8 de noviembre 2018
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Francis Valdivia se enfureció. A medida que leía e interpretaba el documento que contenía “la Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” propuesta por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la indignación se le acumulaba en el pecho. “Aquí nada se reconcilia sin verdad y justicia”, pensó esta mujer, hermana de Franco Valdivia, uno de los universitarios asesinados por un francotirador en la ciudad de Estelí el pasado 20 de abril.
La nueva política pública promovida por la vicepresidenta Rosario Murillo es la base para la aprobación de una ley que impondría por decreto “reconciliación” en una Nicaragua trastocada por la violencia desatada por el régimen de El Carmen, en medio de un clima de total impunidad y falta de voluntad política para esclarecer los crímenes de la masacre.
“Como familiares nos sentimos indignados, con rabia, porque en este país nadie se reconcilia sin antes conocer la verdad”, reclamó Francis Valdivia, quien forma parte de las Madres de Abril, un organización que exige justicia por los asesinatos de más de 325 personas. “Tenemos una necesidad real de conocer la verdad; de conocer quiénes asesinaron a Franco y lo arrastraron por mas de una cuadra… No vamos a permitir borrón y cuenta nueva: ni perdón ni olvido”, agregó la hermana de Franco.
Los familiares de Orlando y Franco en la sede de la Fiscalía, en Managua, en mayo pasado. Wilfredo Miranda | Confidencial
El borrador de la denominada “Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” se conoció esta semana, luego que la vicepresidenta Murillo anunciara que estaban concluyendo “una gran consulta nacional” para enviarla al Parlamento y convertirla en ley.
“Esa gran consulta que estamos realizando para luego someterla a la consideración de la Asamblea Nacional y se convierta, Dios mediante, en Ley de la República. Todas esas prácticas que nos acercan, que nos unen, que nos reconcilian, que nos hacen vivir la fraternidad cristiana”, dijo Murillo. “Están los maestros, los trabajadores de la salud, las hermanas y hermanos comerciantes de los mercados. Todos trabajando para compenetrarnos de esa política de reconciliación que promueve la cultura de paz en nuestro país y Dios mediante pronto sea Ley de la República para que la apliquemos con la mejor voluntad y la mejor actitud”, enumeró la vicepresidenta.
Sin embargo, los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por policías y paramilitares no han sido consultados respecto a esta pretendida política pública. “Por su puesto que no hemos sido consultados y no vamos a permitir una imposición de reconciliación por mas parapetos de ley que aprueben”, advirtió Francis Valdivia.
"El Estado tiene las manos lenas de sangre", se lee en un cartel durante un plantón de las Madres de Abril, en Nicaragua. Franklin Villavicencio | Confidencial
La política pública es justificada bajo la retórica típica de la vicepresidenta Murillo: los valores de la familia, la paz y la reconciliación. La primera dama propone la creación de medidas preventivas contra la “cultura de la violencia en los hogares y comunidades en todo el país”, en alusión indirecta a la rebelión cívica que la dictadura considera “un intento de golpe de Estado”, desconociendo totalmente la masacre que causó la represión ordenada desde El Carmen. El régimen planea que la política se promueva en familias, colegios, iglesias, y medios de comunicación.
Policía dirigirá “reencuentro”
En las acciones que la “política de reconciliación” plantea para ejecutarse sobresale, en el punto “J”, el “Trabajo Comunitario de Seguridad Ciudadana”. Es la parte del documento que más ha alarmado a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales: Propone que la Policía —señalada de perpetrar crímenes y hasta ejecuciones extrajudiciales— encabece “reencuentros” entre las familias.
“Impulsado por la Policía Nacional en los diferentes Territorios, ofrece espacios y oportunidades para el Diálogo y el reencuentro de las Personas, Familias y Comunidades en función de la Cultura de Paz”, enuncia la “política de reconciliación”. Utilizar para ello el Método de Trabajo Comunitario impulsado desde el Programa de Seguridad Ciudadana realizado por la Policía para trabajar Planes de Seguridad Comunitaria y Procesos de Re-encuentro. A cargo de la Policía Nacional (Sic)”.
Tania Romero, madre de Matt Andrés Romero, asesinado por paramilitares en una marcha por la libertad de los presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional (AI), advirtió sobre la incongruencia de poner a la fuerza policial al mando de un proceso de “reconciliación” cuando han sido los mismos oficiales “los que han aterrorizado a la población” para persuadirlos y no protesten pacíficamente.
“Es un intento grave de institucionalizar el sistema policial que comete graves violaciones a los derechos humanos. Es una ideología de imponer control social con fuerza letal”, dijo Guevara Rosas a Confidencial vía telefónica.
