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Costa Rica, que acoge a decenas de miles de nicaragüenses, se ha convertido en el epicentro de la represión transnacional contra los exiliados nicaragüenses por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pese a la situación, la mayoría de los ataques y amenazas no han sido “investigados ni sancionados” por las autoridades costarricenses, denunció el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en un informe presentado el lunes 10 de noviembre de 2025.
El informe, Represión transnacional: Nicaragua más allá de la frontera, contiene testimonios que “demuestran que Costa Rica no solo es el principal país receptor de exiliados nicaragüenses, sino también el territorio donde se concentra la mayor parte de los hechos de persecución transfronteriza”.
“El país se convierte así en una extensión geográfica de la represión política nicaragüense, mediante la infiltración de actores vinculados al régimen, el uso de redes digitales de hostigamiento y la operación de células parapoliciales o individuos que actúan bajo órdenes indirectas del Estado”, alertó el abogado y activista del Colectivo, Yader Valdivia.
De acuerdo con la oenegé, los hallazgos confirman que Costa Rica se ha convertido en el “epicentro de la represión transnacional contra exiliados nicaragüenses”, quienes sufren amenazas digitales, hostigamiento a familiares, vigilancia sistemática, atentados y agresiones físicas.
Según el documento, el exilio “no detiene la persecución política”, sino que da lugar a nuevas formas de violencia transnacional.
“La salida obligada del país no constituye una medida de protección plena, sino un desplazamiento geográfico del mismo circuito de riesgo”, señala el Colectivo.
El informe denuncia que los hechos de agresión y amenazas en Costa Rica “no son investigados ni sancionados” con el rigor necesario, sino que permanecen en la “impunidad”.
“En casi todos los testimonios —subraya el Colectivo—, las personas relatan que han presentado denuncias ante autoridades policiales o judiciales, pero los casos han sido archivados bajo la categoría de ‘hecho no comprobable’, ‘problema entre privados’ o ‘delito común’, ‘falta de competencia territorial’”.
“La ausencia de mecanismos efectivos de investigación y sanción se combina con la imposibilidad de actuar legalmente contra células nicaragüenses que operan de forma encubierta o informal”, según el Colectivo.
Testimonios de represión transnacional
El Colectivo señaló que la represión no se interrumpe con la salida del país, sino que “muta y se proyecta” en nuevos escenarios, transformando el exilio en un “territorio extendido de hostilidad estatal”.
La ONG sistematizó 199 casos concretos de ciudadanos que han experimentado hechos que “configuran actos de represión transnacional”, en el marco de un universo de 1446 casos de violaciones a los derechos humanos documentados entre 2019 y 2025.
Los 199 casos documentados fueron obtenidos a través de procesos de documentación directa, entrevistas presenciales y virtuales, también fueron categorizados en función de la modalidad de agresión o vulneración de derechos denunciados, distribuidos de la siguiente manera:
- 92 testimonios de ciudadanos que denunciaron amenazas, vigilancia, atentados, hostigamiento a familiares, extorsiones, intentos de secuestro e impedimentos de ingreso a Nicaragua.
- Ocho testimonios correspondientes a las 222 personas desterradas a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, todas despojadas arbitrariamente de su nacionalidad.
- 44 testimonios relacionados con las 135 personas desterradas a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, detenidas por motivos políticos.
- Un testimonio sobre el destierro de un sacerdote nicaragüense enviado a Roma en 2023.
- 54 testimonios de un total de 94 personas despojadas de su nacionalidad, entre ellas activistas, periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos, artistas y ex presos políticos.
El documento describe que la represión opera como un “círculo de violencia secuencial” que comienza con la persecución en el país de origen, continúa con amenazas digitales en el exilio y culmina con el hostigamiento familiar o la pérdida de la nacionalidad.
El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025, es considerado por organizaciones de derechos humanos y miembros del exilio como un caso que evidencia los alcances de la represión transnacional. Su muerte desató alarma entre la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica, que la percibe como una señal de riesgo y ha provocado que muchos se trasladen a terceros países.
“La distancia no garantiza seguridad”
El Colectivo afirma que el miedo se ha convertido en una herramienta política del régimen.
Las personas entrevistadas relatan que reciben mensajes con fotos de balas, llamadas desde números desconocidos, publicaciones en redes sociales que revelan su ubicación y rumores sobre infiltrados en actividades de exiliados.
“Vende patria, por fin te hemos localizado (…) Ya sabemos los pasos de todos tus hijos, tu mujer, yernos y nueras”, es parte de las amenazas digitales documentadas por el Colectivo.
El uso del miedo como mecanismo de control, según el Colectivo, es una estrategia para “hacer saber que nadie está a salvo” y que “la distancia no garantiza seguridad”.
Este clima de hostigamiento ha llevado a muchas víctimas a abandonar la vida pública y el activismo. Algunas reducen su participación en redes sociales o prefieren no denunciar los ataques para evitar represalias.
El Colectivo concluye que las acciones descritas forman parte de una política de Estado deliberada, que reproduce la violencia estatal fuera del territorio nacional y que el exilio se ha transformado en un nuevo “campo de riesgo y persecución”.
Ante esta situación, el informe llama a los Estados de acogida a crear sistemas de alerta temprana para identificar y reportar amenazas transnacionales en tiempo real y fortalecer redes de acompañamiento psicosocial, con enfoque de trauma acumulado, para víctimas de doble persecución .
