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La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura, modificó parcialmente la Ley 677, ‘Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda, y de Acceso a la Vivienda de Interés Social’, para permitir que Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan “extender” subsidios discrecionales e incentivos fiscales “a proyectos habitacionales”.
La Ley 677 fue promulgada en abril de 2009, y modificada en octubre de 2017 para ampliar el techo del subsidio, que pasó desde los 32 000 hasta los 40 000 dólares a partir de su entrada en vigencia. En la nueva reforma aprobada por la aplanadora del oficialismo, solo se le hicieron cambios al inciso 4 del artículo 97.
Ese inciso detalla los requisitos para recibir el subsidio al costo financiero para los préstamos hipotecarios para viviendas. Explica que el monto del préstamo, más el valor de la prima, no debe exceder el equivalente en córdobas a cuarenta mil dólares estadounidenses, en el caso de viviendas unifamiliares. En la referida reforma de 2017, ese monto se estableció en cincuenta mil dólares, para las viviendas multifamiliares.
Ahora en julio de 2025, el régimen ordenó a sus diputados aprobar esta reforma que deja intactos esos montos, pero amplía los poderes del matrimonio dictatorial, para que ellos decidan a quién y cómo se le otorgan esos subsidios. La entidad a cargo de operativizarlos, es el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).
Una reforma para “amigos” de Ortega y Murillo
La ampliación del texto aprobado por el régimen señala que “de forma excepcional, el INVUR a través de su codirector o codirectora, previa autorización de la presidencia de la República, tendrá la facultad de aprobar subsidios, tasas, incentivos y todas las prerrogativas que contempla la legislación vigente de la materia, a los proyectos con préstamos hipotecarios cuyo monto del préstamo, más el valor de la prima, no exceda los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 50 000)”.
Añade que “el INVUR establecerá mediante normativa técnica complementaria, los criterios de elegibilidad, focalización y priorización de beneficiarios, así como los mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas”.
“Lo que estamos viendo es un régimen personalísimo. Es una construcción en la que todo tiene que pasar a través de ellos. Todo tiene que generar un compromiso político con ellos. Ni siquiera es con el partido”, explicó el abogado y analista político Eliseo Núñez.
Un reportaje de CONFIDENCIAL sobre el proyecto de viviendas Bismarck Martínez, publicado en octubre de 2024, mostró que el régimen premió a diez “empresas amigas” con 150.6 millones de dólares destinados a ese proyecto habitacional. La Alcaldía de Managua recibió terrenos donados y repartió entre esas empresas más del 96% del monto para obras del programa de viviendas sociales.
Para Núñez, este tipo de modificación que se le está haciendo a las leyes, tiene que ver con el afán de que todo se haga por medio del clan Ortega-Murillo, “porque están en la etapa de querer perpetuar a su familia en el poder”.
La construcción de viviendas, en especial las de interés social, fue durante muchos años, una de las metas estrella del Gobierno, y uno de sus puntos fuertes en la relación cercana que desarrolló con el sector privado. Nicaragua tiene un déficit habitacional que supera el medio millón de unidades, por lo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobó en 2020 un préstamo de 171.6 millones de dólares para impulsar la construcción de ese tipo de casas.
