“¿Una nueva dictadura familiar en el continente?”

'-- «Veníamos bajando de El Crucero una madrugada, de la casa de (Arnoldo) Alemán, cuando Daniel me pregunta: “¿Por qué habrá cedido el Gordo esto?”. “Ni sigas preguntando nada”, le digo, “firmemos ya ese 35%, que esa es la fórmula que nosotros necesitamos”. “Pero, ¿por qué habrá hecho eso?”. “La diputación..., sencillamente eso fue”».

Así describió el ex alcalde de Managua, Dionisio “Nicho” Marenco, en una entrevista concedida al diario La Prensa en 2008, el momento que marcó el inicio de un nuevo sistema político en Nicaragua y que abrió el camino para el regreso a la Presidencia de la República del caudillo sandinista.

Marenco, quien fungió como el principal operador político de Ortega hasta 2006, hacía referencia a la negociación del “pacto”, el acuerdo político entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega suscrito en 1999 por el que ambos caudillos -uno liberal, otro sandinista- se repartían las instituciones del Estado y el poder en general en Nicaragua, un amarre que un año más tarde fue consolidado con las reformas a la Constitución y reformas electorales, lo que permitió rebajar el porcentaje de votos para alcanzar la Presidencia en primera vuelta -lo que le garantizaba a Ortega su regreso al poder- y entregaba a Alemán una diputación que le otorgaría la inmunidad necesaria ante la posible investigación por casos de corrupción cometidos durante su mandato.

De esta manera se estableció un deterioro de la débil institucionalidad de Nicaragua y un retroceso democrático que se acrecentó en 2007, cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia e instituyó una forma de gobierno autoritaria, de dominación y control de todas las instituciones del Estado, incluyendo el monopolio de la violencia a través de grupos de choque controlados por su partido, El Frente Sandinista.

Edmundo Jarquín / Carlos Herrera / Confidencial

¿Cómo se puede nombrar esta forma de ejercer el poder? ¿Es la forma de gobierno de Daniel Ortega una dictadura? “El régimen de Ortega, ¿una nueva dictadura familiar en el continenteN?”, un libro de reciente publicación, ahonda en el sistema político impuesto por Ortega en Nicaragua, explora, a través de ensayos preparados por economistas, sociólogos, politólogos, e investigadores, las causas que permitieron el regreso del FSLN al gobierno, la contrarreforma impuesta por el Comandante y el deterioro democrático en el país.

“Lo que intentamos hacer es un análisis completo de la reversión del proceso democrático. Es una análisis con mucho rigor”, explicó Edmundo Jarquín, economista y ex candidato presidencial, quien es coordinador y coautor del libro, en el que además participan la investigadora Elvira Cuadra, directora del IEEPP; Julio Icaza Gallard, jurista; José Antonio Peraza, politólogo; Uriel Pineda, catedrático de Derecho; Guillermo Rothschuh, experto en temas de comunicación; y Enrique Sáenz, economista y diputado por el MRS que fue recientemente destituido de la Asamblea por una decisión arbitraria del Consejo Supremo Electoral (CSE).

“Es una dictadura”, afirma sin dudarlo Jarquín, entrevistado para el programa Esta Semana, y explica que “en el mundo ha habido un gran debate sobre cómo definir a estos regímenes instalados después de la Guerra Fría” y que han deteriorado la institucionalidad democrática en aquellos países donde se han instalado. “No es una dictadura militar, porque no es producto de un golpe de Estado y el Ejército y la Policía no son una guardia pretoriana”, explica Jarquín. “Pero sí hay un control del monopolio de la violencia y una complicidad de la Policía con las fuerzas de choque del orteguismo. Lo que tenemos es el monopolio privado de la violencia” asegura.

Jarquín destaca que una de las características del régimen de Ortega es el corporativismo, que el economista entiende como “una versión no marxista del totalitarismo”, un modelo de gobierno en el que “unos pocos se reúnen para tomar las principales decisiones”, en referencia a la alianza de Ortega con el llamado gran capital, la cúpula empresarial que controla el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), una organización que en los ochenta fue férreamente crítica del gobierno sandinista.

