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El máximo funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres Carrillo, negó en al menos tres ocasiones que se hayan identificado células del régimen Ortega-Murillo en territorio costarricense para perseguir y asesinar a opositores refugiados.
— ¿Cuántas personas del régimen nicaragüense han sido identificadas por la DIS operando en Costa Rica?— le preguntó la diputada costarricense, Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, durante una sesión realizada el jueves, 21 de agosto de 2025 para analizar el protocolo aplicado a la denuncia realizada por el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, antes de ser asesinado por un sicario, el 19 de junio de 2025.
— Nosotros no hemos identificado a ninguna persona del régimen acá en Costa Rica— respondió tajante, el director de la DIS, quien ya había sido cuestionado en al menos dos ocasiones sobre la existencia de células orteguistas.
— Eso quiere decir que lo que pasó con don Roberto Samcam, ustedes (la DIS) lo dan como un asalto? — cuestionó Ruiz.
— No, por supuesto que no —interrumpió el funcionario y seguido agregó: — Nosotros quisiéramos identificarlo, pero yo no puedo decirle a brazo alzado que fue el régimen el que lo mató, porque no tengo pruebas.
— ¿Entonces, ustedes no tienen identificadas esas células? Roberto Samcam no fue el único que ha denunciado esto — cuestionó la diputada.
— Es que no hay —aseveró el funcionario.
En Costa Rica, la DIS es el cuerpo de inteligencia de la Policía que responde directamente a la Presidencia y esta es la primera vez que da declaraciones sobre el asesinato de Samcam.
No hubo denuncia formal sobre células orteguistas
El director de la DIS asegura que nunca hubo una denuncia formal ante la DIS, ni el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) por parte de Samcam sobre la presencia de células del régimen.
“Yo tengo mucho respeto por don Roberto, su familia, pero sí quiero dejarle claro, nosotros nunca recibimos información de ese tipo y tampoco tenemos identificado ningún grupo de inteligencia”, dijo.
Seguido afirmó que “creo que a nivel de Gobierno y embajada han sido respetuosos con nosotros porque también es parte de lo que nosotros exigimos como país. (…) Nosotros a nivel de institucionalidad, como DIS, nunca hemos tenido ningún inconveniente con ellos de ese nivel”.
El diputado Antonio Ortega le recordó que antes del asesinato de Samcam, hubo dos nicaragüenses refugiados asesinados: Rodolfo Rojas Cordero, quien estaba en Costa Rica, según sus familiares, y fue llevado con engaños hasta Honduras para ser asesinado, y contra Jaime Luis Ortega, asesinado en Upala. Además de los dos atentados contra el opositor nicaragüense, Joao Maldonado.
Ante estos hechos, el director de la DIS aseguró que “sí nos preocupa”, pero que están esperando las conclusiones del OIJ porque “estamos bajo la dirección funcional de ellos, no podemos llevar una investigación paralela”.
En junio de 2025, el director del OIJ, Randall Zúñiga López, no descartó que el asesinato de Samcam haya sido operado por alguna célula orteguista. “Aquí siempre ha existido células o presencia de grupos criminales de otros países. Hemos tenido en el pasado del Clan del Golfo, de Nueva Generación Jalisco, del Grupo de los Templarios”, admitió, aunque en este caso dijo estaban investigando y no señaló directamente al régimen Ortega-Murillo.
Sin protocolo específico para refugiados
En la comparecencia ante los diputados costarricenses, el director del DIS admitió que esta institución carece de protocolos específicos para atender amenazas contra refugiados. Cuando la diputada Cynthia Córdoba le preguntó si existía algún protocolo, Torres respondió: “No, señora, no tenemos ningún protocolo”.
El director explicó que la institución no está facultada legalmente para recibir denuncias. “Nosotros no recibimos denuncias en primera instancia”, declaró Torres, quien añadió que cuando tienen información sobre personas en riesgo, “inmediatamente lo que hacemos es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, en este caso, el Organismo de Investigación Judicial”.
Torres reconoció las limitaciones operativas de la DIS para brindar protección personalizada. Detalló que hay cálculos públicos que mencionan la presencia en Costa Rica de unos 20 000 refugiados y unos 200 000 solicitantes de refugio y el funcionario fue claro: “Sería imposible para nosotros con esa cantidad de refugiados (…) y de oficiales nuestros de la DIS, que no quisiera decir la cantidad, darle seguridad física a cada ciudadano”.
Cuando el diputado Alexander Barrantes le preguntó si tendrían capacidad para proteger a todos los refugiados, Torres respondió: “No, no, jamás, no la tenemos, ni los costarricenses podemos tener una seguridad personalizada”.
Coordinación con otras instituciones
A pesar de las limitaciones, Torres defendió la coordinación de la DIS con otras instituciones. “La relación es muy buena”, dijo sobre el trabajo con el OIJ, y aseguró que “permanentemente” coordinan con el Poder Judicial, Migración y la Policía Nacional en estos casos.
El funcionario explicó que cuando la DIS recibe información sobre personas en riesgo, actúan como “auxiliares” del Poder Judicial. “Si ellos lo requieren, pues nosotros estamos en la disposición de ayudarles. Si no lo requieren, pues no podemos interferir porque es un caso que ellos lo tendrían bajo dirección funcional”.
Críticas de los diputados
Las respuestas de Torres generaron críticas de varios diputados. La diputada Córdoba expresó su preocupación: “Me parece que hay una orientación de las funciones hacia ciertas cosas que tal vez no son de prioridad país o son de interés personal del presidente y que no están siendo atendidas de la mejor forma las necesidades de los costarricenses en temas de seguridad”.
Torres rechazó estas acusaciones y dijo que es “una falta de respeto” a la DIS señalar que está atendiendo trabajos de interés personal para el presidente. “Yo tengo mucho años, inicié con el Gobierno de Óscar Arias, esas son puras suposiciones porque yo no veo una denuncia formal”.
