica que existe un mayor control, centralización y radicalización ahora bajo el ala del Ejecutivo. 

Únicamente van a obedecer órdenes de El Carmen a un modelo represivo que es el que han venido instaurando a partir octubre del 2023 y que culminó con la reforma constitucional febrero del 2025.

¿En qué se diferencia esta Corte “murillista” de la que existía antes de 2023, que también estaba intervenida políticamente a través de otros mecanismos?

Hemos visto que ciertas figuras se han destacado por acciones de represión, pero no todo el aparato judicial estaba totalmente comprometido con la represión. En Managua existen muchos juzgados de audiencia, juzgados de juicio, pero es en manos de pocos jueces de audiencia de juicio que recaen las actividades estrictamente en contra de presos políticos, y lo mismo pasa en todos los niveles. 

Esta es una corte más obediente y muchos de ellos han sido sancionados por el Departamento de Estado y señalados por el Grupo de Expertos de la ONU que investigan estructuras criminales de carácter penal y que estas personas al estar totalmente, como conocemos en Nicaragua “quemados”, ya no les importa guardar ni siquiera el mínimo de apariencia de legalidad.

El funcionamiento de la Corte con el nombramiento de estos magistrados, aunque todavía no han dicho quién será el presidente o el vicepresidente, ¿qué impacto tiene en las actividades de impartición de justicia para los ciudadanos, para las familias, para las empresas, para las distintas actividades?

Legalmente, la Presidencia siempre la sigue ocupando Alba Luz Ramos, a pesar de que sus funciones son decorativas y que quien estaba en funciones era Marvin Aguilar. 

El Poder Judicial se ha permeado a partir de 2018 de las figuras más radicales del Frente Sandinista para tomar decisiones de carácter jurisdiccional. Y ahora hasta el guarda de seguridad del portón ya señala a algunos abogados que tratan de litigar en el día a día. Yo tengo muchos amigos que los jueces se le acercan a las partes y les dicen: Si usted no cambia de abogado, por ejemplo, no va a ganar su juicio.

Esto tiene un impacto muy fuerte en la población y sobre todo por aquellos casos en los que no se han repuesto las vacantes, que fueron expulsadas y hay muchos procesos que quedaron en el limbo, procesos que estaban incluso en estado de sentencia, que habían tardado años o meses en los que se había invertido dinero, recursos y había evacuado muchos medios de prueba donde habían víctimas que contaban declaraciones totalmente desgarradoras, que ahora son procesos que tienen que volver a iniciar y que en algunos de los casos, en estricto derecho, hasta pudiesen caerse estos juicios por el cómputo de duración del proceso que debe tener cierto tiempo para poderse culminar.

Hasta 2023, se debatía quiénes eran los factores políticos que incidían en la Corte Suprema de Justicia, en una época Lenin Cerna y Bayardo Arce, después Néstor Moncada Lau a través de Marvin Aguilar, luego Daniel Ortega tenía algún poder de veto sobre decisiones de Rosario Murillo. ¿Cómo funciona hoy ese mecanismo de intervención política, y quién es el verdadero presidente de esta Corte Suprema de Justicia?

Quién tomaba decisiones todavía hasta esta semana sigue siendo Fidel Moreno con una estructura de reestructuración que fue la que la que dejó a partir de octubre del 2023. La joven Arlen Reyes, y el secretario general administrativo Roger Martínez Domínguez, son las figuras más relevantes en este proceso de reestructuración, incluso por encima de los magistrados. Muchas decisiones se toman, y los magistrados solamente son figuras decorativas.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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