El economista y exdiputado Sáenz analiza en su ensayo esa relación de Ortega con el capital, pero también el control de las políticas económicas y el discurso oficial sobre los avances que el país ha tenido en esa materia. Sáenz, miembro del MRS, asegura que el discurso oficial se contradice con la realidad. Explica que durante el régimen de Ortega la economía no ha crecido más que con gobiernos anteriores ni el sector empresarial ha superado la informalidad que lo caracteriza. Al lado de una “alianza de cúpulas”, dice Sáenz, hay “un 88% de las empresas que están en la informalidad completa” y el crecimiento económico, “que no es superior al de gobiernos anteriores”, no es “equitativo en su distribución”.

“El 70% de las empresas manifiesta que sus ingresos están estancados o se mantuvieron igual” bajo el Gobierno de Ortega, asegura Sáenz.

Además, continúa, desde la política están “controlados sectores claves de la economía, como la distribución de combustible y la energía eléctrica (con un monopolio y contrato amarrado)”.

Ortega y el control de las Fuerzas Armadas

Elvira Cuadra, socióloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Publicas (IEEPP), analiza en el libro la relación de Daniel Ortega con el Ejército y la Policía.

Cuadra afirma que desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, y hasta la fecha se ha registrado en Nicaragua “una reversión en el proceso de profesionalización” tanto en la institución militar como la Policía, proceso que se concretó con las más recientes reformas a la Constitución -que además garantizar a Ortega la posibilidad de perpetuarse en el poder-, el Código Militar -que establece cambios en el proceso de sucesión en la institución- y las reformas a la ley de la PN, que le permite a Ortega un control total de ese órgano.

“Las decisiones más importantes en el tema de defensa y seguridad quedan en la figura del Presidente, además de una relación directa entre él y la jefatura del Ejército y de la Policía”, explica Cuadra. “La cúpula militar”, agrega la también investigadora, “mantiene una alianza estratégica con Ortega y su esposa, Rosario Murillo”, mientras que “la Policía está en una condición de subordinación a las disposiciones” de la pareja presidencial.

Sin embargo, Cuadra advierte que las reformas impuestas por Ortega a las órganos legales que rigen a ambas instituciones, manteniendo indefinidamente a sus jefes, genera un “estancamiento en las carreras profesionales entre sus cuadros, lo que sin duda va a generar descontentos”.

El economista Sáenz, tras analizar esta forma de control total del Estado por parte de Ortega, su alianza con la cúpula empresarial y su relación con los militares y la subordinación de la Policía, asegura que “en una década Ortega desmanteló la totalidad de la institucionalidad democrática en Nicaragua”.

El colapso del sistema electoral

En noviembre próximo, cuando se realicen las elecciones presidenciales y legislativas, el politólogo José Antonio Peraza, no saldrá a votar. Para este experto en temas electorales el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua ya no es un órgano creíble ni confiable, ni es capaz de representar la voluntad popular.

“Estas elecciones podrán ser legales, pero no son legítimas, porque el CSE perdió total legitimidad desde el fraude 2008, y en 2011 ya fue el acabose. Yo como ciudadano considero que la opción electoral está agotada al menos en este período. Ya todos sabemos cuál va a ser el resultado”, manifestó Peraza en entrevista con el programa Esta Noche.

El politólogo, graduado en la universidad de Costa Rica, ha estudiado minuciosamente los procesos electorales de los últimos ocho años en Nicaragua, pero ha seguido el hilo de la historia política desde más atrás. A su juicio, la estructura del poder electoral en Nicaragua comienza a resquebrajarse desde la firma del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, en 1999. Ambos caudillos acordaron en ese entonces, imponer sus cuotas en todos los poderes del Estado y así garantizar control de las decisiones internas.

“Del 90 al 99, el sistema electoral había tenido cierto progreso, aunque siempre tenía deficiencias. Con el pacto, hay una nueva ley electoral y se hacen reformas electorales y ya en 2011 colapsa totalmente”, analiza el experto.

