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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha convertido en “el principal brazo ejecutor” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para restringir el ejercicio independiente de los abogados en el país, denunciaron organizaciones de derechos humanos durante el 194 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la audiencia de carácter regional Situación de las personas abogadas, Norman Méndez, abogado defensor de derechos humanos en Missouri, Estados Unidos, habló en nombre de abogados nicaragüenses y denunció que las acciones de la CSJ son resultado de la “no separación de poderes” y la concentración del poder estatal.
“Hablar de Nicaragua es describir uno de los ataques más profundos y sistemáticos contra la abogacía independiente en el hemisferio. Nos enfrentamos a un proyecto estatal diseñado para eliminar el acceso a la justicia, castigar la defensa técnica y consolidar un modelo autoritario”, afirmó el abogado de derechos humanos durante la audiencia realizada el 21 de noviembre de 2025.
En Nicaragua, los abogados independientes se han convertido en blanco directo de represalias estatales, enfrentando cárcel, hostigamiento y vigilancia constante. Además, se han convertido en víctimas de la parálisis de la CSJ.
Después de la barrida de funcionarios en el Poder Judicial, reina la burocracia y lentitud, según denunciaron a CONFIDENCIAL, notarios cuyos quinquenios están vencidos y que deben esperar hasta 12 meses para obtenerlos.
Méndez recordó que, en agosto de 2025, el Ministerio Público en Nicaragua fue eliminado y sus funciones absorbidas por la nueva Procuraduría General de Justicia, según reformas constitucionales hechas por el régimen orteguista, lo que “dejó al país sin investigación independiente y convirtió el sistema penal en un instrumento directo de persecución política”.
Según el abogado, la “captura del sistema de justicia” ha generado una situación donde ni los jueces ni los abogados pueden ejercer sin presiones o riesgos.
“La abogacía independiente es vista como un obstáculo, por eso el objetivo es claro, silenciarla, expulsarla o destruirla”, denunció.
En el actual contexto nicaragüense —subrayó—, la CSJ es el “principal brazo ejecutor, avala reformas ilegales y ejecuta directamente la cancelación de personerías y suspensión de licencias profesionales”.
Vigilancia y hostigamiento policial contra abogados
Méndez denunció que el aniquilamiento de la CSJ derivó en mayor persecución y represión, donde los abogados que representan a presos políticos enfrentan “vigilancia y hostigamiento policial”.
Otras formas de “persecución”, denunciadas durante la audiencia y afectan el ejercicio libre de la abogacía en Nicaragua son:
- Suspensión de licencias profesionales: En 2023, la CSJ inhabilitó a 26 abogados “argumentando que tras ser despojados arbitrariamente de su nacionalidad eran extranjeros y no podían ejercer”. “No hubo un proceso disciplinario, no hubo investigación ética, fue una decisión política”, dijo Méndez.
- Despojo de su nacionalidad: Entre el grupo de los 222 presos políticos desterrados despojados de su nacionalidad y los 94 opositores, en su mayoría exiliados, que también les arrebataron su ciudadanía había profesionales del derecho. “El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional actúan coordinadamente para cancelar personerías jurídicas, despojar de nacionalidad y perseguir penalmente a abogados y destruir la independencia profesional”, denunció Méndez.
- Procesos penales y administrativos contra abogados: El Estado, agregó, ha utilizado la Ley de Agentes Extranjeros y normas de “traición a la patria para cerrar organizaciones, confiscar bienes, criminalizar a personas defensoras y castigar cualquier expresión crítica. No existe control judicial real”.
Casos como el de la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, cuya licencia profesional fue revocada de manera definitiva en mayo de 2023, demuestran que “el sistema disciplinario se ha convertido en un instrumento para destruir profesionalmente a quienes representan a personas perseguidas”.
La última “orden” de la CSJ
La denuncia ante la CIDH se produce días después de conocerse la última circular interna de la CSJ, en la que se ordena que todos los “protocolos, libros notariales, sellos y carné de abogados y notarios fallecidos, suspendidos o que se encuentren fuera del país”, deben ser entregados en un plazo de 90 días al Poder Judicial que quedó reducido a un “órgano” del Estado, en la nueva Constitución “Chamuca”.
El documento lo firma Róger Eduardo Martínez Domínguez, como secretario técnico del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Martínez Domínguez y Arlen Idalia Reyes López —dos fichas de Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y “hombre de confianza” de Murillo—, son actualmente los encargados de “manejar el día a día” en el Poder Judicial, según confirmó un reportaje de CONFIDENCIAL.
En 2023, tras el “humillante” desalojo de su presidenta Alba Luz Ramos, la CSJ sufrió un proceso de aniquilamiento. Desde entonces, se han destituido a más de 1600 funcionarios, jueces, magistrados, defensores públicos y técnicos en todo el país.
Al vicepresidente de la Corte Suprema, Marvin Aguilar, inicialmente lo identificaron como “presidente en funciones”, lo que generó la percepción de un ascenso inmediato, pero lo sustituyeron por las fichas de Moreno.
El 20 de noviembre de 2025, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen orteguista, aceptó la “renuncia” de las magistradas de la CSJ, Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin, quienes fueron obligadas por Fidel Moreno, quien actúa como secretario de organización del FSLN, bajo órdenes de Murillo, y quien se habría reunido con las funcionarias para decirles que debían dejar sus cargos de inmediato.
Lo de Nicaragua, según Méndez, es un ejemplo de lo que “ocurre cuando un Estado captura completamente el sistema de justicia”, es decir, “no queda defensa técnica posible, no existe debido proceso y la ciudadanía queda indefensa”.
Durante la audiencia también se conocieron situaciones de otros países de la región. Representantes de Perú, Venezuela, El Salvador, Guatemala y México denunciaron patrones similares de ataques desde el Estado contra abogados y operadores de justicia.
