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Una nueva investigación de los documentalistas realizadores de Patrullaje, sobre la ganadería ilegal en zonas protegidas, como la reserva Indio Maíz, lanzó una campaña instando al público a firmar una carta abierta destinada a convencer a varias empresas estadounidenses, a no adquirir carne de res producida en fincas ilegales ubicadas en áreas protegidas de Nicaragua.
La campaña cuenta con el respaldo de la organización conservacionista internacional Re:wild, según la cual “las principales marcas de alimentos de Estados Unidos podrían estar sirviendo carne de conflicto vinculada a la deforestación de bosques tropicales y violaciones de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes” de nuestro país.
Por muchos años, la ganadería fue el principal rubro de exportación nicaragüense, hasta que los altos precios internacionales del oro, y el crecimiento inesperado de la producción de ese dorado metal, la relegaron al segundo lugar. Aún así, en 2024 el país obtuvo ingresos por casi 996 millones de dólares, al sumar las exportaciones de carne de res, ganado y lácteos, según el Informe de Comercio Exterior del cuarto trimestre 2024, publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
La entidad explicó en un comunicado, su sospecha de que hay embarques de carne de res proveniente de fincas ganaderas ilegales ubicadas en áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, que se vende en los supermercados y restaurantes de Estados Unidos. Eso, pese a que las autoridades nicaragüenses afirman “contar con regulaciones y un sistema de trazabilidad para evitarlo”, según una investigación publicada por la campaña Patrullaje, con apoyo de Re:wild.
El informe Carne en Conflicto, realizado por el periodista y documentalista nicaragüense Camilo de Castro, director del documental Patrullaje, asegura que los principales mataderos de Nicaragua se abastecen de ganado procedente de fincas ilegales y exportan esa carne a Estados Unidos y otros mercados. El Informe destaca cómo eso convertiría a “consumidores desinformados en cómplices potenciales de la destrucción de los bosques tropicales y de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, ya que los ganaderos talan los bosques para criar y alimentar ganado.
Un ejecutivo relacionado con el sector cárnico que solicitó no ser identificado, dijo que asegurar que esa industria está destruyendo los bosques es “atribuirle a un solo factor un problema mucho más complejo”. Al respecto, recordó que, además de la ganadería, hay otras actividades que comparten responsabilidad en las afectaciones al medio ambiente. Entre ellas, mencionó la agricultura, pero también la pobreza, el anhelo de tener tierra propia, el crecimiento demográfico, la minería y la simple comercialización de tierras.
Irrespetando reservas y zonas indígenas
La publicación presenta diversos casos de estudio encontrados en el Territorio Mayangna Sauni Bas, (ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawas), y en el Territorio Indígena Rama y Kriol, que se encuentra dentro de los límites de la Reserva Biológica Indio Maíz. La actividad ganadera (pero también la agrícola y la minera, entre otras), están prohibidas en esas áreas.
El informe apunta directamente a presuntas debilidades del Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina, para explicar cómo es que ocurre el lavado de ganado. Ese tipo de sistemas permite rastrear cada animal desde su nacimiento hasta el consumidor final, para garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de la carne, lo que facilita el acceso a mercados que exigen alta transparencia y control de la cadena productiva.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, asegura que el sistema de trazabilidad “no es transparente”, y que no hay un proceso de fiscalización y seguimiento al sistema en sí, para impedir que se engorde ganado dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas.
En visitas realizadas a diversas zonas ganaderas del país, el director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), Ricardo Somarriba, enfatizó en los mecanismos para combatir al gusano barrenador, además de publicitar los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina.
Según el informe de Re:wild, la debilidad del sistema de trazabilidad y la falta de supervisión, han permitido que la “carne de res de conflicto” se exporte a Estados Unidos, se mezcle con carne de producción nacional y se venda sin etiquetado a los consumidores. La publicación concluye que “esta situación los convierte en cómplices involuntarios de violaciones a los derechos humanos y de riesgos para la salud pública, además de colocar en desventaja a los productores de alimentos en Estados Unidos”.
El ejecutivo citado antes se mostró escéptico de la pertinencia de decir que encontrar chapas en la zona de reserva, prueba que el matadero -y los consumidores- son los responsables de esos delitos ambientales, aunque reconoce que “un verdadero sistema de trazabilidad resolvería este problema”. Adicionalmente, acepta la necesidad de incluir recomendaciones, como derechos de propiedad y combate a la corrupción, pero “ya sabemos que estas no llegarán a ninguna parte, mientras esté esta gente en el poder”.
La movilización de la ganadería hacia el Caribe genera mayor presión en las comunidades indígenas, asegura Ruiz. Se refiere a fenómenos como la invasión, y mayores conflictos sobre sus tierras. “Los ganaderos están interesados en comprar tierra para el engorde del ganado, incluso dentro de las áreas protegidas”, señala. A la vez, advierte del riesgo que significa la deforestación, de cara a preservar la pluviosidad que es característica de la región.
Nicaragua ha perdido casi el 10% de sus bosques primarios en los últimos dos años y registró la tasa más alta de pérdida de bosques primarios del mundo en 2024, impulsada principalmente por la expansión de la frontera agrícola y ganadera para satisfacer la creciente demanda global de carne de res, según el documento. Añade que más del 92% de la deforestación de los bosques intactos de Centroamérica está relacionada con la industria ganadera, en gran parte ilegal.
