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La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) registró 730 violaciones contra mujeres desde 2018 hasta noviembre de 2025. El 59.3% de las agresiones provienen directamente del aparato estatal, lo que evidencia una política sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para “eliminar el periodismo independiente ejercido por mujeres”.
Así lo evidencia el informe Estado situacional de mujeres periodistas nicaragüenses, que revela que las mujeres periodistas están abandonando la profesión, exiliadas y resistiendo.
“El ‘éxito’ de esa estrategia se mide tanto por los espacios cerrados y las periodistas exiliadas, como por el silencio de quienes sobreviven bajo el peso de la autocensura”, señala la FLED en su informe presentado el 25 de noviembre de 2025.
Los datos muestran que 2018 —año del inicio de las protestas antigubernamentales que dejaron 355 personas asesinadas y más de dos mil heridos—, fue el año más crítico para las mujeres periodistas con 318 casos, lo que representa casi la mitad del total del período. Los años siguientes muestran una disminución notable, con 56 y 71 violaciones en 2019 y 2020, y un repunte en 2021 con 196 casos.
Entre 2022 y 2025, el registro de violaciones disminuyó drásticamente —registrándose 40, 27, 17 y 5 violaciones—, pero “no significa mejora sino ausencia de víctimas accesibles”.
“La mayoría de las periodistas están en exilio, las que permanecen están desvinculadas del periodismo, y no quedan medios independientes que agredir”, señaló la FLED en su informe.
Casos de “alta gravedad” contra mujeres periodistas
Según el informe, el 73.8% de las agresiones (539 casos) se consideraron de “alta gravedad”, lo que evidencia una estrategia orientada a la destrucción total en lugar de simplemente enviar una advertencia.
Según el informe, el régimen “ha desarrollado una estrategia de tercerización de la violencia que incluye turbas parapoliciales, militantes partidarios con micrófono y licencia para estigmatizar, así como troles digitales que actúan con impunidad estatal”.
El 86.4% de las agresiones provienen directa o indirectamente del Estado y sus grupos estatales y paraestatales. En el informe, la FLED, identifica varios patrones de agresiones, siendo los principales los siguientes:
- Violaciones a la vida e integridad personal: 220 casos, en los que se comprobó “mucha evidencia de violencia física”.
- Violaciones a libertad personal y seguridad: de los 147 casos documentados sobresalen las detenciones como método de intimidación.
- Violaciones a la libertad de expresión: 127 situaciones principalmente “acciones sostenidas para consolidar la censura y la autocensura”.
- Violaciones por discriminación contra la mujer: 85 denuncias que resaltan el “componente misógino de la represión”.
- Violaciones específicas contra periodistas y medios: 61 casos, que incluyen aquellos de fabricación de causas judiciales.
Las mujeres periodistas enfrentan “vulnerabilidades adicionales” por su género, en un contexto patriarcal donde el régimen orteguista aprovecha esta condición “como herramienta de control” hacia ellas.
Ocho de cada 10 periodistas atendidas por psicóloga expresaron ser víctimas de violencia sexual, advierte el estudio.
Sin embargo, “muchas de las mujeres se abstienen de denunciar, para poder seguir o para sobrevivir”, señala la experta psicosocial que acompañó a mujeres periodistas nicaragüenses.
106 mujeres periodistas en el exilio
Al menos 106 de los 293 periodistas que han abandonado el país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018, son mujeres, según la FLED, organización que forma parte de la red regional Voces del Sur.
El “autoexilio” se ha convertido en la única alternativa para muchas periodistas que buscan preservar su libertad e integridad. El informe describe casos de impedimento de reingreso al país después de viajar, lo que evidencia que, para muchas, “la única forma de seguir ejerciendo como periodista es dejar de ser nicaragüense”.
“Hay claramente un culpable y no es la mujer periodista. Hay un Estado con total responsabilidad de las atrocidades de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua en este momento”, advirtió el estudio.
Esa responsabilidad directa se manifiesta a través de instituciones estatales que actúan de manera coordinada, como la Policía orteguista y el Ministerio Público mediante citatorias injustificadas y amenazas directas, y el sistema judicial a través de procesos penales espurios, agrega.
Con información de EFE
