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La cruzada del presidente Donald Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos ha dado lugar a una serie de ilegalidades cometidas durante las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ilegalidades que en lugar de resolverse, van en aumento.
Desde que Trump asumió la Presidencia, en enero de 2025, apuntó contra trabajadores migrantes, estudiantes extranjeros y hasta turistas con problemas de visas. Las detenciones escalaron rápidamente a redadas masivas en todo el país, generando un creciente ambiente de tensión.
La persecución a los migrantes también ha dejado un despliegue militar sin precedentes y el encarcelamiento de cientos de personas en condiciones de hacinamiento.
Pero ¿cuáles son esas ilegalidades cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las redadas contra la población inmigrante en EE. UU.?
Detenciones arbitrarias y sin orden judicial
En menos de seis meses, el ICE ha arrestado a 57 000 personas, frente a las 45 000 registradas en todo 2024. Estos arrestos han ocurrido de forma violenta, sin orden judicial y exhibiendo un perfilamiento racial, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses.
Un informe de Amnistía Internacional, publicado en mayo de 2025, documenta numerosos casos de detención arbitraria, incluso de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que habían presentado solicitud de asilo. Entre ellas había quienes huían de la violencia política, la tortura y la violencia de las pandillas. Muchas denunciaron no tener acceso a representación legal, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros que afectan a su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios jurídicos.
Asimismo, la jueza federal de California Maame Ewusi-Mensah Frimpong, determinó el 12 de julio de 2025 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha realizado arrestos sin causa probable y utilizando características como la raza o hablar español como única base para los arrestos.
Mientras tanto, la Administración Trump amplió la autoridad del ICE para detener a migrantes, negándoles audiencias de fianza y la posibilidad de ser liberados. Esta nueva orden, basada en una ley de 1996, busca detener a una mayor cantidad de personas, incluso a quienes anteriormente podían permanecer libres mientras se tramitaban sus casos en la corte de inmigración.
Las detenciones masivas y la negación de audiencias de fianza plantean serias preocupaciones sobre el debido proceso y los derechos de los migrantes.
Militarización en redadas migratorias
Miembros de la Guardia Nacional pueden arrestar a inmigrantes luego que el presidente Trump envió 4700 soldados para reforzar el trabajo del ICE y la Policía en Los Ángeles, California, en respuesta a una serie de protestas ocurridas a principios de junio de 2025.
El despliegue militar en California ha generado una escalada de tensión política y social en el ámbito estadounidense. Las medidas, justificadas por la Casa Blanca como una respuesta necesaria al aumento de las protestas por las redadas migratorias, han sido calificadas como un acto de “militarización sin precedentes” por parte del gobernador Gavin Newsom, quien busca impedir por vía judicial que las tropas federales participen en detenciones junto a agentes de inmigración.
La situación también ha encendido un debate sobre el uso del poder militar en tareas civiles, una línea que históricamente ha sido evitada en la política estadounidense. Las acciones recientes, tanto en redadas como en despliegues masivos, están siendo observadas de cerca por organismos civiles y tribunales federales ante posibles violaciones a derechos constitucionales y civiles.
Hacinamiento en centros de detención
El ritmo acelerado de las detenciones de inmigrantes tiene al Gobierno de Trump lidiando con centros de detención que están al límite de su capacidad. Cientos de personas han sido recluidas en condiciones de hacinamiento y separadas forzosamente de sus familias. Muchos han sido enviados a centros de detención a miles de kilómetros de sus hogares.
En lo que va de 2025, unos once inmigrantes murieron en centros de detención administrados por el ICE, según reportes de medios internacionales. Cinco de estas muertes ocurrieron en Florida, donde el 2 de julio de 2025 comenzó a operar una nueva cárcel para inmigrantes en medio del pantano de los Everglades apodada ‘Alligator Alcatraz’.
Legisladores de Florida que visitaron ‘Alligator Alcatraz’ el 12 de julio de 2025, denunciaron que los inmigrantes se encuentran hacinados en jaulas, con temperaturas abrasadoras, una fuerte presencia de mosquitos, inundaciones en el interior de las tiendas o falta de acceso al agua. También, familias de algunos detenidos han denunciado las condiciones adversas en la instalación, mientras que funcionarios de Inmigración y ICE la defienden como un lugar con estándares de detención más altos que muchas prisiones estadounidenses.
Anteriormente, Amnistía Internacional denunció que las condiciones en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC) violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales. Personas detenidas en ese centro denunciaron malos tratos de los guardias, uso del régimen de aislamiento, espacios insalubres y superpoblados (incluidos aseos disfuncionales), asistencia médica insuficiente y comida caducada y de mala calidad.
Además, familias migrantes con niños pequeños, incluyendo bebés, han sido retenidas durante días, e incluso semanas, en centros de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en condiciones similares a una cárcel.
Ausencia de debido proceso y falta de acceso legal
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron a la Administración Trump, por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro ‘Alligator Alcatraz’, en Florida.
Los demandantes, entre los que se incluyen algunos migrantes detenidos y bufetes de abogados que representan a clientes en el centro, como Florida Keys Immigration o Sanctuary of the South, denuncian que las personas recluidas no solo carecen de asesoramiento jurídico, sino que tampoco tienen garantizado el debido proceso.
En un comunicado, difundido el 16 de julio de 2025, alegan que el Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado y se quejan de la imposibilidad de presentar documentos legales para la puesta en libertad de sus clientes.
Asimismo, añaden que la Administración del republicano también ha prohibido las visitas de abogados a sus clientes, así como dar cualquier información confidencial por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y los detenidos.
“Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y bufetes de abogados con clientes recluidos en el centro”, señalan los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la organización Americans for Immigrant Justice.
Deportaciones arbitrarias
Expertos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han manifestado preocupación y alarma por las ilegalidades registradas en las deportaciones de migrantes venezolanos de Estados Unidos hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, registradas en febrero de 2025.
El grupo señaló en un informe que este caso se aplicó incorrectamente la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por el gobierno de Trump para justificar las redadas y deportaciones de migrantes que considera se encuentran en situación ilegal.
Añaden que en muchos casos no se produjo “la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos. La falta del debido proceso resultó en deportaciones arbitrarias de muchas personas que, según se informa, no estaban involucradas con las pandillas”.
