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La orden dada por la dictadura nicaragüense Ortega-Murillo a los familiares de dos presos políticos fallecidos en custodia del Estado, Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, de enterrarlos de forma exprés, es otra táctica para encubrir sus crímenes y garantizar impunidad, valoran defensores de derechos humanos. Táctica que, afirman, se produce en un contexto de “recrudecimiento del estado de terror” en Nicaragua.
Aunque el régimen no ha reconocido que Alonso y Cárdenas estuvieran bajo su custodia al momento de las muertes, como sí lo hizo con otros presos políticos fallecidos, familiares de los muertos señalan que ambos fueron detenidos por agentes de la Policía. Desde entonces, no recibieron información sobre su paradero hasta que el Instituto de Medicina Legal (IML) les entregó sus cadáveres.
El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, del colectivo Nicaragua Nunca Más, explica que —al ordenar entierros expeditos— el régimen se aseguró que “nadie tuviera acceso a los cadáveres” de los presos políticos, Alonso y Cárdenas; evitó que más personas cuestionen las circunstancias de sus muertes y evitó cualquier aproximación a la verdad de lo sucedido.
“La forma de enterrarlos de manera inmediata, expedita, tiene el propósito de echarle tierra a la verdad”, advierte Carrión. De esta manera “se aseguran un hermetismo total, para que no haya acceso a esos cadáveres. Que nadie sepa cómo estaban esos cuerpos, para distinguir la circunstancia o la forma de cómo les quitaron la vida”, enfatiza.
Con esta orden también, agrega Carrión, el régimen despojó a las familias no solo de la posibilidad de una investigación independiente, sino también de su derecho a darles el último adiós. “Fue despojada la familia hasta de ese momento tan especial, tan íntimo”, lamenta.
La crueldad en estos casos, explica el defensor de derechos humanos, se extiende desde la detención arbitraria y la desaparición forzada —donde se presume tortura— hasta la negación del ritual funerario, un acto que califica de “inhumano”.
IML encubre los hechos
En el encubrimiento de las muertes de Alonso y Cárdenas, el Instituto de Medicina Legal (IML) tuvo un rol primordial, advierte el defensor de derechos humanos. Cuestiona que esa institución, lejos de cumplir su función de esclarecer las causas de deceso, se encargó de que los cadáveres fueran sepultados rápidamente y bajo custodia de la Policía Nacional.
“El Instituto de Medicina Legal participa en hacer la llamada fatídica y en asegurarse con la Policía de que se vaya al entierro directo”, subraya Carrión.
El defensor de derechos humanos agrega que esta no es la primera vez que el IML encubre los crímenes de la dictadura. Recuerda que en 2018, cuando las protestas en Nicaragua estaban en su momento cumbre, esta institución obligó a familiares de las víctimas a firmar un documento donde desistían de realizar cualquier investigación independiente a cambio de entregarles el cadáver de sus parientes.
El abogado y profesor en derechos humanos, Uriel Pineda, refuerza esta visión desde una perspectiva legal. “Un entierro expedito donde se obstaculice una labor de una investigación en relación con las causas de la muerte es un despropósito y es contrario a las obligaciones del Estado para esclarecer las circunstancias”, explica.
Pineda subraya que, según estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota, cualquier muerte bajo custodia del Estado debe ser investigada bajo una “presunción de muerte ilícita”. Debido a que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas privadas de libertad, ya que dependen enteramente de él para su alimentación, salud y seguridad.
La responsabilidad estatal y la impunidad garantizada
Pineda detalla que existen tres niveles de responsabilidad que el Estado podría tener en las muertes de Alonso y Cárdenas, incluso si se argumentara “muerte natural”:
- Un primer nivel, que puede ser un factor externo a la condición de privación de la libertad.
- Un nivel intermedio, que supone una responsabilidad objetiva del Estado, si conocía las condiciones médicas de un reo y no proveyó el tratamiento necesario para evitar el deterioro de su salud y su eventual muerte.
- Un tercer nivel, si hubo una acción deliberada como la negación intencionada de medicamentos o atención médica, o si los cuerpos presentan signos de violencia. Lo que constituiría un homicidio doloso o asesinato.
“Mientras estos elementos no se descarten y no sean esclarecidos —la ausencia de signos de violencia, que se descarte el hecho que el Estado incumplió con sus obligaciones respecto de brindar la atención médica a estas personas privadas de libertad— ahí estaríamos en presencia de una responsabilidad objetiva del Estado en la muerte de estas personas privadas de libertad”, enfatiza Pineda.
Un mensaje de terror para la sociedad
Más allá del encubrimiento de la responsabilidad estatal, Carrión estima que los entierros exprés buscan evitar cualquier manifestación de solidaridad a la familia o repudio al régimen. “La dictadura tiene temor hasta a su sombra”, comenta. Un funeral abierto podría congregar a decenas de personas, “multiplicando el sentimiento de rechazo y convirtiendo el duelo en una protesta”, remarca.
Carrión, además, valora que esta estrategia es parte de un “recrudecimiento del estado de terror” en Nicaragua y que la misma envía el “mensaje” de que la disidencia se paga con desaparición forzada, muerte y negación hasta de un funeral. “El mensaje que queda en medio de todo ese sufrimiento es, terror para silenciar”, añade.
Pineda en cambio, estima que “más que una nueva forma de violencia, es una consecuencia inherente del desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el país”. Agrega que “en otro contexto, hechos de esta naturaleza darían lugar a una investigación independiente”. Pero en este momento, advierte, “esa opción simplemente no la tenemos”.
