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La Policía Nacional de Nicaragua pasará de tener uno a dos jefes policiales, debido a otra reforma a la Constitución Política que fue aprobada el miércoles 27 de agosto de 2025 en primera legislatura en la Asamblea Nacional.
La reforma, que fue enviada con carácter de urgencia por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo, únicamente modifica el numeral 10 del artículo 125 de la Constitución, referido a las atribuciones de la Presidencia de la República.
El artículo reformado se lee de la siguiente manera: “Son atribuciones de la Presidencia de la República… Nombrar a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua de entre los miembros de la Jefatura Nacional; a los Subdirectores y Subdirectoras Generales y al Inspector o Inspectora General”.
En ese mismo artículo también se menciona que la Presidencia de la República es el encargado de “otorgar los grados de Primer Comisionado o Primera Comisionada y Comisionados o Comisionadas Generales. Así como nombrar a la o el Comisionado General del Ministerio del Interior. Todo de conformidad a la Ley de la materia”.
En simultáneo a la reforma constitucional, el régimen orientó reformar la Ley 872, Ley de Organización, Función, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para incorporar los cambios realizados en la Constitución, a pesar que todavía no han sido aprobados en segunda instancia.
“La Constitución Política de la República de Nicaragua establece que la Presidencia de la República, en su calidad de jefatura suprema de la Policía Nacional, designa a dos jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua para ocupar el cargo por un periodo determinado”, señalan Ortega y Murillo en la exposición de motivos.
Con la reforma a la ley de la Policía Nacional se modifican los artículos 11 y 47, en los cuales se establecen las funciones de la jefatura nacional de la Policía.
El artículo 11 reformado señala que “la jefatura nacional es ejercida por los jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, quienes la dirigen administran y ejercen el mando único de en la institución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente ley y la normativa interna bajo la dirección de la jefatura suprema”. Se suprimen las menciones de las direcciones subordinadas.
Nombramiento en el corto plazo
El artículo 47 reformado señala que los jefes de la Policía Nacional serán nombrados los días 26 de diciembre del año que corresponda y la toma de posesión se llevará a cabo el 26 de febrero del año siguiente.
Sin embargo, Ortega y Murillo incluyeron un artículo transitorio donde indican que “la Presidencia de la República, en su carácter de jefe suprema de la Policía Nacional, nombrará el cargo vacante del jefe de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, creado a partir de la entrada de vigencia de la presente ley”.
Un analista civil en temas de seguridad valoró que con estos cambios en la jefatura de la Policía el régimen estaría “fortaleciendo el sistema de seguridad interna”, debido a la “incapacidad” del primer comisionado y consuegro de la pareja dictatorial, Francisco Díaz.
“Este movimiento podría responder a la incapacidad de Paco (Francisco) Díaz, por diversos problemas de salud que tiene… No lo van a separar, pero creo que lo van a dejar relegado a funciones administrativas, va a firmar cheques y ordenar las delegaciones policiales”, ejemplifica el analista.
Mientras tanto, el nuevo codirector de Policía, que puede ser hombre o mujer debido a que la ley no establece ninguna cuota de género, estaría a cargo de la gestión directa de las funciones de la institución.
En los últimos años el régimen ha transformado la Policía en “una mega estructura, una especie de seguridad del Estado funcional que persigue la estabilidad del régimen y atiende las amenazas contra este” advierte el analista. De tal manera que podrían “nombrar a un codirector con experiencia en contrainteligencia, que Paco Díaz no tiene”, remarcó.
Reformas anteriores
En una reforma anterior a la ley de la Policía, aprobada en noviembre de 2024, el régimen orteguista extendió de cinco a seis años el periodo del jefe de la Policía. Este cargo lo ocupa actualmente el consuegro de la pareja dictatorial y primer comisionado, Francisco Díaz.
Al vencer el periodo para el cual fueron nombrados, los jefes de las Fuerzas Policiales podrán permanecer en el cargo hasta que sus sucesores tomen posesión.
En diciembre de 2023, el régimen subordinó el Ministerio de Gobernación (Migob) y sus direcciones generales a la Policía Nacional. Al mismo tiempo que armonizó la jerarquía de grados en las cuatro direcciones generales de ese ministerio.
La denominada Ley que establece la Jerarquía de Grados en las Direcciones Generales del Ministerio de Gobernación, establece en su artículo cuarto que “por ministerio de ley, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Gobernación y todas sus Direcciones Generales forman parte integrante de la Policía Nacional”.
Cinco meses antes, en julio de 2023, el régimen reformó al artículo 97 de la Constitución Política y la ley de la Policía para subordinar totalmente la institución y castigar las deserciones dentro de su principal brazo represor.
Cuando un oficial “sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”, se lee en la reforma aprobada en julio de 2023.
En esa misma reforma se estableció que la deserción de las filas policiales se castiga con cárcel: “El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
