17 de septiembre 2016
AA
El abogado Johnny Benard, contratado por una “persona importante” para conocer sobre la demanda por casi 2.1 millones de dólares, así como la orden de captura y retención migratoria en contra del ingeniero Enrique Pereira y el resto de la junta directiva de la constructora Consovipe, considera que esta querella legal que ya dura 16 años tendrá una solución extrajudicial.
Confidencial publicó la semana pasada que Pereira salió del país hace un par de meses, luego de perder la demanda que le interpuso el ingeniero Roberto Urroz, codueño de la Compañía de Ingenieros Especializados S.A. (Ciesa), reclamando una deuda de 1999, cuando se construía la central eléctrica Cemsa-Amfels en las cercanías de puerto Sandino.
“Enrique Pereira tiene la verdad jurídica, pero lo han extorsionado, utilizando el poder judicial”, alega Benard, y señala que “los dados estuvieron cargados” en varios momentos del extenso proceso judicial. El abogado, socio del bufete Benard Castro & Asociados, no fue parte del proceso judicial, pero ahora conoce del caso “por encargo de una ‘persona importante’ que quiere que se haga justicia en este caso”.
Benard omite revelar la identidad de esa ‘persona importante’, en un caso en el que las partes -así como empresarios de la construcción que no son parte del juicio pero conocen a ambos contendientes- aseguran que hay “tráfico de influencias” de uno y otro lado, señalando a importantes figuras de la corte suprema así como a políticos activos y retirados, como potenciales ‘padrinos’.
Después de estudiar miles de folios contenidos en decenas de expedientes, Benard reconoce que el laudo arbitral no puede deshacerse, pero también dice estar convencido de que el caso “está fuera de la esfera judicial”, y tendrá que resolverse a través de un acuerdo “equitativo, justo y extrajudicial”.
¨Error de redacción¨
Benard cita de manera muy tangencial uno de los argumentos de la parte demandada, cuyos personeros aseguraron en algún momento del proceso que Ciesa no concluyó la obra en los términos acordados.
Independientemente de la veracidad de ese argumento, el abogado dice que el primer error fue permitir que se constituyera el tribunal arbitral del que habla la cláusula 10.1 del subcontrato entre el Consorcio y Ciesa, la que definía que los diferendos entre las partes se resolverían a través del arbitraje.
El problema es que la cláusula 10.1 señala que ese mecanismo estará vigente para resolver las diferencias entre Caterpillar International Power Systems (CIPS) y el Consorcio Santos-CMI-Hogares Sovipe (CCC), lo que excluiría a Ciesa de la ecuación.
Benard admite que el contrato debió nombrar a CCC y Ciesa, pero no lo hace. “Fue un error escribirlo así, pero así es como está”, señaló.
El abogado también cuestiona la decisión del demandado Enrique Pereira, cuando optó por no nombrar a su propio árbitro, como lo establece la Ley, porque de haberlo hecho, este habría podido mostrar que no había base para respaldarse en la cláusula 10.1 y se habrían evitado lo que él denomina “abusos en el arbitraje”.
Tres veces más
Una de esas decisiones arbitrales a las que considera ‘abusos’, es la que calcula que el total de la deuda es de 713,720 dólares, y que a esa suma se le debe anexar otra de 1,380,870 dólares en concepto de ‘indemnización por daños’. “¡Es casi el doble! ¿De dónde sacaron la fórmula matemática que usaron para calcular daños y perjuicios por esa cantidad, cuando la Ley misma establece que no puede superar el 25% de la deuda?”, cuestionó.
Se refiere al Artículo 2002 del Código Civil (aunque tenga más de un siglo de vigencia), según el cual “en los casos en que es posible el reclamo principal y de la pena conjuntamente, la pena no puede exceder de la cuarta parte de aquel” (o sea, del reclamo principal).
“Esto no hubiera sucedido si el Consorcio se hubiera defendido. Igualmente, el laudo arbitral -que equivale a una sentencia- quedó firme cuando el Consorcio no apeló”, insistió.
Benard se refiere también a la decisión de cobrarle a Consovipe, cuando esta empresa es una persona jurídica diferente de la del Consorcio Santos -CMI-Hogares Sovipe, señalando que la parte demandante se fue en contra de Consovipe, que es una persona diferente del Consorcio… aunque en ese momento fuera parte del Consorcio.
Como gustan recordar los abogados en estas circunstancias, “la pena no trasciende a la persona (natural o jurídica) del condenado”.
Situaciones como las descritas, amén de otras supuestas fallas y decisiones de los jueces y abogados que formaron parte del proceso, habrían sido las que llevaron a Pereira a tomar la decisión de salir del país. “Todas esas ilegalidades sirvieron para extorsionar a Enrique Pereira y obligarlo a pagar”, aseguró.
“Pereira se siente impotente porque ve cómo el poder judicial fue instrumentalizado en contra suya y de su familia, que fueron acusados de estafa por ser miembros de la junta directiva de la empresa, pese a que no viven en el país. Pereira se fue porque uno se defiende mejor estando en libertad, que estando preso”, sentenció el abogado.