En su más reciente informe sobre Nicaragua, Amnistía Internacional atribuyó a la Policía ejecuciones extra judiciales. Es decir que no solo los paramilitares sandinista lo hicieron.
La socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, opinó que la Policía es el “actor menos indicado” para jugar un papel como el que propone esta “política de reconciliación”. Cuadra sostuvo que el régimen apuesta a involucrar a la fuerza policial para “intentar devolverle la autoridad que perdió”.
“A esta altura, la autoridad y respecto no son recuperables para la Policía. Tienen una imagen cuestionada entre la población. El daño que se causaron es enorme y es muy pequeño lo que puedan recomponer”, dijo Cuadra.
¿Amnistía para crímenes policiales?
Carlos Tünnermann Bernheim, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que el hecho de involucrar a la Policía en esta ecuación pretende “con el ropaje de reconciliación perdón y olvido… amnistía, amnesia de todo lo que hicieron”.
“Poner a los agentes como encargados de reconciliar puede esconder la intención de conseguir una amnistía para los crímenes y ejecuciones extrajudiciales cometidas”, alertó Tünnerman. En ese mismo sentido, la directora de las Américas de AI, sostuvo que esta “política de la reconciliación” puede traducirse en una ley “de encubrimiento” de graves violaciones a los derechos humanos, para que no hayan investigaciones sobre los crímenes, torturas, detenciones ilegales, por ejemplo.
Familiares de Jimmy Parajón, asesinado cuando apoyaba a los estudiantes de la Upoli. Franklin Villavicencio | Confidencial
“Es preocupante. Es una retórica no solo ofensiva para las víctimas sino que pareciera encubrimiento”, afirmó Guevara Rosas. La directora de las Américas de AI dijo que en Latinoamérica hay pocos ejemplos similares a lo que propone la dictadura Ortega-Murillo con su “política de reconciliación”. Guevara Rosas —al igual que la sociologa Cuadra y el doctor Tünnemann— sostuvieron que no puede existir reconciliación sin justicia de previo.
“Hay pocos antecedentes en la región, con las dictaduras militares, la guerra en Centroamérica, incluida Nicaragua en los ochenta. La falta justicia produce más impunidad. Miremos el proceso de paz en Colombia y el desarme de los paramilitares en ese mismo país: los responsables de violaciones a los derechos humanos no han pasado por la justicia y por eso hay conflictos, impunidad… lo que no pasa por la justicia no es sostenible”, comparó, salvando las diferencias, Guevara Rosas.
No puede haber reconciliación sin acuerdos previos
El doctor Tünnermann aseguró que resulta “fundamental” para lograr una reconciliación verdadera que existan acuerdos políticos previos. Cuando terminó la guerra en los ochenta vinieron los Acuerdos de Esquipulas 1 y 2. En ese entonces, el mismo Daniel Ortega acordó adelantar alecciones para febrero de 1990. También se desarmó la guerrilla de la Contra. “Solo así se podía lograr los acuerdos para una paz duradera”, reseñó el exembajaodor de Nicaragua en Washington.
“Ahora lo que existe es una campaña de reconciliación sin acuerdos previos en medio de una represión que deja centenares de muertos y 553 presos políticos”, aseveró Tünnermann, en referencia a que la actual dictadura se retiró del diálogo nacional mediado por los obispos de la iglesia católica, y ha descartado volver a él, así como el hecho de anticipar comicios generales.
“El poder ha sido emplazado por una rebelión cívica y proponen reconciliación sin que la crisis haya superada a través del diálogo político… ese paso vendría después de volver a la mesa de diálogo, reanudando las comisiones mediadas por los monseñores católicos”, agregó.
Sin embargo, Tünnermann subrayó que acuerdos políticos para superar la crisis tampoco significa amnistía e impunidad, “la madre de todas las desgracias”. según él, los crímenes no pueden quedar impunes porque la “conciencia nacional no aceptaría eso jamás”.
“Esta reconciliación que propone Daniel Ortega y Rosario Murillo es irrazonable, inmoral, quieren legitimar lo ilegitimo, que el opresor sea el moderador, que nos reconciliemos con el abusador”, reclamó Francis Valdivia, la hermana de Franco. “No vamos a aceptar impunidad, cueste lo que cueste, después que los jóvenes bañaron de dignidad a Nicaragua. Justicia para Franco y todos los caídos. Necesitamos que el gobierno reconozca sus errores, haber mandado a matar”, emplazó la familiar.