2008: un antes y después

Las elecciones municipales de 2008 fueran las primeras, en las que según Peraza, se instaló el modelo de fraude con el que el FSLN, ganaría todas las elecciones. Para el politólogo, la forma en que se fraguó todo el proceso en Managua es un ejemplo de cómo funcionó en todo el país. “Lo sometimos a un rigurosos análisis, es evidente que hubo fraude, a parte de las denuncias, el CSE escondió 644 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que pertenecían a un escenario de riesgo, donde el FSLN ha perdido históricamente con una diferencia mayor o igual al 10 %. Es evidente que el CSE, oculto los resultados donde el sector anti sandinista y liberal depositaba sus votos”, explicó Peraza.

Jose Antonio Peraza

En esos comicios fue declarado como ganador, el boxeador Alexis Argüello, aunque Eduardo Montealegre, quien corría en ese entonces también como candidato a alcalde por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), denunció que más de 20 mil votos fueron robados, sólo en Managua. En otros 40 municipios la victoria del FSLN fue declarada como fraude.

Las denuncias de irregularidades en el proceso electoral se presentaron tanto de organismos nacionales como internacionales, pero el gobierno hizo oídos sordos. A juicio de Peraza, en 2011, el fraude se dio de manera más metódica pues ya el 2008 había servido de ensayo. “En 2008 el fraude se hizo a través de los CED y los CEM, en 2011, se dio desde cada JRV”, indicó el experto

Reformas urgentes: el padrón

A juicio de Peraza, el sistema electoral en Nicaragua está muy por atrás del desarrollo que tienen otros países latinoamericanos, en donde las instituciones que revisan las elecciones se caracterizan por ser apartidarias y estar más centradas en brindar un servicio profesional y técnico. “En cualquier sociedad del mundo los partidos tienen alguna participación en el poder electoral, tienen algunas observaciones, pero aquí es total. Aquí no actúan bajo ningún parámetro, no fingen que son funcionarios profesionales, estamos ante un poder que no tiene credibilidad nacional e internacional, y los cambios recientes, es como un show, cambiar todo para que todo quede igual o peor”, expresó el politólogo.

El FSLN controla actualmente a la mayoría de los magistrados en el CSE. El poder electoral es presidido por el Magistrado sandinista, Roberto Rivas Reyes, un colaborador cercano de la pareja Ortega-Murillo. Rivas ha sido expuesto al escrutinio público, luego de que varias investigaciones periodísticas destaparan que posee lujosas propiedades tanto en Nicaragua como en Costa Rica, además de tres aviones valorados en 2.3 millones de dólares.

Para Peraza, el CSE debe ser renovado a nivel técnico, pues las JRV deberían estar georeferenciadas a través de GPS, una modalidad que ya se ocupa en la mayoría de países. Asimismo, Peraza explicó que se debe reformar la ley electoral para reducir la cantidad de magistrados.

En el caso el padrón electoral, la lista donde se encuentran las personas registradas para votar, el politólogo considera que es necesario que se depure, aunque no le parece la necesidad más apremiante. Según Peraza, actualmente se habla de 800 mil personas fallecidas que forman parte del padrón. Según denuncias, estas identidades han sido utilizadas por el FSLN para que sus partidarios puedan votar más de una vez.

“Es necesario actualizar tanto la ley como el padrón, pero antes hubo elecciones con la misma ley y el mismo padrón. Ese no es el tema, el tema es que no podes tener un poder electoral que sea totalmente mono partidario y que controle todos los elementos, que tenga una discrecionalidad total para crear resoluciones”, declaró el experto.

Según Peraza, los factores principales que han dañado el funcionamiento interno y el comportamiento ético del poder electoral son cuatro: En principio, la forma de financiamiento de los partidos políticos, pues hay partidos que gastan mucho más de lo que reciben como financiamiento estatal y la ley no estipula maneras de controlarlos de manera eficiente. En segundo lugar, el control bipartidista de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y los Consejos Electorales Municipales (CEM). También el cambio en la manera en que se calculan los resultados de las votaciones, y por último la imposición de que todos los partidos políticos deben participar en todas las elecciones, lo que mina la posibilidad de liderazgos locales y suscripción popular.

El libro “El régimen de Ortega” se presentará este tres de octubre a las 6: 30 PM en Hispamer. El texto es coordinado por el economista y excandidato a la presidencia Edmundo Jarquín.