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La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el jueves 31 de julio de 2025 una reforma a la Constitución que elimina el reconocimiento de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), como vía para abandonar este organismo.
La iniciativa, que fue introducida a la sesión plenaria con dispensa de trámite, busca reformar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República, fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados y necesita ser ratificada.
El artículo 80 de la Constitución salvadoreña establece que los diputados del Parlacen son “funcionarios de elección popular”, mientras que el 133 indica que los mismos tienen “iniciativa de ley”.
El decreto legislativo, aprobado sin debate previo y leído únicamente antes de su votación, sostiene que las resoluciones del Parlamento Centroamericano (Parlacen) “carecen de efectos reales” y que su pertenencia representa un “gasto ineficiente”, ya que los recursos destinados —que rondan los 1.7 millones de dólares— podrían ser ahorrados.
Crítican que protegen a acusados de corrupción
Además, el oficialismo justificó la medida señalando que dicho organismo permite que funcionarios acusados de supuesta corrupción sean electos y adquieran inmunidad.
La diputada del partido de oposición VAMOS, Claudia Ortiz, manifestó que estaba a favor de comenzar con la discusión del papel del Parlacen, pero criticó que se diera con dispensa de trámite.
También señaló que en otros puntos importantes, como la rendición de cuentas, no se actúa de la misma forma.
Dijo que “es una decisión que no se puede tomar de esta manera, de un plumazo, improvisadamente” y agregó que este procedimiento “violenta gravemente el Estado de derecho”.
Con la reforma, que puede ser ratificada por esta misma Legislatura tras una enmienda a la Carga Magna que permite cambios exprés, se suprime del texto constitucional la mención de los diputados del Parlacen.
El Parlacen tuvo su primera sesión plenaria el 28 de octubre de 1991 y su origen se da tras las reuniones de presidentes centroamericanos en la década de los años 80, que buscaban salidas pacíficas a los conflictos armados internos, y son conocidos como los Acuerdos de Esquipulas.
De acuerdo con el sitio oficial del Parlacen, este es un ente que busca “ser el órgano de representación democrática y política de los pueblos centroamericanos y dominicano, ejerciendo las funciones parlamentarias del Sistema Comunitario de la Integración Regional, que permita lograr la unión de nuestros pueblos.
El Parlacen actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.
Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.
Panamá lo intentó antes, pero no pudo
El gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) fracasó en su intentó de sacar a Panamá del Parlacen, una medida que impulsó bajo el argumento de que era una institución inoperante.
La dificultad radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin éxito.
En noviembre de 2009 el entonces presidente del Parlacen, el nicaragüense Jacinto Suárez, explicó que la vía diplomática consistía en que los presidentes de las naciones miembros debían dar el visto bueno a la salida de un país.
Entonces se informó que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, presididos por Álvaro Colom y Daniel Ortega respectivamente, se habían opuesto a la salida de Panamá del parlamento regional.
Ante ello, el Gobierno de Martinelli impulsó una ley, la 78 de 2011, que derogó las normas que aprobaban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen haciendo efectivo así el retiro de Panamá de este foro político.
Pero la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la Ley 78, por lo que en enero de 2013 la Asamblea Nacional aprobó una ley que restableció la presencia de Panamá en el Parlacen.
De acuerdo con la información de la prensa local, Panamá adeudaba en 2013 unos 3.7 millones de dólares al foro regional por el tiempo que se mantuvo ausente.
Martinelli, que llegó a llamar “cueva de ladrones” al Parlacen, hizo uso de la prerrogativa que le otorga a los expresidentes y juró como diputado del ente regional, lo que le dio un fuero que le permitió evadir la justicia ordinaria en un caso de escuchas ilegales, del que finalmente fue absuelto.
El expresidente Martinelli está asilado en Colombia para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por la Justicia de su país a más de 10 años por un caso de blanqueo de capitales.
