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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que pedirá a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrado en el mayor escándalo de corrupción de su Gobierno, si se confirma que reside en ese país.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, escribió Petro en su cuenta de X, el viernes 15 de agosto de 2025, tras conocerse que el exfuncionario renovó su residencia nicaragüense con ayuda de la embajada de Colombia en Managua.
El canal de noticias RCN difundió el jueves 14 de agosto una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de González, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta de la embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en la que pide ayuda para “solicitar la carta de renovación de residencia” del exfuncionario.
“En relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país (…) solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González”, reza la carta revelada por el medio colombiano.
Petro y la excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado “algún tipo de privilegio” para González, quien dirigió el Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) antes de que se revelara su participación en el mayor escándalo de corrupción de este Gobierno.
A pesar de la divulgación de la carta de la embajada a la Cancillería nicaragüense en la que intercede por Carlos Ramón González, el presidente ha intentado desmarcar a su Gobierno de cualquier responsabilidad e incluso pidió “a los medios aclarar su noticia”, que consideró “falsa”.
Carlos Ramón González con orden de captura
Carlos Ramón González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio de 2025 por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).
Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
En abril pasado, Pinilla fue el primer condenado por este caso, a cinco años y ocho meses de prisión.
